Jueves 09/11/2017.

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Santi Vila pide a la AN archivar la causa porque intentó "por todos los medios" evitar la DUI

Rechaza que haya delito de rebelión solo por dictar leyes o realizar movilizaciones pacíficas

El exconseller de Empresa de la Generalitat Santi Vila ha pedido a la Audiencia Nacional que archive la causa por rebelión, sedición y malversación pública contra él por la celebración del 1-O alegando que tras el referéndum intentó "por todos los medios" evitar la declaración de independencia.

Así lo expresa la defensa de Santi Vila en un recurso de apelación presentado ante la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Europa Press, contra la admisión a trámite de la querella de Fiscalía, en el que niega que se hayan producido delitos de rebelión y sedición porque en ningún caso hubo un alzamiento violento y que "episodios aislados de incidentes que cita la querella" no pueden considerarse como tal.

Al no tener la condición de diputado, prosigue el recurso, la intervención de Vila en los hechos investigados "se ha limitado a una única actuación relevante, a saber, su participación en la aprobación de la convocatoria de referéndum" por parte del Consell Executiu el 6 de septiembre.

En este sentido, el exconseller argumenta que convocar un referéndum ilegal ya no es delito y que votar en dicha convocatoria "nada tiene que ver con alzarse de modo público y violento".

"Con posterioridad a la celebración del referéndum del 1-O, todas las actuaciones del conseller Vila intentaron justo lo contrario de lo que exige la presente modalidad de rebelión, esto es, la declaración de independencia", argumenta.

Añade que, "por todos los medios posibles a su alcance, es público y notorio que el conseller --que dimitió antes de la proclamación de la independencia en el Parlament-- trató de mediar entre los dos gobiernos e intentó convencer al presidente --Carles Puigdemont-- a fin de que no se votara en el Parlament el 27-O".

Para el exconseller, dictar leyes o resoluciones de ninguna manera puede equipararse con la realización de un alzamiento público y violento exigido en el delito de rebelión, del mismo modo que tampoco supone un alzamiento público o violento "la realización de movilizaciones de protesta pacífica por parte de los ciudadanos, que sólo han pretendido expresar opiniones políticas".

En este sentido, añade la defensa que aunque hubiera habido casos de violencia, no consta que el exconseller o otros miembros del Govern organizara o instigara dichas actuaciones.

Critica que la querella de la Fiscalía pretenda "poco menos que hacer responsables a los consellers de cualquier acto de protesta --aun no violento-- acontecido en los últimos meses a lo largo y ancho de la geografía catalana" y argumentando sin pruebas que formaba parte de un plan organizado, añade.

En resumen, el exconseller defiende que en esta causa no existen los delitos de rebelión y sedición "ante la falta absoluta de violencia" y que, además, en su caso particular, no hay rebelión al haber desistido a proclamar la independencia.

Respecto al delito de malversación, argumenta que Vila no tenía encomendadas tareas vinculadas con el patrimonio presuntamente malversado y que, en cualquier caso, la única partida presupuestaria bajo sospecha que se cita en la querella "permanece intacta y bajo el control del Gobierno español".

FIANZA DE 6,2 MILLONES

En cuanto a la imposición de una fianza de 6,2 millones de euros a los miembros del Govern, por los gastos del referéndum, la defensa de Vila pregunta en el recurso: "¿Cómo es posible que se fije una fianza sobre la base de una partida presupuestaria supuestamente malversada, cuando el propio Ministro de Hacienda y la Interventora de la Generalitat certifican que dicha partida no se ha tocado?".

La defensa, ejercida por Pau Molins, ha presentado otro recurso de apelación contra el auto de prisión, la imposición de una fianza y otras medidas cautelares que dictó la magistrada del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional.

La juez Carmen Lamela impuso prisión provisional bajo fianza de 50.000 euros a Santi Vila, por lo que al no poder abonar antes la cantidad, pasó la noche privado de libertad, lo que ahora su abogado recurre porque no concurren, según él, riesgo de fuga, destrucción de pruebas y reincidencia.

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