Martes 06/06/2017.

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Los cuatro fiscales del Supremo avalaron la decisión de no actuar contra el presidente de Murcia

  • El fiscal general tuvo el aval de seis fiscales de alto rango, todos los que debían ser consultados en el caso
  • El PSOE pide su comparecencia urgente para que informe "de los criterios seguidos en la persecución de delitos de corrupción"

La decisión del Ministerio Fiscal de no investigar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en relación con la trama ‘Púnica’ no fue una decisión unilateral del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, sino que estuvo avalada por seis fiscales de alto rango. Sin embargo, esta postura unánime de la cúpula fiscal está sirviendo a la oposición política para denunciar que Maza se ha plegado a las supuestas órdenes del Gobierno.

Maza ordenó que no se procediera contra el presidente murciano siguiendo los protocolos que se cumplen en el resto de los casos y está avalado por la firma de cuatro fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y sendos informes técnicos firmados por dos fiscales de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado.

Anticorrupción decidió no acusar al Sánchez después de que, en virtud del artículo 25 del Estatuto Fiscal, pusiera en conocimiento de Maza "hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer".

¿Qué hechos de relevancia eran estos? La existencia de aforados en la pieza abierta en la Audiencia Nacional, en la que, además de al presidente murciano, se investiga también a la senadora del PP Pilar Barreiro. Maza actuó como han venido haciendo sus predecesores en casos similares y consultó su criterio sobre este caso tanto con la Secretaría General Técnica como con los fiscales de Sala del Supremo.

Todos ellos se posicionaron en contra de la elevación de una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para investigar la posible comisión de fraude, cohecho y revelación de información reservada por parte presidente autonómico en relación con contratos para mejorar su reputación 'on line', situándose así en contra de las posiciones del juez Eloy Velasco, que sí decidió abrir causa contra el presidente regional del PP.


Fiscales frente a fiscales

Los criterios adoptados por estos seis fiscales de Sala fueron los vertidos por la fiscal jefe Anticorrución en funciones Belén Suárez y remitida al Juzgado Central de Instrucción número 6. Estos criterios son contrarios a los que mantenían las fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, que sí veían motivos para imputar al presidente murciano.

Éstas, en el escrito relativo a la otra aforada, la senadora del PP Pilar Barreiro, a la que sí que acusan, señalan que Pedro Antonio Sánchez, entonces consejero de Educación, también se habría beneficiado de un "plan criminal" para mejorar su imagen. Según las fiscales, ese plan, de no haber sido "descubierto", habría supuesto un perjuicio a las arcas públicas, en concreto a las de la Consejería de Educación, de 2.100 euros mensuales en el caso de Barreiro y de 4.600 en el de Sánchez, siempre por trabajos "personales" o "particulares".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha tenido que recordar este jueves que el Ministerio Fiscal funciona de forma jerarquizada, de tal forma que ante criterios discordantes, se impone "lógicamente" el de los superiores: "Cada uno de los fiscales tiene autonomía pero al final tiene que haber una voz única".

En el informe presentado por Anticorrupción con el aval de la cúpula fiscal se argumenta que en el caso de Murcia no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas porque los contratos con la trama no llegaron a formalizarse, que dicha falta de ejecución supone la inexistencia de delito. Además los hechos se produjeron antes de la última reforma penal que sanciona la proposición y conspiración para cometer delitos contra la Administración Pública.

El PSOE ha registrado en el Congreso un escrito solicitando a la Mesa de la Cámara que tramite "por el procedimiento de urgencia" la comparecencia que se solicitó ayer del Fiscal General del Estado para "informar de los criterios seguidos por la fiscalía respecto a la persecución de delitos de corrupción en los que resulten implicados autoridades o cargos públicos".

El fiscal general ha asegurado este jueves que no tiene problema en comparecer en el Congreso dado que “mi decisión está avalada por informes técnicos de varios fiscales".

"Es insensato pensar que pueda haber presiones; en absoluto, mi decisión ha sido tomada analizando los criterios de la Secretaría Técnica y compartiéndolos, viendo que eran razonables, pero la iniciativa parte de ahí", ha insistido.


¿Por qué Sánchez no y Barreiro sí?

Distinta valoración le mereció a la Fiscalía la conducta de la otra aforada incluida por el juez Velasco en el auto por el que conforma la pieza relativa a las actividades de la trama en Murcia, la senadora y ex alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro.

Considera el informe de Anticorrupción que en este caso sí se debe elevar la investigación sobre la conducta de la senadora al Tribunal Supremo por considerarla indiciariamente constitutiva de delitos de falsedad, prevaricación y malversación de caudales públicos.

El informe de la Fiscalía incide en que la cuestión, en ambas solicitudes, gira en torno a la presunta prestación de servicios de publicidad personal encubierta realizada con el propósito de conseguir la adjudicación de contratos públicos de cobertura que pagarían los auténticos servicios particulares de buena reputación a los políticos con fondos públicos.

Más allá de la dificultad de deslindar los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política y personal de los cargos públicos, cuya línea divisoria es ciertamente tenue, la Fiscalía Anticorrución entiende que la participación de Pilar Barreiro en los hechos que se describen en la propuesta de Exposición Razonada aparece sustentada en diversos indicios que, sin adelantar su suficiencia probatoria, sí merecen ser investigados.


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