Fue una acción que llevaron a cabo, según dicen, «como medida de protesta ante el desprecio continuo del que son objeto por parte de la Administración». El Consejo es el órgano de interlocución entre las asociaciones profesionales del Instituto Armado y la Administración.
Antes de prestar declaración, a las puertas de la propia Dirección General, los miembros de la Junta Directiva de la AUGC, con su secretario general, Alberto Moya, a la cabeza, han comparecido ante los medios de comunicación para denunciar «la persecución de que son objeto por defender los derechos de los trabajadores del Cuerpo». Los miembros de la AUGC han hecho esta protesta en uniforme.
A su juicio, la apertura de estos expedientes supone una «fraude de ley» que trata de «amedrentar a los legítimos representantes de los guardias civiles, elegidos democráticamente por estos». «Demuestra, una vez más, la falta de cultura democrática en la Guardia Civil», zanjan.
Tildan a este Gobierno como «el más represivo con los guardias civiles en el actual periodo democrático», cuya política «ha supuesto un severo retroceso de los derechos sociolaborales de los agentes. Una línea, por otra parte, en consonancia con el resto de medidas que ha aplicado para el conjunto de la sociedad».