Barack Obama no ha cumplido hasta el momento la que era una de sus mayores promesas electorales en 2008, el cierre de la prisión de Guantánamo (Cuba), “Vamos a dar ejemplo no solo con palabras, sino con hechos”, dijo el presidente norteamericano. Y parecía encaminado a cumplirlo. De hecho, uno de sus primeros actos oficiales, en enero de 2009, fue firmar una orden ejecutiva para cerrar el centro en el plazo de un año y la prohibición de las torturas y abusos en el penal.
Desde entonces, Obama se ha topado con la repetida oposición del Congreso de EEUU para proceder a su cierre definitivo y ha cedido a varias prórrogas. “Es necesario cerrarla. No es tan necesaria para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y nos está costando demasiado”, afirmó en mayo pasado, “No hay justificación más allá de la política, para que el Congreso impida el cierre de Guantánamo”.
Hace apenas unos días, volvió a repetir la promesa, “Este debe ser el año en el que el Congreso elimine las restricciones sobre la transferencia de prisioneros y vamos a cerrar la prisión de Guantánamo, porque estamos luchando contra el terrorismo, no solo con la inteligencia y las acciones militares, sino siguiendo fieles a los ideales de la Constitución, sentando un ejemplo para todo el mundo”.
En todo este tiempo, según denuncian las organizaciones internacionales, Guantánamo ha seguido siendo “una afrenta para los principios internacionales en materia de derechos humanos”, en palabras de Amnistía Internacional.
Alimentaciones forzosas, perros y otras torturas
En funcionamiento desde hace trece años, la mayor parte de sus 150 presos, supuestos enemigos de EEUU tras la invasión de Afganistán y el inicio de la llamada “guerra contra el terror”, nunca han sido acusados formalmente ni juzgados. “Pese a la decisión de la Corte Suprema estadounidense, hace cinco años y medio, de que los detenidos tenían el derecho constitucional a una vista a la mayor brevedad posible para cuestionar la legalidad de su detención, algunos detenidos esperan aún una resolución”, denuncia Amnistía.
Sin embargo, recuerda también la organización, que ni siquiera una resolución judicial que declare ilegal la detención de una persona va asociada a su liberación inmediata. Como se recoge en su informe, varios detenidos han esperado hasta cinco años para el traslado a su país después de que un juez federal declarase ilegal la detención. “De los casi 8.000 hombres que han estado recluidos en Guantánamo, solo siete han sido declarados culpables”.
Las acusaciones de violaciones de derechos humanos y tortura han venido siendo una constante desde la apertura de este centro. Las organizaciones internacionales han denunciado situaciones de aislamiento prolongado, alimentaciones forzosas para presos en huelga de hambre y técnicas de gran crudeza, como el water-boarding, un simulacro de ejecución mediante ahogamiento, ahora prohibidas.
El New York Times reveló en su día que los reclusos eran sometidos además a crueles técnicas de agotamiento físico, como privarles de sueño, la exposición a frío y calor extremos, a interrogatorios de más de 20 horas diarias durante 50 días, enfrentarles a perros adiestrados para causar pánico y a castigos físicos que les provocaban desgarros y múltiples lesiones. En 2011, el Gobierno de EEUU reconoció formalmente que se habían infringido estas torturas.
A pesar de la prohibición, el New York Times recogió el año pasado, la carta de uno de sus reclusos, Samir Naji Al Hasan Moqbel, en la que describía un proceso de alimentación forzosa al que estaba siendo sometido. “Yo no quiero morir aquí”, escribía el preso en una misiva dictada a su abogado. “Me conectaron alimentación vía intravenosa. Me tuvieron atado 26 horas, en las que no me permitieron ir al lavabo. Me sondaron, lo que resultó doloroso y una degradación innecesaria. Ni siquiera me permitieron rezar”, escribía en el artículo. Dos veces al día, lo ataban a una silla y le introducían tubos para alimentarlo. Samir fue detenido en Yemen y resultó acusado, sin juicio, de haber colaborado con Osama Bin Laden. Se calcula que de los 150 presos que aún permanecen en la prisión, 100 han hecho una larga huelga de hambre.
Ancianos con demencia senil, entre los presos
Los métodos de Guantánamo quedaron también al descubierto, en 2011, a través de los papeles de Wikileaks, en los que se revelaban las fichas secretas de 759 presos, entre ellos, adolescentes, enfermos psiquiátricos, o ancianos, sin vínculo alguno con la yihad, que únicamente habían sido capturados para obtener información y sometidos a tortura.
El sistema del penal se basa en simples conjeturas y sospechas de “amenaza para EEUU”. Según revelan los informes, en algunos casos el gobierno ni siquiera sabe los motivos por los que alguien fue trasladado a Guantánamo y se reconoce que la mayoría de los presos no suponen riesgo para el país y que, en algunos casos, su único delito es tener un conocido relacionado con la yihad o haber vivido en un pueblo con actividad de los talibán. Según esa información, apenas una quinta parte de los presos había proporcionado información de interés para los servicios de inteligencia de EEUU.
El campo de prisioneros, abierto en 2002, bajo mandato del expresidente George W. Bush, para trasladar a presos, principalmente afganos, a los que se suponía algún vínculo con Al Qaeda, ha llegado a tener cautivo a un anciano de 89 años con demencia senil. Su “delito”: varios soldados estadounidenses habían hallado en su domicilio un teléfono y una lista de personas sospechosas de ser talibán. El anciano, según revelaba Wikileaks, no sabía ni usar el teléfono.
Desde su apertura, ocho prisioneros han fallecido en este penal. Seis fueron clasificados como suicidios y dos como muertes atribuidas a enfermedad. La mayor parte de los presos que quedan son yemeníes cuyo traslado se ha visto frustrado por la suspensión de las repatriaciones del país debido a las sospechas de que un miembro yemení de Al Qaeda fue responsable de un intento fallido para explotar un avión estadounidense el la Navidad de 2009.
España investiga cuatro casos de supuestas torturas
En nuestro país se investigan varios casos de supuestas torturas en Guantánamo a cuatro expresos, dos de ellos españoles, Hamed Abderraman, conocido como el «talibán español» y Lahcen Ikassrien, después de que el juez Pablo Ruz decidiese mantener abiertos los procesos tras la reforma de la justicia universal, que limita la actuación en estos casos. Ruz argumenta, en contra de lo solicitado por Fiscalía, que los delitos están amparados por los convenios internacionales de Ginebra y contra la tortura.