Acababa la década de los 80 y los medios de comunicación destapaban el conocido por Waterguerra o el escándalo del hermanísimo, una trama de corrupción tejida por Juan Guerra, afiliado al PSOE y hermano del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, que le reportó un importante enriquecimiento y que salió a la luz, según los diarios de la época, gracias a un dossier filtrado al Partido Popular.
El caso Juan Guerra tenía los elementos de un escándalo de corrupción en toda regla, de esos que ahora nos encontramos cada poco tiempo. La mujer despechada, el socio, la evasión fiscal, los amigos en la administración, dimisiones…. Pero posiblemente el Waterguerra fue el primero que pudimos conocer en profundidad y uno los episodios de corrupción que más daño hizo al socialismo de la época.
La guerra de los dossiers
Juan Guerra fue contratado por el PSOE para trabajar en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía, ubicado en la Torre Sur de la sevillana Plaza de España, en calidad de asistente de su hermano.
Allí, Juan, en lugar de realizar las labores asignadas dentro de la legalidad, por las que cobraba 129.370 pesetas (778 euros), supuestamente agilizaba trámites y conseguía adjudicaciones a cambio de comisiones.
A Juan Guerra se le acusó y juzgó por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones.
En 1995, Juan Guerra fue condenado por delito fiscal. Él y su socio Juan José Arenas fueron condenados a dos penas de un año de cárcel por un fraude fiscal de 253.637 euros cometido durante los años 1988 y 1989 en su empresa Corral de la Parra. Ambos fueron condenados a pagar dos multas de 150.200 y 210.000 euros respectivamente.
En el año 2001, el Tribunal Constitucional estimó un recurso de amparo interpuesto por Juan Guerra. Esta sentencia del Alto Tribunal contó con un voto particular del magistrado Manuel Jiménez de Parga, en el que denunciaba que el hermano del ex vicepresidente había sido víctima de un «proceso inquisitorial», de una instrucción judicial «cuasi demoníaca» y de una investigación dirigida «contra su persona con noticias vagas e imprecisas».
En 2012 fue de nuevo archivada una causa sobre su persona en la que se le acusaba de cometer alzamiento de bienes, causa sobreseída por falta de pruebas.
Algunos diarios de la época aseguraban que el caso estalló por las filtraciones que la mujer de Juan Guerra hizo el Partido Popular. Era el inicio de la era de los dossieres. El País destacaba que la ex mujer de Juan Guerra, Ángeles López, fallecida en 1990, pudo ser el detonante y la responsable de la filtración. Aseguraba el diario ese año que López «mantuvo dos conversaciones telefónicas con Juan Luis Muriel, entonces presidente provincial del PP de Sevilla, quien le organizó una cita con el secretario general del partido en Andalucía, Juan de Dios Martínez, con quien se entrevistó en una cafetería de Sevilla. A Juan de Dios Martínez le enseñó diversos documentos comprometedores para su marido, pero no le permitió quedarse con ellos, ya que insistió en entregárselos personalmente a Manuel Fraga, cosa que hizo poco después».
Si Guerra dimité, yo también lo haré
«Si Guerra dimite, yo también dimitiré», aseguró Felipe González en febrero de 1990 cuando ya se había destapado el escándalo del hermanísimo. Fue en el Pleno del Congreso de los Diputados celebrado con motivo de la comparecencia del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, para dar explicaciones por el escándalo de corrupción de su hermano. «Yo estoy absolutamente seguro de la honorabilidad y honradez personal del vicepresidente», reafirmó González. Un año después Guerra presentaba su dimisión y el presidente la aceptaba.
El escándalo fue calificado por el ex vicepresidente socialista como «calumnia contra el PSOE» y «linchamiento político, moral y personal por vía de cosas con las que saben perfectamente que no tengo nada que ver».