Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha concluido este domingo el II Congreso Nacional en el que Rosa Díez ha sido reelegida para liderar la formación cuatro años más.
Además de la nueva ejecutiva, la formación magenta ha afrontado en esta reunión plenaria una reforma de sus estatutos para impedir la corrupción de sus cargos públicos y organizativos, así como para evitar la “profesionalización” y la desconexión con la sociedad de los miembros de esta fuerza política.
Así, entre otras medidas, el partido también han reformado los estatutos para permitir que cualquier simpatizante pueda también votar en la elección del candidato de UPyD a la Presidencia del Gobierno y para elegir al cabeza de lista a las elecciones europeas.
Para ello, los simpatizantes deberán inscribirse en un registro un año antes y sin que exista ninguna restricción en cuanto al número de ciudadanos que pueden apuntarse para dar su parecer sobre quiénes deben ser los cabezas de lista del partido en los comicios generales y europeos.
Además, entre otras medidas, UPyD ha acordado elevar de 2 a 4 años el período de experiencia profesional que debe tener uno de sus miembros para ocupar un cargo público o ejecutivo. Este cambio fue explicado este sábado por Ramón Marcos, miembro del Consejo de Dirección de UPyD y diputado de este partido en la Asamblea de Madrid. Este parlamentario regional explicó que quieren evitar la «profesionalización» de su partido, en el sentido de que existan dirigentes que sólo hagan carrera dentro de la formación.
Los nuevos estatutos aprobados recogen también una serie de medidas de prevención y persecución de la corrupción entre las que destacan, por ejemplo, la «absoluta prohibición» de que sus cargos públicos, cargos orgánicos y empleados cobren sobresueldos, tengan cuentas o inversiones en paraísos fiscales o contraten a familiares y de recibir regalos, o la obligación de dimitir cuando un cargo público sea imputado.
Estas son algunas de las medidas que se incluirán en el Código de Buenas Prácticas y el programa de prevención de riesgos penales de los nuevos estatutos, que UPyD ha elaborado desde la convicción de que «es imposible regenerar la democracia si no se empieza por regenerar el funcionamiento interno de los partidos», en palabras de Andrés Herzog, encargado de dar a conocer estos acuerdos.
«No queremos implementar estos programas porque la ley lo exija sino por convicción», ha defendido, para añadir que las normas que regirán desde ahora a los miembros de UPyD pretenden ir más allá de las «obligaciones legales» ya que «dentro de la ley siempre hay zonas grises». «Hay un margen ahí que hace que al final se utilicen para defraudar. Estas medias buscan eliminar desde el origen cualquier tentación», ha apostillado.
Obligación de dimitir cuando se acuerde apertura de juicio oral
Según los nuevos estatutos, cualquier cargo público de UPyD que resulte imputado por un delito de corrupción o de especial gravedad deberá dimitir en cuanto se acuerde la apertura de juicio oral. «No supone que no pueda defenderse, pero desde fuera de las instituciones. Son medidas que proponemos para proteger las propias instituciones de la corrupción política», explicó Herzog.
Los miembros de UPyD que se encuentren en la citada situación procesal tampoco podrán desde ahora integrar una lista electoral. Asimismo, todos los cabezas de lista deberán presentar una declaración de bienes y actividades así como otra al finalizar su cargo.
El Código de Buenas Prácticas, que deberá terminar de ser elaborado por el nuevo Consejo de Dirección surgido del Congreso, incluirá, por ejemplo, la prohibición de pagar o recibir ningún tipo de sobresueldo o cantidad en dinero negro o de procedencia ilícita.
Tampoco estará permitido aceptar, tanto directa como indirectamente, cualquier tipo de obsequio, dádiva, compensación o invitación, «exceptuándose sólo aquellas invitaciones que por su naturaleza tengan carácter institucional y estén justificadas en razón del desempeño del cargo», no como, según Herzog, «ocurre habitualmente respecto a infinidad de eventos deportivos a los cuales van los políticos gratis».
Se perseguirá el «amiguismo»
«En UPyD tenemos cajones llenos de invitaciones para clubs de campo, para palcos del Bernabeu, que no aceptamos, pero tratamos ahora de dar una normativa para todos los cargos públicos en España», ha señalado, para añadir que con el nuevo Código también se perseguirá «el amiguismo». «Vamos a regular muy detalladamente los conflictos de intereses. Vamos a ser muy estrictos para nombramietos de cargos públicos», agregó.
Asimismo, Herzog destacó que UPyD será el primer partido político español en contar con un «completo» código de buenas practicas y con un programa de prevención de riesgos penales, algo «imprescindible» después de que la reforma del Código Penal llevada a cabo en diciembre del año pasado estableciera que los partidos y sindicatos pueden ser imputados.
