El Consejo de Ministros aprobó este viernes un real decreto que regula los principios que deben inspirar las contrataciones que realice la Casa del Rey, que deben basarse «en los principios de concurrencia, transparencia, eficiencia, agilidad, simplicidad y coordinación». La web de la Casa del Rey publicará las instrucciones que regirán las contrataciones.
La nueva normativa recoge también los principios éticos y de conducta comunes que deben presidir la actuación de todas las personas que prestan servicio en este organismo, independientemente de su régimen jurídico o estatuto personal de procedencia y que este código puede publicarse en la web.
Además, para facilitar que la organización de Zarzuela se acomode a las necesidades reales de la misma, se ha optado por no prefijar el número de ayudantes de campo del Rey para permitir que sean los que se necesitan en cada momento.
Asimismo, el decreto también fija que sea el Ministerio del Interior quien fije el número de personas que deben velar por la seguridad de la Familia Real, así como la previsión de suscribir convenios de colaboración en el ámbito de la Administración General del Estado.
En materia retributiva, es el Rey quien decide la distribución del presupuesto que recibe anualmente de los Presupuestos Generales del Estado.
Con el decreto aprobado hoy se pretende avanzar en el proceso de reforma de la Casa del Rey que se inició tras la proclamación de Felipe VI para garantizar un funcionamiento más eficaz.
Así, el real decreto 547/2014, de 27 de junio, que modificó al 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa del Rey, introdujo ya reformas puntuales, tales como la supresión de la Secretaría del de Asturias, la creación de la Secretaria del rey Juan Carlos y la incorporación a la Casa de un Consejero Diplomático y ahora el fin es apostar por una mayor eficiencia, agilidad y, sobre todo transparencia.
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este nuevo paso para incrementar la transparencia es decidión del propio jefe del Estado, al que la Constitución española de 1978 le otorga la capacidad para organizar la Casa del Rey.