Los Veintiocho han condenado «con firmeza» los ataques violentos y violencia sexual contra civiles que se manifestaban «pacíficamente» contra la Junta Militar en Sudán y han reclamado una investigación independiente y transparente sobre «todas las violaciones de Derechos Humanos y los abusos» cometidos, dejando claro que sus autores «deben responder de sus actos».
«La responsabilidad incumbe claramente al Consejo Militar de Transición (CMT) en tanto que autoridad encargada de la protección de la población», han avisado en una declaración que han aprobado tras abordar la crisis en el país africano.
Los Veintiocho han subrayado que las manifestaciones desde hace meses en Sudán para pedir democracia, con una fuerte participación de mujeres y jóvenes, representan «una ocasión histórica» para el país y han asegurado que la UE está dispuesta a asistir al país una vez se inicie una transición hacia un Gobierno civil en el país, dejando claro que sólo normalizarán las relaciones con una autoridad civil en el poder.
«Solo una autoridad civil de transición constituye un socio con el que las relaciones entre la UE y Sudán pueden normalizarse», han avisado los Veintiocho, que dejan claro que cuando Sudán haya iniciado un proceso de transición hacia un régimen civil el bloque podrá «aportar su apoyo» a las reformas necesarias y «dará una asistencia en consecuencia».
Los Veintiocho han reclamado «el cese inmediato» de toda la violencia contra la población –ejecuciones extrajudiciales, detenciones, desapariciones y violaciones–, así como la liberación de los miembros de las Fuerzas para la Libertad y el Cambio y el resto de civiles detenidos durante las últimas protestas y el cese de las restricciones a la libertad de reunión y sobre los medios e Internet y han instando tanto al Consejo Militar de Transición como a las Fuerzas para la Libertad y el Cambio a retomar «inmediatamente las negociaciones», tras respaldar el papel de mediación de la Unión Africana para avanzar en una transición y el de Etiopía para facilitar la reanudación de las discusiones.
El bloque también ha recordado a la junta militar «la obligación de Sudán de cooperar con el Tribunal Penal Internacional» que reclama al expresidente sudanés Omar Hasán al Bachir por crímenes de genocidio por el conflicto en Darfur de 2003, al tiempo que ha reclamado que se permita la ayuda humanitaria sin obstáculos ante el deterioro sobre el terreno y recordar que más de ocho millones de personas necesitan ayuda urgente.