El Gobierno quiere rebajar a toda costa el extraordinario ruido mediático provocado por la gran estafa de las participaciones preferentes y la deuda subordinada. El objetivo número uno del ministro de Economía, Luis de Guindos, es que los inversores elijan de forma abrumadoramente mayoritaria la fórmula del arbitraje y descarten la vía judicial.
Para ello, el Ejecutivo bajará el listón exigido a los inversores para que sus reclamaciones sean admitidas, lo que permitiría que una parte muy sustancial de los casi 200.000 afectados de Bankia -el 60% del total de españoles »cazados» en estos productos con alrededor de 7.000 millones de euros- puedan acceder al arbitraje. En los casos en los que el engaño sea flagrante, el Gobierno introducirá un procedimiento rápido para resolver el conflicto en tiempo récord.
El propio de Guindos aseguró este jueves en el Congreso que los criterios para acceder al arbitraje serán bastante amplios y tendrán en cuenta a los afectados que tienen menor nivel de ingresos, a los de edad más avanzada, a los que desconocían la letra pequeña de estos productos financieros, a los que tienen grandes cargas familiares o los que tenían gran parte de sus ahorros invertidos en estos productos.
Es decir, prácticamente todo el universo de inversores que ya tenía posibilidades de ganar la batalla bien por la vía judicial o, en menor medida, a través de los procedimientos de arbitraje que ya habían puesto en marcha las entidades nacionalizadas, como Novagalicia y Catalunya Caixa, que hasta ahora han accedido a devolver el dinero a clientes que habían sido engañados de forma incuestionable.
La comisión de seguimiento de estos productos se reunirá el próximo miércoles para fijar los criterios por lo que se podrá acceder al arbitraje. Salvo sorpresa de última hora, la comisión que preside la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, pondrá sobre la mesa unos condiciones bastante laxas, lo que permitirá que muchos de los afectados de Novagalicia y CatalunyaCaixa cuyas reclamaciones no fueron admitidas en su momento por las entidades se sumen también al procedimiento de arbitraje. El objetivo es evitar agravios comparativos.
Dicho de otra forma, las condiciones que impondrá la comisión serían más flexibles que las que han aplicado las entidades nacionalizadas a la hora de aceptar los arbitrajes con los afectados. Por ejemplo, NovaGalicia sólo ha aceptado entablar el procedimiento de arbitraje con la cuarta parte de los casi 60.000 afectados que lo solicitaron.
¿Quiénes se quedarán fuera? La ofensiva del Gobierno para atraer inversores a la causa del arbitraje reducirá el espectro de afectados cuyas reclamaciones no se verían atendidas. Pero hay casos en los que los inversores tienen muy poco que ganar. Se trata de aquellos que cumplimentaron con el banco el test de idoneidad y el de conveniencia del producto concreto y que no pueden demostrar que desconocían lo que se les estaba vendiendo.
Es el caso de los empleados de banca que suscribieron estos productos o aquellos que son clientes de banca privada y tienen un historial amplio en inversiones de riesgo. En este caso, sus posibilidades de reclamación se reducen a cero.
La vía judicial
España y Bruselas pactaron en el acuerdo para rescatar el sector financiero que el reparto de la carga recaería, por este orden, en accionistas, preferentistas, titulares de deuda subordinada perpetua y de deuda con vencimiento.
Aunque si se demuestra que han sido estafados podrán recuperar la totalidad de su dinero, quienes acudan al arbitraje deberán aceptar previamente la quita de entre el 38% y el 61% que ha sido fijada por el Frob y pierden el derecho a acudir a los tribunales. La alternativa es recurrir a la vía judicial -más larga y costosa, que a toda costa quiere evitar el Gobierno-, como defienden algunos bufetes de abogados y, ayer en el Congreso, el propio grupo socialista.
A la espera de que arranque el arbitraje, los juzgados sigue dictando sentencia en el »affaire» de las preferentes. El 1 de abril se conoció que un juzado de Leganés (Madrid) ha condenado a Bankia a devolver íntegramente el dinero -100.000 euros- invertido por un cliente en preferentes. Sin conocimientos financieros, había invertido en este producto todos sus ahorros.