«Utilizar las protestas en el parque Gezi en 2013 para formular peticiones a cadena perpetua adolece de credibilidad, crea un clima de miedo y desanima la reunión pacífica», ha denunciado el servicio diplomático europeo en un comunicado.
Entre los acusados de participar en las protestas de 2013 figura Osman Kavala, un empresario al que Erdogan ha acusado de organizar y financiar las protestas. Kavala lleva más de 15 meses en detención preventiva y ha negado las acusaciones contra él, que también se extienden a activistas defensores de los Derechos Humanos, según medios estatales que dan por concluidas las pesquisas.
El servicio diplomático europeo ha asegurado que «los retrasos sistemáticos» en los procedimientos judiciales, «las detenciones con pruebas insuficientes» y «la inculpación penal de personas por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión y de reunión arrojan serias dudas sobre si el proceso judicial en Turquía respeta el principio de presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo».
También ha censurado la condena a dos periodistas del periódico »Cumhuriyet», crítico con el Gobierno, el pasado 18 de febrero, algo que, ha dejado claro, «va en contra de los principios a la libertad de expresión y de medios, piedras angulares de cualquier sociedad democrática».
«La detención de periodistas, miembros del Parlamento, defensores de los Derechos Humanos y académicos, frecuentemente sin acusación, por ejercer un derecho personal y profesional a la libre expresión, no está en línea con las obligaciones de Turquía» en virtud de la Convención Europea de Derechos Humanos, de la que es firmante, ha avisado el servicio diplomático europeo.
Las relaciones entre la UE y Turquía se han deteriorado especialmente a raíz de la campaña de represión del Gobierno de Erdogan por el fallido golpe de Estado de 2016 y la posterior reforma constitucional que da plenos poderes al presidente turco.