El juicio se desarrolló en varias sesiones entre los días veintinueve de abril y diecisiete de mayo de 2002 a raíz de la denuncia que presentó contra el alcalde la ex concejala, que anunció su decisión de querellarse en marzo de 2001 por hechos ocurridos en 2000.
Nevenka Fernández denunció a su expareja, Ismael Ávarez, por acoso sexual cuando este era alcalde de Ponferrada por el PP en el año 2001.
«Quise cortar, pero él no me dejaba, quería verme a todas horas, tocarme. No lo soportaba y él insistía, me engañaba, decía que quería ser mi amigo, y me engañaba, solo quería estar conmigo. Me daba asco», denunció Nevenka.
«Mi negativa provocó su acoso. Su actitud de presión se tradujo en notas manuscritas, mensajes en el teléfono móvil, cartas, comentarios verbales que prefiero no reproducir literalmente, y un desprecio absoluto hacia mi trabajo y mi persona, mediante descalificaciones, actos y vejaciones que atentaron contra mi integridad física y psíquica», relató Nevenka en la rueda de prensa en la que anunció su dimisión un día después de haber presentado la denuncia.
En el transcurso de la vista oral celebrada en Burgos -sede del TSJCYL- la Fiscalía General del Estado relevó del caso al fiscal jefe del Tribunal, José Luis García Ancos, a raíz del interrogatorio efectuado en la vista a la denunciante. La sentencia, que según fuentes judiciales supone el primer fallo condenatorio que aplica este tipo delictivo establecido en el artículo 184 del Código Penal, incluye el voto particular de uno de los magistrados, quien considera que no hay suficientes pruebas de cargo para condenar al alcalde de Ponferrada. Entre las bases de la decisión judicial figura el testimonio de los facultativos que atendieron a Nevenka y los peritos que informaron durante la vista sobre su estado psicológico y psiquiátrico.
Dimisión inmediata
Tras hacerse público el fallo, Ismael Álvarez, al frente de la alcaldía desde hacía siete años, anunció la dimisión de todos los cargos públicos que ocupa -alcalde de Ponferrada y parlamentario regional- y aseguró que es «absolutamente inocente, aunque los jueces digan lo contrario».
Álvarez, que compareció con rostro triste y acompañado por doce de los quince concejales del equipo de gobierno del Partido Popular, se mostró «absolutamente convencido de que se trata de un linchamiento político». El alcalde de Ponferrada, quien pidió la suspensión de militancia del Partido Popular para no perjudicar a esta formación política tras la denuncia que presentó Fernández, adelantó que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y calificó su decisión de dimitir de los cargos públicos como «unilateral, personal y libre».
La madre de la denunciante, Francisca García, mostró su satisfacción y la de su hija por la condena del alcalde de Ponferrada y aseguró que «es lo que esperábamos, porque hemos defendido la verdad desde el principio». Sobre el alcance de la sentencia condenatoria, Francisca García matizó que «el dinero para nosotros es lo que menos representa, lo importante es la condena y que haya salido culpable». Desde el punto de vista político, los representantes de instituciones y grupos parlamentarios de las Cortes regionales que expresaron su opinión sobre la sentencia coincidieron en destacar su acatamiento de la decisión judicial en contra de Ismael Álvarez.
El entonces presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, insistió en que «siempre, en todo momento, hemos sido firmes reclamando, primero respeto al Estado de Derecho, a la administración independiente de Justicia y evidentemente también a los derechos constitucionales de los ciudadanos».