La Guardia Civil lleva a cabo una macrorredada en 23 ayuntamientos de diversas provincias españolas, en una operación contra el amaño de contratos con la administración pública que deja más de 10 detenidos. Se han realizado 48 registros simultáneos entre ayuntamientos, entidades públicas y despachos profesionales.
Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Teinteresa.es, se investiga a estos ayuntamientos, algunos de los cuales están siendo registrados y otros han recibido un requerimiento oficial de información, por delitos contra la Administración Pública a través de contratos supuestamente fraudulentos realizados con las consultoras EFIAL y CGI.
La operación, que ha recibido el nombre de TERMYCA, incluye ayuntamientos en diversos puntos de España, principalmente de Cataluña, Madrid y Baleares, aunque también alcanza a consistorios de Castellón, Huelva, Guadalajara y Granada.
El dinero se desviaba a Andorra
Según fuentes de la Guardia Civil, la consultora Efial había creado «una figura instrumental y ficticia» de Entidades Públicas Empresariales Locales que no tenían «ninguna actividad específica». Esta consultora habría creado así un «entramado fraudulento» por el cual se desvíaban fondos públicos municipales de Ayuntamientos a la citada entidad pública y de ésta a una sociedad mercantil privada.
Gran parte de fondos asi obtenidos eran desviados a Andorra a través de «complejas operativas mercantiles». La investigación desvela que la empresa EFIAL fue adquirida por la mercantil CGI, creando un entramado similar a la primera que hizo que se extendiera fuera de Cataluña hacia el resto de Ayuntamientos investigados.
Los ayuntamientos investigados
Se están practicando simultáneamente 48 entradas y registros (4 de ellas en Andorra): 14 en domicilios, 7 en despachos profesionales, 12 en sociedades mercantiles, 7 en entidades públicas y 8 en los Ayuntamientos de Tortosa, Ascó, Vandellós y l’Ametlla de Mar (T), de Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra, Chinchón (M) y de Trillo (GU).
Los registros se han efectuado en siete entidades públicas empresariales locales, doce mercantiles, siete despachos profesionales y 14 domicilios particulares, así como en los Ayuntamientos de Tortosa, Ametlla de Mar, Ascó y Vandellós, en Tarragona, Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra (Madrid) y Trillo (Guadalajara), entre otros, informa EFE.
El dispositivo se lleva a cabo de forma simultánea en las cuatro provincias catalanas (Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona), así como en Castellón, Baleares, Huelva, Granada, Madrid y Guadalajara.
El centro de la trama en Cataluña
El amplio dispositivo policial, participan 342 guardias civiles, ha sido ordenado por el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) y coordinado por la Fiscalía Anticorrupción e incluye registros, entre otros ayuntamientos, en los de Tortosa, Ametlla de Mar, Vandellós y Ascó, en Tarragona, donde los agentes buscan contratos adjudicados a la consultora investigada.
La consultora investigada esta especializada en administración local y que trabaja con numerosos ayuntamientos gobernados por Convergència, según informa Europa Press.
El alcalde de Tortosa (Tarragona), Ferran Bel (CDC), se ha mostrado «absolutamente convencido» de que su Consistorio no ha cometido ninguna irregularidad relacionada con esta investigación.
Preguntado por su relación con la consultoría Efial, presuntamente relacionada con el caso, ha asegurado que el consistorio nunca ha tenido «un requerimiento ni demanda de información».
«Nunca ha trabajado para el Ayuntamiento de Tortosa, sí para una sociedad del Ayuntamiento que está auditada y reauditada», ha señalado Bel sobre esta empresa.
El alcalde ha planteado que «si de lo que se trata es de facilitar información, se puede facilitar sin este tipo de escenificación, por decirlo de una forma suave».