En su análisis la agencia señala que estos cuidados se prestaban anteriormente de manera informal y gratuita por familiares u organizaciones de beneficencia o voluntarios, pero la incorporación de un mayor número de mujeres al mercado laboral, la mayor expectativa de vida y la mayor complejidad de las discapacidades han llevado a un incremento de la provisión formal de cuidados por el sector público y privado.
«A pesar de que su gasto en estos servicios en porcentaje de PIB está por debajo o en la media de la UE, su alto nivel de responsabilidad fiscal y limitada flexibilidad fiscal supone que los gobiernos regionales y locales del Reino Unido y España están más expuestos a presiones de crédito», señala la calificadora de riesgos.
En contraste, los países nórdicos, que también se encuentran expuestos a estas presiones de crédito por su elevado porcentaje de PIB dedicado a financiar la atención a las personas mayores, pueden compensarlo en el corto plazo por su mayor flexibilidad fiscal, apunta Moody’s.