Este año ha sido el más trágico para las víctimas infantiles de la violencia machista desde que hay registro. En 2017 ha aumentado hasta cifras sin precedentes el número de menores que han sido asesinados como consecuencia de la violencia de género según el Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad. En total, han sido registradas 8 víctimas, frente a una en 2016 y cuatro en 2015 y 2014. Son 29 los niños muertos a manos de las parejas o exparejas de sus madres desde 2010.
Entre los últimos casos se encuentra el de un niño de 11 años asesinado, presuntamente, por su padre en Galicia. La madre había denunciado su desaparición después de que él se lo llevara para pasar el fin de semana y no lo devolviera. La circunstancia más preocupante es que el suceso ocurrió a pesar de que el acusado tenía interpuesta una orden de alejamiento desde 2013. Como este, muchos asesinatos machistas contra mujeres y menores ocurren a pesar de haber agotado todos los recursos legales a los que pueden acudir las víctimas para protegerse.
Aunque el primer registro oficial data de 2013, los menores no fueron reconocidos como víctimas de violencia de género hasta hace dos años, según figura en la Ley de la Infancia y la Adolescencia. Esta reforma introdujo entonces cambios reconociendo como víctimas directas a los hijos de aquellas mujeres que sufren violencia de género y declaraba a los hijos de las víctimas como sujetos de la protección que la ley brinda a las mujeres. Dos años después, hemos alcanzado una cifra record de muertes infantiles.
El abandono institucional de los huérfanos
Además de los niños asesinados, alrededor de 40 niños pierden cada año a su madre como consecuencia de la violencia machista. Organizaciones como la Fundación Mujeres denuncian que todos quedan abandonados y estigmatizados por parte de los poderes públicos. Tras la muerte de sus madres lo más común es que los hijos pasen a estar a cargo de la familia materna o servicios sociales, pero preocupa la alta cifra de ellos que quedan al cuidado de los allegados del padre con el que aún mantienen contacto.
Actualmente son alarmantes las carencias en las líneas de apoyo y atención a los huérfanos. A las repentinas y trágicas circunstancias a las que tiene que enfrentarse la familia acogedora, se suma la inestabilidad y falta de apoyo económico que les engulle y acaba desembocando en el abandono temprano de los estudios por parte del menor, que tiene que lidiar también, a veces durante meses, con la sentencia sin resolver de su progenitor.
Los niños están en riesgo tras la denuncia y durante la separación
Los niños están expuestos a una violencia constante en su convivencia con el maltratador. Sufren como testigos del peligro al que están sometidas sus madres y las consecuencias postraumáticas de estas vivencias pueden ser irreparables. Sin embargo , cuando la madre decide separarse o denunciar, el riesgo de actos violentos se extiende hasta los menores y la situación empeora. Este es el motivo por el que solo una de las madres de víctimas infantiles hubiera recurrido a la ley este año.
Tras la huida, los hijos en común pasan a convertirse en el contenedor para la rabia del agresor y son utilizados para la venganza . La motivación de dañar a la madre se materializa en muchos casos a través de la pérdida de los niños. Por esto, cada vez son más los psicólogos que se niegan a disociar el rol de pareja del rol parental y exigen que en el establecimiento de visitas se tome una perspectiva de género.