La nueva reforma fiscal que prepara el Gobierno se suma a las que con una profusión extraordinaria se vienen produciendo desde que el PSOE dejó el poder por primera vez en la década de los noventa del siglo pasado. Desde entonces, los sucesivos Ejecutivos han introducido novedades constantes en la fiscalidad que por momentos han provocado una enorme confusión e incluso inseguridad jurídica.
Ningún impuesto ha sufrido más modificaciones que el IRPF. El cambio más relevante se produjo en 1999, cuando se adaptó el impuesto a los cambios que se estaban produciendo en gran parte de los países de nuestro entorno. Se redujeron los tipos marginales –el máximo bajó el 56% al 48%-, se limitaron los tramos de ocho a seis –en 1997 alcanzaban los 18- y se eliminaron muchas deducciones de la cuota al mismo tiempo porque quedaban incluidas en el mínimo exento.
Una situación está última que podría reproducirse en la reforma que prepara el grupo de trabajo liderado por Manuel Lagares. Pero aquellos eran otros tiempos, con un crecimiento económico sólido que permitió compensar el descenso recaudatorio. La nueva reforma que entró en vigor en 2003 continuó en la misma senda, con una rebaja del marginal máximo hasta el 45% y la reducción de un nuevo tramo, hasta cinco.
En 1995, las reformas impositivas impactaron de lleno en el Impuesto de Sociedades, cada vez más generoso con las grandes corporaciones y con el objetivo de estimular las inversiones. La tasa que hoy el Gobierno valora rebajar de forma progresiva hasta un 20% -actualmente se sitúa en el 30% para las grandes empresas y entre el 20% y el 25% para las pymes según el tamaño- se situaba entonces en el 35%, pero el tratamiento especial de las actividades de I+D o las exportaciones así como la tributación de los beneficios reinvertido podían reducir la carga fiscal hasta veinte puntos porcentuales.
Hay muchas más reformas relevantes, como la que en el año 2000 fomentó el mercado inmobiliario con la exención en el impuesto de patrimonio de la vivienda habitual hasta un importe máximo de 150.000 euros. Y en la misma línea, en 1996 el PP introdujo una reducción del 95% en el impuesto sobre sucesiones y donaciones por la transmisión del patrimonio empresarial y la vivienda habitual.
Luego, el estallido de la crisis en 2007 provocó nuevos cambios sustanciales. En junio de 2009, PSOE subió el IVA y eliminó la deducción de 400 euros en el IRPF, entre otras medidas. Y tras su llegada al poder en 2011, el Gobierno anunció la subida del IRPF durante dos años –luego ampliado- entre otras medidas muy duras dentro del mayor programa de ajuste de gasto de la historia de España.
Tantos cambios en tan pocos años han provocado un extraordinario barullo en el marco impositivo. Desde que llego al poder, Mariano Rajoy ha aprobado casi medio centenar de subidas de impuestos de todo tipo y en todos los ámbitos. Con la recaudación bajo mínimos y concentrada en casi un 80% en las rentas inferiores a 33.000 euros al año, la reforma fiscal que viene con la promesa de una rebaja de impuestos llegará cargada de letra pequeña. Más madera para la cada vez más intrincada selva en que se ha convertido el sistema fiscal español.