Viernes 24/11/2017.

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El gobierno vasco pide cambiar la dispersión de presos etarras por el impacto en sus familias

  •  Cumplen condena a más de 1.200 kilómetros de su lugar de residencia habitual

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha defendido como "argumento definitivo" para pedir cambios en la política penitenciaria "el impacto innecesario e injusto que tiene en las familias desde un punto de vista humanitario y humano", y ha dicho tener la "esperanza y convicción, y también el compromiso", para que finalice la política de dispersión de presos ETA.

Fernández ha presentado este viernes el 'Informe sobre el impacto de la política penitenciaria de alejamiento en las familias de las personas presas', elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto por encargo del Gobierno Vasco. A la presentación de este informe en Bilbao también han asistido la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando, y los miembros del Instituto Pedro Arrupe José Ramón Intxaurbe y Gorka Urrutia.

Según ha subrayado que la "aportación específica de este trabajo es que analiza la política penitenciaria de alejamiento solo desde la perspectiva de las familias de personas presas, y lo hace con una mirada humana, humanitaria y pegada a la legalidad y al derecho".

Este documento recoge un análisis cuantitativo y cualitativo de las vivencias de personas que tienen un familiar cumpliendo condena. A través de entrevistas a personas que viven esta situación, se hace un seguimiento de las consecuencias que tiene el alejamiento en cuestiones como los peligros del trayecto por carretera, el coste económico o la conciliación laboral y familiar.

Entre las conclusiones se subraya que el alejamiento es la causa del sufrimiento añadido a las familias y que "la actual política de alejamiento no es compatible con los principios rectores de la legislación penitenciaria, como son la reeducación y reinserción social".

En este documento se recogen datos cuantitativos que reflejan la dimensión de esta situación; un análisis cualitativo basado en la experiencia de familiares; un estudio sobre el papel que juegan las familias en la legislación penitenciaria; y finalmente, se extraen conclusiones en torno a la afección que la vigente política penitenciaria está generando en los derechos de las familias de las personas presas. Para ello, se ha procedido a entrevistar a 17 familiares de presos de ETA que están cumpliendo condena.

En el momento en el que se finalizó el informe existía un total de 322 personas cumpliendo condena en cárceles del Estado español y francés, de las cuales, alrededor de 200 lo hacían a más de 1.200 kilómetros de su lugar de residencia habitual.

En el informe se ha ahondado en las consecuencias del alejamiento, las dificultades en el trayecto, los accidentes de tráfico, el coste económico o la dificultad añadida cuando media una enfermedad.

Según ha explicado José Ramón Intxaurbe, el informe refleja las dificultades que tienen las familias, que aproximadamente viajan una vez al mes para visitar a sus familiares presos. En ese sentido, ha lamentado que se impide a la familia que actúe "como nexo de unión" de la persona que cumple condena con la sociedad, y ha advertido de que las visitas de los familiares a los presos de ETA se están produciendo, pero gracias al "esfuerzo y sacrificio importante" por parte de sus familias, que "no han sido condenadas por ninguna sentencia, ni hay ninguna norma jurídica que les prive" de su derecho a realizar esas visitas.

Conclusiones

En el informe se hace un estudio sobre el papel que juegan las familias en la legislación penitenciaria. En este sentido, se citan diferentes normas o fallos que en "cuyos principios inspiradores de la actividad penitenciaria" figuran la "reeducación" y la "reinserción social", como en el caso de la Constitución Española, la Ley Orgánica General Penitenciaria, el Tribunal Europeo de Derechos humanos o diversos tratados internacionales. También se hace referencia legal sobre la necesidad del tratamiento individualizado de las personas presas, recogido en el artículo 63 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

Hecho este análisis, el informe recoge, entre otras conclusiones, que "la política de alejamiento es una causa de sufrimiento añadido a las familias", y que "la actual política de alejamiento no es compatible con los principios rectores de la legislación penitenciaria de reeducación y reinserción social", por lo que en el informe se recomienda "el abandono de la política generalizada de alejamiento y retorno a un tratamiento individualizado de las penas".

Fernández ha asegurado que el Gobierno Vasco coincide "básicamente" con las recomendaciones del informe, y, en ese sentido, ha destacado que "en la trayectoria que viene desarrollando el Gobierno Vasco en esta materia ya está implícita esta posición". Asimismo, ha avanzado que trasladarán este informe "a todos los operadores que tengan que ver con el ámbito penitenciario", también a las instituciones francesas, en las que, "de momento, no percibimos ningún cambio" en materia penitenciaria.

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación ha insistido en que "la novedad que aporta este informe es que hace un análisis exclusivamente centrado en la perspectiva de las familias, en la realidad de las familias".

Fernández ha indicado que, "a la hora de plantear la necesidad de un cambio en la política penitenciaria, lo hemos debatido y formulado muchas veces poniendo el acento en diferentes razones para justificarlo". Según ha dicho, "se pueden pedir cambios en la política penitenciaria por razones políticas, de convivencia, legales, de interpretación de la legalidad, o por la política de reinserción", pero "si hay un argumento que es definitivo es por el impacto innecesario e injusto que tiene en las familias desde un punto de vista humanitario y humano".

"Nuestra esperanza es que este informe ayude a entender esa perspectiva de que si desde muchos puntos de vista la política penitenciaria debiera cambiar, es especialmente porque de manera injusta e innecesaria provoca un efecto absolutamente indeseable en las familias de las personas que están en prisión", ha manifestado.

Preguntado si espera que desde el Gobierno central e Instituciones Penitenciarias se atiendan estas recomendaciones, Fernández ha dicho tener la "esperanza y convicción, y también compromiso, para que eso ocurra". Según ha dicho, "siempre ha habido comunicación" con los responsables de Instituciones Penitenciarias, pero "más que comunicación, preferiríamos que hubiera acuerdos, y eso, de momento, no hay".

"Creemos que el paso del tiempo, las circunstancias ayudan y van a ayudar a que esto se produzca, pero hace falta también una cierta receptividad para entender estos argumentos, ser un poco permeable a este tipo de argumentación, que es por otra parte tan de sentido común y tan clara", ha afirmado.

En ese sentido, ha remarcado que "aquí no hay vertientes partidistas, ni utilitaristas a la hora de expresar esta realidad, es muy nítida y muy clara: cambiar la política penitenciaria en una línea de acercamiento no tiene costos y tiene beneficios, se mire desde el punto de vista que se mire, y especialmente desde el punto e vista de las familias".

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