La directora de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), Ana Muñoz, denunció hoy «mala praxis» en la realización de los controles antes de la entrada en vigor de la nueva Ley, cuyos primeros resultados «han sido eficaces y apuntan maneras».
«La aplicación cotidiana de la Ley no respondía a su finalidad, no era correcta de acuerdo a la normativa internacional. No había dejación de la Agencia Estatal Antidopaje, que no tenía competencias para hacer los controles. No hablo de connivencia, hablo de mala praxis», dijo Muñoz, quien se refirió especialmente a la actuación de ciertos agentes de control y citó algunas irregularidades.
Durante su comparecencia en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso, Muñoz dijo que para corregir esto «sólo son necesarios mecanismos de educación y formación para los agentes, de no habilitación automática de todos ellos, sólo porque ya lo eran, e iniciar expedientes disciplinarios».
«Ocultar el pasado es hipotecar el futuro. Debemos conocerlo, no para encontrar carroña, sino para que los jóvenes tengan oportunidad de no verse manchados por una sospecha a veces infundada», apuntó Muñoz, que cree que «los resultados adversos no pueden dar el nivel de dopaje que existe en un país, ni en un deporte».
La directora de la AEPSAD apuntó también que «el número de controles no tiene por qué ser el que identifique la mejor política antidopaje» y cifró en 600.000? el coste de ahorro para las federaciones en materia de dopaje con la nueva ley, que otorga la competencia de realizar los análisis a la Agencia.
«España no hace 12.000 controles al año. Nunca los ha hecho. Este año cerraremos probablemente habiendo realizado 5.200. El 2012 se hicieron 5.681, en 2011 6.104 y en 2010 6.621, tanto en el laboratorio de Madrid como el de Barcelona», repasó.
Muñoz habló de un «objetivo común» contra el dopaje. «Ustedes son el ejemplo de que España ha adoptado las medidas necesarias para que su credibilidad sea cierta», agregó al referirse al respaldo logrado ante la nueva ley.
Por su parte, el portavoz socialista, Manuel Pezzi, recriminó a Muñoz, «haber provocado una voladura controlada de la lucha antidopaje en España» y la definió una «bombera pirómana», que avivó «un fuego que estaba ya muy encendido con la Operación Galgo, con la Operación Puerto, con el caso Contador».
Pezzi señaló que las declaraciones de Muñoz y «sus acusaciones a las federaciones, al anterior gobierno, a los responsables del CSD y a los deportistas» pusieron «en riesgo» la candidatura de Madrid 2020 y lamentó que toda la culpa de haber perdido «estruendosamente» los Juegos Olímpicos recaiga sobre el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco. «Esto no es serio», dijo.
La diputada popular Miriam Blasco deseó a Muñoz «toda la suerte del mundo, porque esa sería la suerte de todo el deporte español» y pidió una visión «realista» sobre la derrota de Madrid 2020.
«No nos han dejado de dar los Juegos por dos preguntas o tres, aunque sí sorprendió que las respuestas no se contestaran del modo en que se hicieron en Laussane. Algo ha fallado», analizó Blasco, que pidió seguir el ejemplo de Japón, «que nunca ha dado un caso».
Toni Cantó, portavoz de UPyD, lamentó «la excesiva prisa» que impidió que la nueva ley «llegara a un consenso adecuado», ya que «no hay una percepción desde fuera de que se ha terminado de hacer bien el trabajo», mientras Ricardo Sixto, portavoz de Izquierda Plural, se sorprendió por la reducción de controles.
«El efecto disuasorio solo será fiable si los análisis son masivos», afirmó antes de que Montserrat Surroca (Grupo Catalán), denunciara no haber sabido «vestir de credibilidad el proyecto olímpico» de Madrid 2020 en Buenos Aires.
«Me sorprende mucho que no se hayan preparado las cuestiones sobre dopaje cuando era uno de los temas que más preocupaban al COI para el buen fin de la candidatura», señaló.