Las entidades privadas con financiación pública «relevante» se sometarán a la Ley de Transparencia, que pasa su primer trámite este jueves en el Congreso de los Diputados. Lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en su intervención en el pleno dedicado a debatir el texto.
La norma incluye a la Corona, como ya se anunció hace un par de meses, y tendrá que ajustarse a los criterios de transparencia al mismo nivel que el Congreso de los Diputados, el Senado o el Tribunal Constitucional.
Sáenz de Santamaría ha apelado al consenso mayoritario para sacar adelante una ley «necesaria» que, según ha dicho, no se puede retrasar, porque es fundamental para la regeneración democrática.
Otro de los anuncios que ha hecho la vicepresidenta es la creación de un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, integrado por expertos independientes, que vigilará el cumplimiento de la norma. El Ejecutivo echa un capote al PNV y CIU, que rechazaban que el Ministerio de Hacienda fuera el organismo supervisor y pudiera sancionar a las comunidades y ayuntamientos incumplidores. Esta Consejo tendrá un presidente elegido por mayoría absoluta de la cámara y no podrá ser destituido durante su mandato, informa Europa Press.
Los partidos políticos, los sindicatos, empresarios y el Banco de España también deberán cumplir con los preceptos de transparencia. Por tanto, las formaciones políticas y los agentes sociales deberán hacer públicas sus finanzas.
En cuanto a las entidades privadas, falta que se concrete qué nivel de financiación pública deben recibir para tener la obligatoriedad de informar sobre sus cuentas. Lo que sí se ha por supuesto es que la Iglesia entrará en la norma, tal y como anunció la propia vicepresidenta tras un Consejo de Ministros.
Los grupos parlamentarios de CiU y PNV decidieron retirar las enmiendas de totalidad que habían presentado al proyecto de Ley de Transparencia, tras aceptar el Gobierno retocar el capítulo de »buen gobierno» y que sea un consejo independiente el supervisor. Los nacionalistas ponían grandes reparos a que Hacienda fuera el órgano sancionador por considerar que invadía competencias locales y autonómicas.
El resto de formaciones han pedido la devolución del proyecto al Gobierno al considerarlo insuficiente. UPyD considera la norma es muy insuficiente y que solo sirve para salir del paso. El diputado Carlos Martínez Gorriarán opina que el texto puede generar inseguridad jurídica, porque el código de buen gobierno contiene lagunas. Pide que la norma afecte a todos los organismos privados que reciban subvención, al margen de la cuantía, y que el uso del dinero público sea evaluado.
El proyecto de ley establece que se pondrá en marcha un portal que divulgará la información relativa a contratos, presupuestos de las administracinones públicas, convenios, retribuciones de altos cargos, las subvenciones y las cuentas de las entidades que reciban dinero público.