Lo pueden ejercer China, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Amnistía Internacional pidió a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia) a que, 70 años después de la creación de las Naciones Unidas, renuncien a su derecho de veto en situaciones de genocidio y crímenes de guerra o contra la humanidad.
Ésta es una de las propuestas recogidas en su Informe Anual 2014/15, hecho público, con el fin de que mejore la situación de los derechos humanos en el mundo, se haga frente al “nuevo rostro” de los conflictos y se proteja a la población civil de la violencia cometida por Estados y grupos armados. Aseí, el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, señala que los informes anuales de esta organización tienen tradicionalmente la cubierta en negro, pero “el de este año es especialmente negro porque contiene datos devastadores”.
Sin embargo, apunta que la “catastrófica” situación de los derechos humanos “tiene soluciones”, por lo que Amnistía Internacional “va a hacer campaña” en cuatro aspectos. Uno de ellos es que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad renuncien a su derecho al veto en los casos de crímenes masivos.
“Naciones Unidas nació hace 70 años para que nunca más ocurrieran los horrores de la II Guerra Mundial y cumpla con su obligación de proteger a los civiles. El único órgano con capacidad legal indiscutible para toda la humanidad es el Consejo de Seguridad. ¿Cómo podemos sacarlo de la parálisis? Que Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Reino Unido renuncien a su derecho al veto en situaciones de genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad”, comenta.
Para Beltrán, existen varias fórmulas para ello: un código de conducta auspiciado por Francia y que cuenta actualmente con el apoyo de 40 países o a través de un tratado o una convención internacional.
¿Qué pasaría si China, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia renuncian a su derecho a veto?
La renuncia al derecho de veto supondría, por ejemplo, el envío de observadores sobre el terreno en casos de conflicto, el embargo de armas, sanciones económicas a gobernantes, denunciar a un país ante el Tribunal Penal Internacional o el uso de la fuerza en determinados casos.
Por su parte, Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (Iecah), profundiza en esta propuesta: “Hace 10 años se discutía democratizar la ONU y una de las propuestas era eliminar el derecho de veto en cualquier circunstancia. Hoy no se habla nada de eso y sería la expresión de la voluntad de esos cinco países para renunciar al veto cuando no estén en juego sus intereses vitales”.
Las otras tres próximas campañas de Amnistía Internacional se centrarán en restringir el uso de armas indiscriminadas en zonas densamente pobladas, impulsar el Tratado sobre el Comercio de Armas (que entró en vigor en la pasada Nochebuena) y que en la política antiterrorista no se emplee la vigilancia masiva de la privacidad de las personas.