La justicia popular o comunitaria, un eufemismo para que justifica los ajusticiamientos de criminales y delincuentes pillados in fraganti, es un práctica habitual en bastantes países de Latinoamérica, herencia de las culturas indígenas –aymara, inca y quechua, en menor medida-. Guatemala y Bolivia encabezan el ránking de linchamientos populares, que también se dan en países como Perú, México, El Salvador o Honduras. De esta práctica no se libran ni las grandes ciudades y, se han dado casos en las periferias de grandes urbes como Lima o La Paz o algunas medianas como Cochabamba. La respuesta es siempre prácticamente la misma. La crispación que provoca un hecho delictivo lleva a grupo de personas, que en la mayoría de los casos quedan en el anonimato, a quemar, ahorcar e, incluso, enterrar vivos a los delicuentes.
En la capital boliviana es posible encontrar en muchos barrios del extraradio se pueden encontrar muñecos colgados en las torres de electricidad con advertencias de «ladrón pillado será quemado«. En este país, en sólo en diez días del mes de junio del año pasado se produjeron tres ajusticiamintos.
El Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villegas, aseguraba recientemente que parte de estas movilizaciones populares violentas surgen como respuesta a una justicia lenta, deficiente y demasiado laxa a la hora de castigar a los delincuentes.»El paso entre esta tradición (el linchamiento) y una cultura democrática es lento y todavía se cree que está bien que si alguien comete un delito sea la comunidad la que le dé una sanción ejemplarizadora», aseguraba en una entrevista en el Diario Página Siete.
Los linchamientos en estos países se han recrudecido con una violencia irracional, siempre encubiertos por una obligatoria ley del silencio.