Miércoles 07/06/2017.

Mundo

Brexit, o cómo la democracia verdadera va a ser violada en nombre del pueblo soberano

  • ¿Está un diputado elegido por el pueblo obligado a cambiar de opinión en un asunto trascendente sobre el que el pueblo se ha pronunciado?

Si los tuits de Donald Trump no concitaran toda nuestra atención, si su frenesí en la firma de órdenes ejecutivas nos permitiera un respiro en esta histeria colectiva que su llegada a Washington ha provocado, tendríamos tiempo para fijarnos en el parlamento británico, donde la democracia representativa se va a jugar estos días el futuro. La sentencia de la Corte Suprema, obligando a que el ‘brexit’ aprobado por el pueblo en referéndum deba obtener el beneplácito último de sus representantes políticos, abre un debate de calado.

La mayoría de los diputados británicos era inicialmente contraria a la salida de la UE. Los había conservadores y laboristas. Era una mayoría transversal. Sin embargo, el pueblo, cuando pudo opinar, votó en contra. Por escaso margen, pero en contra. Y poco importa a estas alturas si el debate estuvo embarrado de mentiras y falsedades o si fueron los mayores los que decidieron el futuro de los jóvenes.

El caso es que ahora, los guardianes del orden constitucional británico, el más antiguo del mundo y donde el parlamento es el depositario de las libertades desde que Carlos I fue decapitado en 1649, han fallado que quien otorgó unos derechos a sus ciudadanos debe ser también el responsable último de arrebatárselos. Fue decisión del parlamento incorporar al Reino Unido como socio de la UE, debe ser el parlamento quien decida sacarlo.

¿Qué deben hacer entonces aquellos diputados que estando contra el ‘brexit’ tienen ahora que pronunciarse sobre él sabiendo que la mayoría del pueblo británico votó por la salida? Es el caso de la propia Theresa May: hizo campaña por el ‘remain’ y tras la dimisión de Cameron recibió el encargo de ejecutar el ‘brexit’. La cuestión mollar: ¿Está un diputado elegido por el pueblo obligado a cambiar de opinión en un asunto trascendente sobre el que el pueblo se ha pronunciado?

No existe el mandato imperativo. De hecho, en muchos lugares, como España, está constitucionalmente prohibido. La consulta partió al pueblo británico en dos. Y aunque la victoria del ‘brexit’ no fue holgada, una perversa interpretación de la democracia aconseja cuidarse de no complacer a los electores. Ni siquiera en un caso en el que la mayoría no es abrumadora. Resultado de los tiempos que corren, en los que prima, no que la propuesta que se defiende sea buena para el interés general, sino que sea popular. En la política como en la cultura. No hay éxito fuera de lo popular, exclusivo baremo para medir lo bueno.


Historias de coraje

Así que se necesitan arrestos para defender ideas, propuestas e iniciativas propias frente a la marea popular. Coraje lo llamó John F. Kennedy cuando agavilló en un libro imprescindible (”Profiles in courage”) las historias de doce senadores que se jugaron su carrera y su prestigio por defender lo que más convenía a sus representados en contra de su criterio.

Ahí está la historia de Sam Houston, héroe de la independencia de Texas, que a sus 70 años decidió enfrentarse a la secesión, como mayoritariamente deseaban sus votantes, advirtiéndoles de la matanza que se avecinaría con la guerra civil. Su profecía fue desoída y Houston renunció al cargo de gobernador. “Conciudadanos, en nombre de vuestros derechos y de la libertad que creo han sido hollados, me niego a prestar este juramento”, escribió.

Está también la historia de Daniel Webster, contrario a la esclavitud, como sus conciudadanos de Massachusetts, pero que prefirió arriesgar su carrera y su reputación para conservar la Unión: “La necesidad me obliga a decir la verdad en lugar de cosas agradables… Me gustaría ciertamente complaceros; pero prefiero salvaros, cualquiera que sea vuestra actitud hacia mí”.

Y la del valeroso y sincero Lamar, senador por Misisipi, considerado por Kennedy como uno de los mejores estadistas que dio el Sur desde el final de la guerra, cuyos electores siguieron apoyándole pese al hecho de que en tres momentos cruciales asumió una posición contraria a sus intereses más inmediatos. En medio de los más virulentos ataques contra su persona, escribió: “Ni la libertad de este país ni sus más grandes intereses podrán estar nunca seguros mientras sus hombres públicos se conviertan en meros lacayos, ejecutores de las órdenes de sus electores, en lugar de sus representantes en el verdadero sentido de la palabra, teniendo como única meta la prosperidad permanente y el más venturoso provecho de la totalidad del país”.