Plan de prevención de delitos
Según el abogado, aunque en UPyD todavía no ha habido expulsiones por razones de índole delictivo, es recomendable contar con este tipo de medidas ya que «la corrupción es inevitable». «Somos un partido joven que estamos experimentando un crecimiento. Llegarán», ha lamentado, para añadir, no obstante, que «lo que diferencia unos partido de otros es la actitud que se toma».
En este sentido, Herzog explicó que su fuerza política va a contar con un «plan de prevención de delitos», que busca evitar que sus cargos públicos, cargos orgánicos y empleados incurran en conductas relacionadas con la corrupción.
Este dirigente de UPyD explicó que su formación aplicará o se anticipará a la normativa anticorrupción referida al conjunto de las fuerzas políticas españolas, todo ello con el fin de “erradicar” cualquier “tentación” entre sus miembros.
Con este fin, se va a incluir en sus estatutos la creación de una Oficina de Control de Buenas Prácticas, que será un órgano «independiente y profesional» formado por un licenciado en Derecho, un economista y un miembro elegido por el Consejo Político del partido.
Buzón de denuncias
Los nuevos estatutos también establecen la creación de un buzón de denuncias en el que cualquier ciudadano podrá denunciar posibles casos de corrupción. En los casos más graves, las denuncias podrán realizarse incluso de forma anónima para garantizar su plena efectividad.
El »buzón de denuncias» será un correo electrónico al que los propios afiliados del partido o cualquier ciudadano podrán remitir los indicios que tengan sobre presuntas actuaciones irregulares de algún compañero.
Reforma de la Constitución
Además de todas estas medidas de índole interna, la ponencia política que Unión, Progreso y Democracia (UPyD) aprobó este sábado en el marco de su II Congreso algunos puntos de su línea política.
Entre estas ideas clave quiere que España se convierta en un Estado federal en cuya Constitución no se hable de «nacionalidades y regiones», sino de «comunidades y ciudades autónomas».
En este documento se afirma que el «Estado de las autonomías» español es «el resultado de la improvisación permanente» y constituye un «modelo híbrido e indefinido de Estado descentralizado con rasgos federales, confederales e incluso centralistas (como el mantenimiento de las Diputaciones provinciales decimonónicas».
Por este motivo, el partido de Rosa Díez plantea reformar la Constitución para introducir el federalismo, ya que «bien desarrollado aporta una administración pública más eficiente y una descentralización del poder político acorde con los principios democráticos».
En este modelo federal, UPyD plantea que el Estado tenga competencias «exclusivas indelegables» como la defensa, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, mientras que las autonomías tendrían atribuciones con capacidad legislativa y otras delegadas, en las que las leyes las hace el poder central. Entre las delegadas con restricciones estaría la educación, mientras que las comunidades podrían hacer normas en cuestiones como la agricultura.
Al mismo tiempo, el partido de Rosa Díez quiere que, en el marco de la reforma constitucional necesaria para introducir plenamente el federalismo, se supriman los derechos forales del País Vasco y Navarra.
Regular la prostitución y la »muerte digna»
Además, entre otras cuestiones, UPyD considera que en España debería regularse la «muerte digna» y la posibilidad de llevar a cabo la prostitución «con plena seguridad jurídica».
En una enmienda negociada y pactada entre la dirección y uno de los delegados, se acuerda que UPyD defienda avanzar «en la regulación legal del derecho a la »muerte digna», es decir, a disponer el final de la propia vida sin sufrimiento adicional, o eutanasia”.
Esto debería permitirse «en situaciones donde la persona interesada, plenamente consciente e informada, no puede decidir y actuar por sí misma a consecuencia de cualquier impedimento, necesitando del auxilio de profesionales de la salud para dar fin a un sufrimiento insoportable».
«La regulación de este derecho», sostiene UPyD, deberá tener en cuenta la máxima protección jurídica del solicitante y del profesional dispuesto a auxiliarle, sobre la base de que la solicitud debe ser expresa y reiterada, con plena información y conciencia del afectado y del profesional sanitario”.
Por lo que se refiere a la prostitución, el partido de Rosa Díez sostiene que «sin menoscabo de las política aplicadas contra la delincuencia sexual, debe estudiarse la posibilidad de establecer un marco regulatorio para el ejercicio de la prostitución«.
Se trataría de que «aquellos hombres y mujeres que libremente y sin coacción quieran ejercerla, puedan hacerlo con plena seguridad jurídica, con las garantías sanitarias y de higiene necesarias y con los mismos derechos y obligaciones que cualquier trabajador».
Este marco regulador debería también fijar «las medidas necesarias para evitar que esta actividad provoque conflictos en barrios y ciudades».