El Gobierno debería investigar estos abusos y garantizar que la ayuda llega a quienes la necesitan, según HRW
El PMA condena los abusos tras investigar las denuncias y promete «tolerancia cero», aunque su personal no ha estado implicado
El paso del ciclón »Idai» por Mozambique a mediados de marzo dejó un reguero de destrucción y a más de 1,85 millones de personas afectadas, muchas de las cuales quedaron aisladas y en una situación desesperada. A algunas de ellas, según denuncia Human Rights Watch (HRW), algunos responsables locales han llegado a pedirles dinero o incluso favores sexuales a cambio de entregarles comida.
Miles de mujeres han quedado vulnerables al abuso tras el ciclón, algo que ha sido explotado por líderes comunitarios locales, algunos vinculados al partido gobernante Frelimo, que han optado por exigir dinero a cambio de incluir sus nombres en la lista de distribución de ayuda, según han contado a la ONG víctimas, residentes y trabajadores humanitarios. En ciertos casos, mujeres que no tenían dinero han sido forzadas a mantener relaciones sexuales con ellos a cambio de una bolsa de arroz.
«La explotación sexual de mujeres que se esfuerzan por alimentar a sus familias tras el ciclón »Idai» es tan repugnante como cruel y debería parar inmediatamente», ha reclamado el director para el Sur de África de HRW, Dewa Mavhinga. «Las autoridades deberían investigar rápidamente las informaciones de mujeres forzadas a intercambiar sexo por alimentos y castigar de forma adecuada a cualquiera que usó su posición para explotar y abusar de mujeres», ha defendido.
Desde que el ciclón tocó tierra cerca de la ciudad de Beira el 14 de marzo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha ofrecido ayuda alimentaria a un millón de personas en coordinación con el Gobierno, pero aún hay miles de personas que no han recibido ayuda, según HRW. En el caso del Instituto Nacional para la Gestión de Desastres, distribuye comida en coordinación con las autoridades locales en base a una lista de beneficiarios elaborada por los propios líderes comunitarios.
NO HAY COMIDA SUFICIENTE PARA TODOS
Según ha explicado una de ellos a la ONG, en algunos casos, cuando el acceso por carretera es imposible, son los líderes comunitarios quienes se encargan de almacenar la ayuda y distribuirla a las familias cada semana. «Como no hay comida suficiente para todos», ha precisado, algunos han aprovechado la situación y cobran a la gente para que se les incluya en las listas de distribución.
Además, según una cooperante, a menudo las listas solo incluyen nombres de cabezas de familia varones, excluyendo a las familias encabezadas por mujeres, lo cual ha provocado que «en algunas localidades, las mujeres y sus hijos no han recibido ayuda en semanas». «Harían cualquier cosa por comida, incluido acostarse con hombres a cambio de la distribución de alimentos», ha subrayado.
La trabajadora de una organización internacional ha indicado a HRW que han recibido informaciones de abusos sexuales incluso en campamentos para desplazados internos, por lo que están haciendo un seguimiento de la situación y concienciando sobre el problema con el fin de que se denuncien posibles casos.
«ME DIJO QUE AHORA ME TOCABA A MÍ AGRADECERLE»
HRW ha hablado con tres mujeres del distrito de Nhamatanda, donde la ayuda no llegó hasta el 5 de abril porque no era posible el acceso por carretera, las cuales han reconocido haber sido víctimas de sexo a cambio de comida. Una de ellas contó que un secretario local de Frelimo se presentó en su casa con una bolsa de arroz tras haberle dicho que su nombre no figuraba en la lista de distribución. «Me dijo que ahora me tocaba a mí agradecerle», precisó. «Les dije a mis hijos que se fueran a casa de un amigo y cuando lo hicieron me acosté con él».
Otra de las mujeres acudió a un líder comunitario. «Me dijo que podría ayudarme si era amable con él», recuerda. «Acordamos cuándo reunirnos y »hacerlo». Cuando terminamos me di solo un kilo de judías. Cuando me quejé, me dijo »mañana habrá más»», señala.
La ONG ha recordado que los Principios Directrices sobre Desplazamiento Interno de la ONU estipulan que los desplazados «tienen derecho a solicitar y recibir protección y asistencia humanitaria» de las autoridades y a «no ser perseguidos ni castigados» por ello, mientras que quienes ofrecen la ayuda deben respetar los Derechos Humanos de los desplazados.
Por ello, HRW ha defendido que el Gobierno mozambiqueño debería adoptar medidas para evitar la explotación sexual y los abusos a las víctimas del ciclón y crear un entorno en el que las mujeres puedan denunciar los abusos sufridos. Además, los socios internacionales, en particular la ONU, deberían garantizar una mayor supervisión de la conducta de las autoridades locales durante la distribución de la ayuda humanitaria.
«Las autoridades mozambiqueñas tienen una obligación de garantizar que todo el mundo recibe la protección que necesita en esta situación, incluidas mujeres vulnerables en riesgo de explotación sexual y abuso», ha insistido Mavhinga. «La ayuda de emergencia debería entregarse libremente a todas las personas necesitadas y el Gobierno, junto con las agencias de asistencia, debería garantizar que la distribución nunca se usa como una oportunidad para cometer abusos», ha remachado el responsable de HRW.
EL PMA CONDENA LO OCURRIDO
Por su parte, el PMA ha condenado los presuntos casos de sexo a cambio de comida. «Ningún miembro del personal del PMA, o ninguna agencia de la ONU o socio» ha estado implicado, ha asegurado en Ginebra el portavoz de la agencia, Herve Verhoosel. «Tras conocer las denuncias, referentes a exigencias de sexo a cambio de comida, el PMA inició una investigación inmediata, entrevistando a mujeres que dijeron que habían sufrido los abusos», ha precisado.
Según el portavoz del PMA, «los miembros del personas escucharon varios casos de mujeres y niñas a las que se había pedido sexo a cambio de comida por parte de voluntarios comunitarios que gestionan las distribuciones de alimentos».
En este sentido, y con vistas a acabar con cualquier explotación y abuso sexual durante la asistencia, el PMA tiene intención de reunirse con representantes del Gobierno para poner en marcha medidas de protección reforzadas para los más vulnerables, ha precisado Verhoosel, según informa la ONU.
Además, los afectados por lo supuestos abusos recibirán apoyo adicional de las agencias de la ONU, el Gobierno y las ONG. «El PMA no tolera el acoso, la explotación o el abuso sexual en ninguna de sus formas», ha asegurado Verhoosel, que ha considerado «especialmente chocante si se comete contra aquellos a los que servimos y en las comunidades en que lo hacemos». «Tolerancia cero significa que una cultura de impunidad y complacencia hacia la explotación y el abuso sexual no es aceptada», ha zanjado.