Desconozco si Theresa May ha leído de JFK. Quienes se han comportado como si lo hubieran hecho han sido Jo Stevens y Tulip Siddiq, las dos diputadas laboristas que se han rebelado contra la disciplina impuesta por su jefe de filas, Jeremy Corbin, y han elegido la coherencia de seguir defendiendo lo que defendían antes del referéndum. “Irnos es un error terrible y no puedo ignorar mi firme opinión", ha escrito Stevens en una carta de arrebatadora dignidad política. Stevens y Siddiq no participarán en el golpe de gracia a la democracia representativa que va a suponer el proceso de que un parlamento que estaba en contra del ‘brexit’ pase a ejecutar sin más, de forma automática, un mandato popular que salió adelante por apenas tres puntos de ventaja.

Es democracia, respeto a la soberanía popular, dicen. Como si su previa elección para representar al pueblo no hubiera sido el resultado de un ejercicio de soberanía popular también. Es cierto que la crisis económica, los efectos de la globalización, los retos que plantea la inmigración y el mejorable comportamiento de las elites políticas ha dañado la médula que mantiene erguida la democracia, el vínculo entre representante y representado, pero es una ficción creer que existe un régimen alternativo de “acción directa” en la que el pueblo puede y debe decidir en primera persona sobre todo. Por mucho que crea que en su santa voluntad reside la solución a todos los problemas.


Delegación, responsabilidad y claudicación

El arquitecto de la primera república democrática conocía la importancia de la delegación para construir un gobierno que, sometido a las presiones populares de legítimos intereses contrapuestos, pudiera trabajar por el interés general. James Madison entendía que la opinión pública podía ampliarse y refinarse “pasándola por el filtro de un organismo electo por los ciudadanos cuya sabiduría les permite discernir mejor los verdaderos intereses del país, y cuyo patriotismo y amor por la justicia hará menos probable que los sacrifiquen a consideraciones  parciales o temporales”.

Hoy resulta paradójico observar cómo la gestión política recorre camino inverso al de la gran empresa. Aquí, la propiedad (los accionistas) delega la gestión en profesionales formados y especializados, a quienes exige resultados y rendición de cuentas; allí, la propiedad (el pueblo) cada vez confía menos en quienes ella misma eligió para gestionar los asuntos colectivos y prefiere tomar decisiones sin el estorbo de intermediarios. “Hemos decidido -escribió con ironía Zakaria en “El futuro de la libertad”- que, a pesar de no saber rellenar los impresos de la renta, ni redactar nuestro propio testamento, podemos aprobar las leyes directamente”.

Se nos dice: ¿Acaso no somos más libres cuanta mayor sea la democracia? Pues no siempre y no necesariamente. Como tampoco existe garantía de que las decisiones adoptadas democráticamente sean las correctas o las más beneficiosas (y no hay que remontarse a Hitler estos días precisamente). Asusta que el avance de la democracia plebiscitaria sea en paralelo a la deforestación de políticos con coraje para defender planteamientos. Porque lo que suele terminar ocurriendo es que nos empujan a los referéndums para eludir la responsabilidad que implica el cargo para el que fueron elegidos (democráticamente, sí).

Si los británicos votaron en contra de lo que su parlamento opinaba mayoritariamente en su día, lo democrático hubiera sido disolverlo y que el pueblo hubiera elegido una cámara de mayoría ‘brexiter’ para activar y gestionar la desconexión con la UE. Sojuzgarlo a la voluntad popular y, lo que es peor, dejarse sojuzgar sin un mínimo rasgo de valor (Stevens y Siddiq son valientes excepciones) es una claudicación en el ejercicio de la representación política: la cuna del parlamentarismo abriendo sus compuertas al avance del populismo.

Lo que va a ocurrir en Westminster es una violación de la democracia auténtica en nombre del pueblo soberano pues, como escribe Kennedy, “la verdadera democracia, que vive, crece e inspira, pone su fe en el pueblo; fe en que el pueblo no elegirá simplemente a hombres que representen su opiniones con aptitud y fidelidad, sino que también elegirá a hombres que desarrollen escrupulosamente su criterio; fe en que el pueblo no condenará a aquellos cuya devoción a los principios les obligue a adoptar impopulares actitudes, sino que premiará el valor, respetará el honor y reconocerá la justicia”.

Este es el camino. Antiguo y sin atajos.


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