Si a día de hoy atendemos a la comparativa de lo que pagan los contribuyentes por IRPF en las distintas CCAA, obsevamos que junto a Cataluña -que tiene el marginal más alto del 56%, suben cada vez más puestos en esta clasificación Extremadura – a falta de que el Parlamento extremeño apruebe la rebaja de impuestos anunciada este lunes por José Antonio Monago- seguida de Andalucía y Asturias respecto a la imposición de rentas medias y altas. Las mayores difencias se aprecian entre Madrid, la que menos grava, y Cataluña, Andalucía y Asturias, que son las que más castigan al contribuyente.
Madrid se mantiene firme como la CCAA con menor gravamen sobre la renta, dado que ha disminuido en 1,6 puntos los impuestos en 2014. De acuerdo con el Consejo de Economistas, la Comunidad de Madrid presenta el marco fiscal más estable y favorable a la inversión, frente al vaivén continuo de autonomías como Cataluña.
Así las cosas, para una renta de 45.000 euros anuales -a falta de oficializar los planes de Monago en Extremadura- el pago del IRPF es de 10.337, 61 euros en Galicia. Por su parte, Murcia, Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Castilla La Mancha y Castilla León desembolsan 10.337,57 euros; mientras que en Madrid se abonan 10.090 euros.
Superado el umbral de 100.000 euros en ingresos, quien mayor coste asume en el pago de la renta es Andalucía con 40.813 euros, seguida deAsturias con 40.632 euros, una ‘pareja autonómica’ que repite posición en la tabla en cuanto a rentas superiores a los 300.000 y 600.000 euros, con un pago de 3111.263 y 311.011 euros respectivamente.
Madrid con tipos del 23,95%-51,5% y La Rioja con 24,35%-51,9% lideran las tarifas más bajas. Por el contrario, la tasa más elevada la encontramos en Andalucía, Asturias y Cataluña con tipos del 24,75%-56%, Canarias24,75%-53,08%; Murcia 24,75%-55%, y Comunidad Valenciana24,75%-54%.
Tal y como aseguran algunos expertos, la brecha fiscal es un síntoma inequívoco del cansancio de un sistema que se sostiene sobre unaurdimbre de deducciones y una telaraña de normas farragosasmodificadas constantemente que en múltiples ocasiones se solapan con las del propio Estado.
Este lunes, José Antonio Monago ha presentado una ambiciosa reforma fiscal -que entrará en vigor en 2015 y que afectará a todos los impuestos sobre los que la Comunidad Autónoma tiene competencias – para hacer de Extremadura, de acuerdo con sus propias palabras, «la región con los impuestos más bajos de España«. «No es una simple bajada de impuestos» se ha jactado Monago. Y a juzgar por la onda expansiva que va a producir su plan en el resto de la España autonómica, el presidente extremeño tiene razón: Extremadura reducirá el IRPF en 81,3 millones de euros, con un descenso medio de un 15 por ciento, que permitirá devolver a más del 90 por ciento de los extremeños 292 euros de media.
No es la primera vez que Monago anuncia una bajada de impuestos. Y no es la primera vez que ésta levanta ampollas en las autonomías nacionalistas, especialmente en Catalunya.
Ya en julio de este mismo año, el entonces consejero de Empresa de la Generalitat catalana, Felip Puig, se lamentó públicamente de que Extremadura bajara impuestos «a costa de los catalanes». «De cada cinco euros que salen de Catalunya, dos no no vuelven nunca», apostillaba el portavoz del Govern hace apenas dos meses.
Sabedores de las protestas que se avecinan desde el Palau de la Generalitat, la portavoz del PP extremeño, Francisca Rosa, se ha apresurado a declarar que José Antonio Monago, prefiere aprovechar el saneamiento de las cuentas para bajar impuestos -y que el dinero «esté en el bolsillo» de los extremeños- en lugar de «montar circuitos de Formula 1 o infraestructuras independentistas», en lo que parece un inequívoco mensaje a las dos generalidades autonómicas en Valencia y Catalunya.
