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Hoy en día, cualquier persona puede escanear facturas o documentos en formato electrónico, aunque de poco sirve si no tienen validez legal ante cualquier organismo oficial. Por este motivo, vamos a explicar cuál es la principal diferencia entre la digitalización convencional y la certificada, y su importancia si la relacionamos con la ley contra el fraude fiscal.
El 10 de julio del 2021, el Gobierno de España publicó el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. El nuevo marco legal modifica la Ley General Tributaria, que afecta principalmente a los procesos de gestión interna y programas informáticos de fabricación y contabilidad.
De esta forma, se tiene un mayor control sobre las criptomonedas y los pagos que se realizan en efectivo. En este aspecto, la Agencia Tributaria ha homologado un software, que reúne los requisitos que garantizan la legalidad de este registro digital.
En qué consiste la digitalización certificada
La Ley Antifraude obliga a las empresas a contar con un software de facturación que emita facturas verificables a la Agencia Tributaria. Uno de los grandes problemas es que, si no se cumple con la normativa, Hacienda puede interponer sanciones o multas que van desde los 50 000 a 150 000 euros, si se presenta alguna anomalía en los ejercicios fiscales.
Una de las principales características de este software es que permite tener toda la contabilidad al día para evitar evadir impuestos. Por eso, es conveniente contar con soluciones eficaces, como Cegid, que han demostrado ser un sistema de verificación de factura electrónica, que cubre todas las necesidades empresariales. Esta opción sirve para almacenar la información y conservarla para exportar los datos contables.
La obligatoriedad de la facturación electrónica en la ley Crece y Crea
Otro aspecto a tratar en este tipo de facturación es la ley 14 2013 de apoyo a los emprendedores, aprobada en septiembre del 2022 por el Congreso de los Diputados. Esta normativa fomenta la creación de nuevas empresas y favorece el impulso empresarial, de forma que se reduce la burocracia y aumenta el dinamismo. Asimismo, la lucha contra la morosidad es otro de los aspectos que contempla la obligatoriedad de la introducción de la factura electrónica entre los profesionales.
Con la aprobación de esta ley, los negocios están obligados a facturar a los autónomos u otras empresas por la prestación de sus servicios. Esto no es ninguna novedad, porque ya se hacía desde el año 2015, sin embargo, la factura electrónica se implanta de forma progresiva y en diferentes plazos, en función del volumen de facturación.
En el caso de que la empresa facture 8 millones de euros al año, el plazo es de un año desde que se aprueba el reglamento técnico. Para el resto de las empresas, cuya facturación sea superior a este importe, el período de tiempo se amplía a dos años desde la aprobación de esta normativa.
En conclusión, estos son algunos de los aspectos legales de mayor importancia para la digitalización de las facturas. Por este motivo, conocer y profundizar sobre las novedades jurídicas puede evitar más de un disgusto. En caso de dudas, lo mejor es consultar la lista de programas informáticos homologados por el Gobierno. En este aspecto, Cegid aparece como una de las soluciones digitales más competitivas y favorece la gestión integral del negocio.