Una actividad legislativa frenética y sin precedentes. Esa fue la principal característica de los primeros meses del Gobierno Rajoy, que recurrió al Real Decreto Ley más que ningún otro Ejecutivo en democracia. Este mecanismo, reservado según la Constitución para los casos de «extraordinaria y urgente necesidad», es una excepción al monopolio que de la elaboración de las leyes tienen las Cortes Generales. Permite al Gobierno sacar adelante sus planes normativos de manera inmediata, sin pasar los trámites a los que obliga la elaboración de proyectos de ley en el Congreso. Los decretos tienen que ser convalidados -o, en su caso, derogados- por la Cámara Baja, pero en un plazo breve de tiempo y con un proceso simplificado, sin que sea posible la introducción y debate de enmiendas. La mayoría absoluta que el PP logró en las generales le permitía -y permite- salvar sin mayor dificultad este paso.
Mariano Rajoy se estrenó ya con un decreto ley en su primer Consejo de Ministro, el de medidas urgentes para atajar el déficit público, y desde entonces llegaron 29 más en 2012 y 15 en 2013. El anterior presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, impulsó 51 en sus siete años de gestión. 2012 fue, además, el año con más decretos leyes de la democracia, superando a 1982. Entonces, Leopoldo Calvo Sotelo sacó adelante 21 y Felipe González otros cinco para sumar un total de 26, tres por debajo del »récord» de Rajoy.
El »Financial Times» se fijó en este hecho el año pasado y criticó en un artículo que este Gabinete emitiera «más leyes de emergencia que ninguno de sus precedentes» en sus primeros meses en el poder. La cabecera británica recordó que la aprobación media de decretos por año en democracia estaba en 14, menos de la mitad de los impulsados por el Gobierno en 2012, y aseguró que numerosos inversores se habían quejado por la incertidumbre que provocaba, por ejemplo, sacar adelante hasta seis normas de este tipo relativas al sector energético. Desde Moncloa, en cambio, aseveraron que «el uso de decretos está justificado por la urgencia de la situación».
Los partidos de la oposición fueron muy críticos con esta forma de actuar, asegurando que se devaluaba la democracia y se desvirtuaba el fin de los decretos leyes al ponerlos a la orden del día. Y es que en ese 2012 las tres cuartas partes de las leyes aprobadas por las Cortes tuvieron su origen en decisiones unilaterales del Consejo de Ministros, si bien varias de ellas fueron tramitadas luego como proyectos de ley.
El Gobierno Rajoy ha emitido decretos sobre todo tipos de temas. Desde la reforma financiera para evitar el colapso del sector a la creación del fondo para pagos a proveedores, pasando por la liberalización del comercio o la modificación del régimen de administración de RTVE, no ha habido ámbito en el que la ley permita legislar por la vía rápida -el régimen de las autonomías, todo lo relativo a derechos y libertades recogidas en el Título I de la Constitución o el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado están especialmente blindados- que no se haya abordado.
Un modo de actuar que parece estar virando, a la luz de los esfuerzos del Ejecutivo por promover grandes consensos últimamente. Gobierno y oposición están avanzando en las negociaciones para alcanzar un pacto de Estado sobre inmigración, así como para acordar medidas anticorrupción. Incluso en el ámbito económico Rajoy está cambiando su actitud en esta segunda parte de la legislatura. Hace solo unos días, reunió en Moncloa por sorpresa a sindicatos y patronal para tratar de desencallar el diálogo social, roto por completo tras la reforma laboral y los ajustes emprendidos por el Ejecutivo. Quizá la situación ya no sea tan urgente o quizá el equipo de Rajoy haya pensado que el momento de los grandes consensos ha llegado, año y medio antes de las elecciones generales.