Asociaciones que representan a los pacientes anticoagulados y cardiovasculares denunciaron este martes que la Comunidad de Madrid establece que “una persona tiene que haber sufrido dos ictus para tener acceso a los Anticoagulantes Orales de Acción Directa (ACOD)”, un tratamiento que proporciona “una oportunidad de mejora, en términos de calidad y cantidad de vida”, con respecto a los antagonistas de la vitamina K, como el sintrom, según explicó el presidente de la Asociación Madrileña de Pacientes Anticoagulados (AMAC), Juan Manuel Ortiz Carranza.
El presidente de la Asociación Freno al Ictus, Julio Agredano, señaló en rueda de prensa que del total de personas que sufren un ictus “el 30% muere, el 40% queda con una discapacidad tan grave que ocasiona una dependencia y solo un 30% acaba con secuelas moderadas o leves”, por lo que destacó que “si sobrevivir al primero es complicado, al segundo ya es bastante más complicado no solo sobrevivirlo, sino sobrevivirlo con secuelas moderadas”.
Además, Agredano afirmó que “hay que democratizar la rehabilitación” porque la sanidad pública solo cubre tres meses y “la rehabilitación privada es efectiva y es muy buena, pero es cara”.
Por su parte, Ortiz Carranza recordó que en España existen más de 800.000 pacientes que siguen tratamientos anticoagulantes para prevenir tromboembolismos venosos y arteriales, según los datos de la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados, y entre estos pacientes «los valvulares tenemos que seguir agarrándonos al sintrom, pero solo somos el 16%”.
Además, destacó que mientras que los Anticoagulantes Orales de Acción Directa tienen una incidencia del 13% en la Comunidad de Madrid, en Cantabria es del 29,4%, por lo que consideró necesario «desarrollar un consenso a la hora de igualar el uso de estos fármacos y definir un método homogéneo y válido para evaluar el control de la anticoagulación en todas las comunidades autónomas”.
Por último, el presidente de la Asociación de Pacientes Coronarios (Apacor), José Luis Jiménez Arana, afirmó que, a pesar de ser este tratamiento más caro que el basado en el sintrom (60 euros al mes en vez de 3 euros al mes), “habría que estudiar el coste de efectividad total”, porque además de “facilitar la duración, la calidad de vida y la recuperación para la sociedad”, no se necesita una monitorización como con el sintrom y ayuda a que no se produzcan nuevos episodios que requieran de hospitalización.