En declaraciones a Europa Press, ha señalado que está claro que la primera parte del escrito se refiere a reuniones anteriores mantenidas entre la Autoridad Portuaria y Puertos del Estado sobre la forma de aplicar la amortización de la ampliación, mientras que en la segunda habla de estudiar la posibilidad de diferir esta y modificar los criterios contables aplicados a todas los puertos.
En este sentido, se habla de que entienden que han llegado a un acuerdo sobre la previsión de cierre de 2011, el presupuesto de 2012 y las previsiones 2013.2015, que se tramitaría en el PGE en el sentido de: «aplicar a la obra de ampliación las actuales instrucciones existentes en el manual de activos fijos para las autoridades portuarias en materia de amortizaciones de inmovilizado y otros aspectos contables, y no la interpretación que hace la Autoridad Portuaria de Gijón sobre la reciente resolución 267/11 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas .
A renglón seguido, se anuncia que se constituirá un grupo de trabajo para desarrollar la citada resolución, lo que dará lugar en su caso a una actualización del citado manual que deberá aplicarse con el consenso generalizado de todas las Autoridades Portuarias».
«Esta aplicación sería efectiva al cierre contable del año 2011 y a la consiguiente actualización del presupuesto del año 2012 y sucesivos», concluye el escrito. Es en esta última frase en la que se apoya Pérez para justificar su argumentación en este asunto, ya que, a su juicio, no tendría sentido que se hablara de crear grupos de trabajo si no se pretende modificar el manual de activos fijos.