Lunes 27/11/2017.

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Los altos precios de la vivienda disparan la fuga de trabajadores de Baleares

  • El negocio inmobiliario y los pisos turísticos están expulsando a los residentes habituales de las islas
  • Plataformas como Airbnb o Wimdu contribuyen a aumentar los precios del alquiler, generando una nueva burbuja inmobiliaria

Las Islas Baleares, y especialmente Ibiza, representan uno de los ejemplos más evidentes del proceso de gentrificación que afecta a las ciudades españolas. El aumento de los precios del alquiler como consecuencia de la proliferación de los pisos turísticos (promovidos por plataformas como Airbnb o Wimdu) está generando una nueva burbuja que, entre otras cosas, expulsa a los residentes de las islas.

Para hacerse una idea de la gravedad de la situación, basta con saber que estas circunstancias económicas están afectando gravemente a sectores bien remunerados como el personal sanitario de los hospitales, los profesores y los policías destinados a las islas. Por si fuera poco, el problema se podría agravar a raíz de la aprobación del Govern balear, gobernado por el PSIB-PSOE y los nacionalistas de Més, del proyecto de decreto para que el catalán sea un requisito obligatorio en la sanidad pública de Baleares.

Proceso de gentrificación

El negocio inmobiliario y los pisos turísticos están expulsando a los residentes habituales de algunas zonas de Palma, consecuencia del encarecimiento de la compra y el alquiler de la vivienda, ahondando en el proceso de gentrificación que sufren las ciudades españolas. La gentrificación es un proceso por el cual la población de esa zona es sustituida por otra con mayor poder adquisitivo. De modo que la gente que tiene unos ingresos económicos bajos acaba siendo expulsada de la zona por la presión que ejerce el elevado precio del alquiler. Y el mercado inmobiliario tiene su parte de responsabilidad por su tendencia especulativa.

La masificación turística en las islas tampoco contribuye a aliviar el problema, fenómeno relacionado con el auge de los mencionados apartamentos turísticos. La oferta de viviendas normales para uso turístico aumenta la demanda en el mercado, lo que genera un bucle inflacionista, así como un proceso de saturación.

En el caso de Ibiza, estos ingredientes entremezclados han provocado una situación de emergencia habitacional en el sector sanitario. Hasta el punto de que el Govern este año se ha visto obligado a habilitar el viejo hospital de Can Misses para acoger al personal sanitario que no podía hacer frente a los costes de la vivienda.

Este año, la locura inflacionista ha llegado hasta niveles insostenibles y el precio medio del alquiler se ha situado en torno a los 1.600 euros por un piso de dos habitaciones, según Luis Gonzaga, portavoz de la Plataforma de Afectados por los Alquileres. Es el precio más alto de toda España, por encima de las ciudades españoles más caras, como Barcelona o San Sebastián.

Esto ha llevado a sufrir a parte de la población nuevas formas de pobreza moderna que consisten en tener trabajo pero vivir en una caravana o en un coche.

Regulación de los alquileres turísticos

Dada la gravedad de la situación, el Govern ha intentado hacer frente al problema ante las críticas de la oposición y las quejas de la ciudadanía y los movimientos sociales. Este verano el Parlament aprobó la modificación de su propia ley del alquiler turístico mediante un decreto ley para regular y ordenar el negocio del alquiler turísticos de pisos. La ley del alquiler vacacional del PP de la pasada legislatura prohibía totalmente el alquiler turístico de los pisos. La nueva ley, aprobada el 18 de julio en el Parlament por los partidos de izquierda (PSIB, Més y Podemos), pretende ordenar este tipo de alquiler, muy habitual en el caso de Palma.

Con la nueva ley, el alquiler de pisos a turistas continuará prohibido en Baleares hasta que los consells insulars y el Ayuntamiento de Palma determinen en qué zonas y con qué condiciones se autoriza. El plazo para decidir si se permite y en qué condiciones se hace es de un año. En este sentido, es posible que en Palma sea legal el alquiler vacacional de la vivienda habitual durante un máximo de 2 meses, siguiendo el ejemplo de Amsterdam. En Ibiza probablemente se mantenga la prohibición en toda la isla.

La nueva legislación busca acabar con la oferta ilegal de alquileres turísticos a través de plataformas digitales, así como limitar el aumento desorbitado de los precios del alquiler y otorgará a las comunidades de vecinos la capacidad para vetar estas actividades en sus inmuebles. Asimismo, quien quiera comercializar estos pisos por plataformas sociales tendrá que registrarlos ante la consejería de Turismo.

El catalán, requisito obligatorio

Si ya de por sí la situación era complicada para el personal sanitario, ahora podría empeorar. El PSIB, que gobierna con los nacionalistas, ha aprobado un proyecto de decreto para imponer el catalán como requisito obligatorio para ejercer en Baleares, después de las fuertes presiones que la formación nacionalista ha ejercido sobre los socialistas.

El decreto ha sido rechazado por prácticamente todos los sindicatos y agentes sociales, desde el Sindicato Médico de Balears (Simebal) hasta el Sindicato de Enfermería (Satse), pasando por CCOO y el CSIF. La futura norma establece que el catalán será un requisito para auxiliares (B1, nivel básico), enfermeros y médicos (B2, nivel avanzado) de la sanidad pública.

Tanto el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) como el Sindicato de Enfermería (Satse) han anunciado que impugnarán el decreto por la fuga de personal que podría ocasionar y la falta de llegada del mismo a la isla. Ambos sindicatos defienden que el dominio de la lengua catalana sea solo un mérito y no un requisito.

Los dos principales sindicatos del sector se oponen, además, porque consideran que se debería primar la atención sanitaria por encima del posible conocimiento o no de la lengua catalana. "No podemos permitir que miles de profesionales que están dentro de nuestro sistema sanitario no tengan la opción de acudir a presentarse a unas oposiciones", explicó recientemente Jorge Tera, secretario general autonómico de Satse. Miguel Lázaro, presidente de Simebal, ha señalado que el requisito "excluyente" del catalán es una "barbaridad" y añadió que se ha "politizado la sanidad".

Por el contrario, Gabriel Lladó, director general de RRHH y Relaciones Laborales del Servicio de Salud del Govern afirma que "en ningún momento se produce una discriminación dentro de nuestro personal", tanto el fijo como el temporal, ya que "de cara al personal temporal que tenemos, nosotros continuamos contratando tengan o no la acreditación de la lengua catalana, siempre que nos falte personal para dar servicio a nuestros usuarios".

En el actual borrador del decreto se contempla una excepción con respecto a la exigencia del catalán y los profesionales foráneos que no conozcan la lengua catalana podrán optar a plazas concretas cuando haya carencia de especialistas. Dichas personas contarán con un plazo de dos años, desde el momento en que tomen posesión de la plaza, para acreditar los conocimientos requeridos.

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