Concretamente, se pide que la Abogacía del Estado arbitre una fórmula para representar al juez español ante la demanda presentada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros que han planteado una demanda civil acusando a Llarena de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunción de inocencia.
El amparo del Consejo ante lo que el órgano de gobierno de los jueces considera «un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional», consistirá también en arbitrar las medidas relativas a la integridad económica del magistrado. Es decir, que el Estado asuma la condena –Puigdemont le reclama un euro de manera simbólica– y las costas que se deriven de una eventual condena.
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