Hasta ahora los funcionarios podían elegir prolongar su vida laboral hasta los 70 años si se lo autorizaban instancias superiores. Catedráticos, investigadores y médicos, en muchos casos, optaban por seguir en activo. Ante la imposibilidad de despedir funcionarios, el Gobierno quiere ir reduciendo personal obligando a que se jubilem todos a los 65 años.
Según publica el diario Expansión el Ejecutivo en el nuevo paquete de medidas aprobadas el viernes ha introducido esta normativa, y afecta tanto a la Administración Central, las Comunidades autónomas y los Ayuntamientos. Lo recoge el artículo 11 del Real Decreto, que trata de la Jubilación forzosa del personal funcionario incluído en el Régimen General de la Seguridad Social. Sin embargo, la nueva norma podría ser recurrida en el Tribunal Constitucional ya que contradice el deber y el derecho al trabajo de la Carta Magna.