Este viernes el propio Monago afirmaba en el acto de presentación del candidato popular a la alcaldía de Moraleja (Cáceres) que «si la pregunta es más perras para Catalunya yo ya digo que no. Porque a mí no me van a quitar ni un céntimo de euro para dárselo a cuatro que están montando letritas en las avenidas». El presidente de Extremadura no se mordió la lengua al asegurar que si Catalunya tiene un problema de financiación tienen una solución: irse a Andorra y reintegrar el dinero.
Éste es un argumento recurrente del nacionalismo que hace del victimismo un concepto propio de su ideario político, pero más allá de las intepretaciones políticas más o menos torticeras de unos y otros ¿son lógicas las quejas de Catalunya? ¿existe un agravio comparativo entre las autonomías que requieren de la denominada solidaridad fiscal y aquellas que más contribuyen al desarrollo ajeno? ¿Tiene razón la Generalitat?
María Blanco, profesora de Economía de la Universidad San Pablo-CEU, cree que Catalunya dispone de «parte de la verdad» en este espinoso asunto. «Es cierto que unas CCAA aportan más que otras», resume. La economista considera que al no disponer las comunidades autónomas de la competencia fiscal un ciudadano de una autonomía -no necesariamente Catalunya- puede sentirse agraviado «en aras de la denominada solidaridad fiscal».
Blanco establece un curioso paralelismo entre la protesta constante que reina entre las CCAA y el silencio absoluto que se produce en el conjunto del Estado cuando España ha sido -y sigue siendo- uno de los principales beneficiarios de la solidaridad de la Unión Europea. «Se aprecia un tono agresivo entre comunidades autónomas de un mismo país, donde curiosamente no he oído nunca a nadie quejarse de que los impuestos de los alemanes financien el desarrollo de nuestras regiones«, ilustra Blanco.
Sin embargo, concediendo aún la razón a las quejas de Catalunya respecto a Extremadura, María Blanco se muestra en profundo desacuerdo respecto al tono utilizado. «Los nacionalistas tiran a matar«, apostilla, y recuerda las declaraciones de Josep Antoni Duran i Lleida cuando aseguró que los andaluces recibían el subsidio agrario «para ir al bar del pueblo». Podría resumirse que la Generalitat tiene más razón en el fondo que en las formas, donde la interpretación política de la economía «apolítica» muchas veces se traduce en «falacia«, resume la profesora de la Universidad San Pablo CEU.
«En realidad es muy complicado saber cuánto aporta y cuánto recibe un ciudadano, el dinero no está marcado, y no sabemos si éste se invierte con criterio o se despilfarra sin remedio», asegura. Desconocemos por tanto cuánto se destina a mejorar las infraestructuras, cuánto se pierde en el laberinto de la corrupción y cuánto se invierte en panoplias propias de un nuevo estado independiente.
Sobre el anuncio de Monago, Blanco asegura que éste debe entenderse dentro de un amplio periodo pre-electoral. «En estas épocas todos prometen unicornios de colores», asegura la economista que afirma «haber escuchado a políticos socialistas en Madrid asegurar en privado que ellos también anunciarán una bajada de impuestos». «Al votante pagar menos le encanta» dice María Blanco. «No dudo que el equipo económico de Monago se haya encerrado en un despacho hasta cuadrar los número, pero la realidad es que si caen los ingresos y no se reducen los gastos, no acabo de fiarme del plan del gobierno extremeño», reflexiona.
Soluciones para el desequilibrio autonómico
María Blanco ofrece su particular receta para resolver el agravio comparativo entre autonomías que la economista, reconoce, existe. Su solución pasa por la concesión de la competencia fiscal a las autonomías, «dado que hoy las CCAA son independientes para gastar pero no para ingresar». En definitiva, se ha pasado del café para todos al rígido cumplimiento de los objetivos de déficit de Montoro.
«Debemos fomentar la independencia fiscal de las autonomías«, asegura Blanco. «Que cada palo aguante su vela», apostilla. En opinión de la profesora de Economía de la Universidad San Pablo CEU una independencia fiscal completa fomentaría la responsabilidad de los denominados barones autonómicos sobre los ingresos y gastos de sus respectivas CCAA. «Frecuentemente se hace un uso político y partidista de la solidaridad fiscal» afirma.
Hoy pocos recuerdan que la ola soberanista de Catalunya que amenaza con sacudir España tuvo su embrión en el cacareado pacto fiscal que reclamó insistentemente el presidente de la Generalitat Artur Mas