La Ley de Dependencia española fue un texto polémico desde que se aprobase, bajo la batuta del Gobierno de Zapatero, en el año 2006. La llamada Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia estableció tres tramos para clasificar la dependencia de las personas: dependencia moderada, dependencia severa y gran dependencia.
Ahora, con la llegada del año 2015 más de 300.000 dependientes moderados que estaban excluidos de las prestaciones podrían recibirla si todo se produce conforme a lo previsto por la norma.
Actualmente, en nuestro país los últimos datos que facilita el IMSERSO son de noviembre de 2014, hay registradas 1.618.492 solicitudes de prestaciones para personas. Según los datos más actualizados en España hay 729.313 personas que son beneficiarios de una prestación, lo que representa el 1,55% del conjunto de la población española.
El perfil de las personas que solicitan las prestaciones muestra la siguiente radiografía: el 65% son mujeres y el 35% hombres.Al final, de los que reciben prestación un 66% son mujeres y un 34% son hombres. Son personas en su mayoría de 65 a 80 y más años, en conjunto suman la cifra de 522.568.
El diario El País señalaba en una información que el Gobierno no contemplaba la entrada de estos nuevos dependientes en el sistema así como cubrir las necesidades de los que están en lista de espera, que ascienden a más de 170.000 personas. Según este artículo el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha puesto la cifra del gasto en este ámbito en 1.087.179 euros, una casi idéntica a la que estableció para el año precedente.
En una entrevista concedida a Colpisa, la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Susana Camarero, explica una de las cuestiones clave de esta ley de dependencia, la transferencia de competencias a las comunidades autónomas que son las que tienen que decidir quiénes entran en el nuevo sistema.
La financiación de las prestaciones es el puntal de la ley, que según los últimos datos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales las Comunidades Autónomas son las que están asumiendo el 60% del coste de las prestaciones y en un 20% entre el Estado y las personas atendidas.
Prevención, teleasistencia y centros de día entre otras prestaciones
La Ley establece un catálago de servicios tales como la teleasistencia, los cuidados personales y la asistencia en el hogar, servicio de limpieza y otras tareas, centros de Día y de Noche y servicios de Atención Residencial.
Según el extenso estudio «Tratamiento de la Dependencia en los regímenes de Bienestar Europeos Contemporáneos”, elaborado por la Secretaría General de Política Social y Consumo en nuestro país ocurre un fenómeno que se da en otros países de Europa como Italia: las mujeres son las que se hacen cargo de los ciudados de larga duración en el caso de las personas dependientes.
«Sabemos también que los familiares —sobre todo, mujeres— siguen siendo los principales proveedores de cuidados en el domicilio para las situaciones de referencia. Los empleados domésticos y ayudantes personales —muchos de ellos, en la España de hoy, inmigrantes— representan un 6% aproximadamente del total de los cuidadores; y los cuidadores provistos por los servicios sociales —en su mayor partepúblicos— no llegan al 2,5% del total».
Este hecho, como señala otro estudio de la Red Española de Política Social, se debe a que en los países del sur de Europa la incoporación de la mujer al mundo laboral ha sido más tardía.
En España todavía quedan cuestiones en el tintero con la ley, qué ocurre con el copago de los servicios, puesto que hay colectivos que se ven exentos de la prestación por estar por encima de los 532 euros en rentas superiores al IPREM.