Jueves 23/11/2017.

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EL CONGRESO PIDE UN GRUPO DE TRABAJO PARA ANALIZAR LA RECUPERACIÓN CIVIL DE LA BASE NAVAL DE LAS PALMAS

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves reclamar al Gobierno un grupo de trabajo entre todas las administraciones implicadas para analizar la forma de recuperar para uso civil la base naval de Las Palmas de Gran Canaria.
El Congreso aprobó una moción impulsada por el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que fue enmendada por el PP, y en la que se reclama estudiar las alternativas, los costes y las posibles vías de cesión para la conversión de esa base en un espacio público y de ocio para los ciudadanos de la isla.
El grupo de trabajo deberá estar integrado por el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
El primer informe deberá emitirse durante el primer semestre de 2018, y deberá abordar también las alternativas para una nueva ubicación de la base que reúna los requisitos operativos, logísticos y estratégicos necesarios para las Fuerzas Armadas, y estudiar el coste de acondicionamiento del nuevo emplazamiento y de la construcción de las instalaciones necesarias.
El pasado mes de marzo, Quevedo preguntó a Cospedal por el futuro de esa nave, un año después de que la Comisión de Defensa aprobara una proposición no de ley que reclamaba también la recuperación de esa base naval para uso civil.
Cospedal aseguró entonces que el Gobierno comparte el contenido de esa reclamación pero precisó que la ubicación es "importantísima" en las rutas al Cabo de Buena Esperanza, a América y al Golfo de Guinea, por lo que cualquier otro lugar tendría que tener "los mismos requisitos de carácter logístico y operativo".
Matizó, además, que la mayoría de esos terrenos al ser desocupados se destinarían a la autoridad portuaria, por lo que pidió "poner en su justa medida" lo que implica la iniciativa y el destino a uso civil.
Cospedal subrayó en todo caso la voluntad del Gobierno con la creación de un grupo de estudio para buscar "alguna solución de compromiso entre todos" y responder a la pregunta "esto quién lo paga", ya que el coste está estimado en unos 400 millones de euros.

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