El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dicho hoy que será la Fiscalía del Tribunal Constitucional la que decida si se adhiere o no al recurso de amparo que presentará Baltasar Garzón contra la sentencia del Tribunal Supremo que lo condena a 11 años de inhabilitación.
Antes de asistir a la presentación de las memorias del exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, el fiscal general del Estado ha mostrado su «acatamiento y respeto absoluto» por la sentencia del Supremo, si bien ha lamentado que «no hayan sido acogidas» las tesis del Ministerio Fiscal, cuyo representante en el juicio pidió la absolución de Garzón.
«Esa es la grandeza del Estado de Derecho: la contradicción confrontación en términos de buena lid procesal, de equilibrio de armas», ha opinado Torres-Dulce, que ha señalado que «lógicamente» las partes intervinientes y los ciudadanos tienen derecho a la «critica respetuosa» a esa decisiones.
Torres-Dulce no ha desvelado si el Ministerio Público se adherirá al amparo que reclamará la defensa de Garzon, ya que «esa decisión le corresponderá en su momento a la fiscalía» del TC.
Y lo hará, ha añadido el fiscal general, una vez que examine la fundamentación del recurso sobre la vulneración de derechos fundamentales que se hayan podido producir «en el hiter procesal y en el propio contenido de motivación» de la sentencia.
«Mi criterio, desde que he iniciado mi andadura como fiscal general del Estado, es que todas las decisiones procesales le corresponden a los órganos de la fiscalía que están atendiendo a esa instancia procesal», ha subrayado Torres-Dulce.
Por ello, ha abogado por aguardar a que «ese hecho se produzca» y a que la Fiscalía del TC examine la viabilidad de ese amparo y su fundamentación, y ha insistido: «yo asumiré la posición que decida la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional».
Ignacio Gordillo, por su parte, ha asegurado que «es una desgracia para la carrera judicial perder un juez», aunque ha subrayado que todos los miembros de la judicatura conocen que no se puede intervenir las escuchas entre abogados y clientes, salvo en casos de terrorismo, por lo que ha considerado que «el fin no justifica los medios».