Miércoles 21/08/2019.

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Así viven los etarras, violadores y asesinos liberados

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La vida, un año después del fin de la doctrina Parot

  • Su salida de prisión, motivada por la derogación de la doctrina Parot, estuvo envuelta en la polémica.
  • Un año después, la mayoría de estos criminales han optado por volver a sus pueblos de origen. Los etarras, apenas se relacionan con los vecinos. Pederastas y violadores múltiples no pueden ser objeto de vigilancia exhaustiva, a pesar de su alto riesgo de reincidir.
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  • Miguel Ricart, asesino de las niñas de Alcasser, a su salida de prisión EFE

En enero de este año, 60 expresos etarras se reunían en Durango (Vizcaya) para, entre otras reclamaciones, exigir al Gobierno el “derecho a decidir” del pueblo vasco y también la salida de los reclusos que siguen en prisión.

A este acto político acudían algunos de los miembros de ETA  que habían sido excarcelados sólo unas semanas antes,  tras la sentencia de Estrasburgo que ponía fin a la “doctrina Parot”. Entre ellos, líderes históricos de la banda, como  Javi de Usánsolo o Kubati, elegido como portavoz y encargado de leer el texto en castellano dirigido al Ejecutivo.

La polémica celebración, autorizada sólo unos minutos antes por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz,  fue también una de las escasas ocasiones en las que estos presos liberados tras la derogación de la Parot se han visto en público. Desde su salida de prisión, la mayoría mantiene una vida discreta y sin apenas relaciones. Muchos, en sus pueblos de origen, en aquellos en los que se criaron o residían antes de su entrada en la cárcel.

Inés del Río. Fue la etarra que motivó la derogación y la primera en conseguir la excarcelación. Condenada a más de 3.800 años de cárcel por 24 asesinatos perpetrados por el sanguinario comando Madrid en los años 80, Del Río abandonó la cárcel coruñesa de Teixeiro el 22 de octubre pasado. Lo hizo tapada con una ikurriña y arropada por algunos familiares y amigos.

Desde entonces, la etarra vive casi recluida en Tafalla, la localidad navarra en la que nació y a la que se trasladó de inmediato. Allí sólo conserva una vivienda, en la que ya no viven sus familiares.  Hace años que la familia se trasladó a Valtierra, una localidad cercana, y con ellos apenas conserva relación. Sólo de vez en cuando, acude a Navarra para visitar a su hermana pequeña, Cristina.

En la localidad navarra, Del Río vive arropada por amigos, aunque prácticamente refugiada en su casa, de la que sale apenas para practicar deporte. Ni siquiera acudió a aquella reunión en Durango, tras excusar motivos personales. Al parecer, una depresión provocada por la inadaptación a la vida en libertad.

José Antonio López Ruiz, Kubati.  El 14 de noviembre, la Audiencia Nacional lo dejó en libertad, junto a otros 12 presos. Considerado uno de los líderes más sanguinarios de ETA, había sido condenado a  1.210 años de cárcel por 13 asesinatos y 8 atentados con muerte, de los que cumplió 26 en prisión.

Tras la salida de la cárcel, Kubati se instaló en casa de su madre, en Elorrio (Vizcaya), el pueblo en el que, tras la Guerra Civil, habían recalado sus progenitores,  en busca del trabajo que por aquel entonces avivaba en la industria vasca. En la localidad, fue recibido por muchos vecinos como un héroe. También por su alcalde, del PNV, que permitió que se colocase un cartel de respaldo a los etarras. Sin embargo, desde entonces, apenas se deja ver por el pueblo, a pesar de que entre sus planes podría estar el de postularse como candidato a la alcaldía el próximo año.

Txomin Troitiño. Condenado a 2.895 años por 25 asesinatos cometidos por el sanguinario 'comando Madrid' de ETA y autor, entre otros, del atentado  contra un autobús de la Guardia Civil en la plaza de la República Dominicana de Madrid, en el que murieron doce agentes y hubo más de medio centenar de heridos,  Trotiño fue otro de los históricos dirigentes de la banda beneficiados por el fin de la doctrina Parot. El etarra, que cumplía condena en Londres, quedó en libertad en octubre pasado.

En febrero, sin embargo, fue detenido, también en la capital británica, por su presunta reintegración a ETA. Las autoridades españolas le reclaman por  obtener supuestamente de la banda los documentos de viaje falsos que se le hallaron en su primer arresto en un piso de Londres hace dos años, algo que él niega. El 17 de octubre se conocerá si es extraditado.

Entre tanto, Trotiño vive con unos conocidos-un matrimonio con una hija pequeña- en una zona residencial del noreste de Londres, sometido a un régimen de libertad condicional que le obliga a fichar cada día en comisaría. El barrio cuenta con frecuente vigilancia policial, ya que los servicios de inteligencia británicos consideran que en esa zona residen  terroristas con vínculos con Al Qaeda.

Etarras que vuelven al lugar de sus crímenes. En sus localidades de origen, en aquellas en las que crecieron, muchos etarras cometieron sus asesinatos. Y a ellas volvieron después, tras su salida de prisión. Es el caso, entre otros, de Juan José Zubieta. Condenado a 1.851 años de cárcel, en su macabro historial,  uno de los más sangrientos de la banda, se cuentan hasta 55 atentados frustrados, ocho asesinatos y dos atentados con muerte, entre ellos, el atentado contra la casa cuartel de Vic, que causó nueve muertos, cinco de ellos niños, y 44 heridos.

Tras ser excarcelado, el año pasado, este etarra regresó a su localidad natal, Lecumberri (Navarra).  La misma en la que, en 1990, había atentado con granadas contra la Casa Cuartel, causando heridas a cinco guardias civiles.  En el pueblo, gobernado por Eusko Alkartasuna, fue bien recibido, aunque apenas mantiene ahora relación con los vecinos.

Otro caso similar es el de Juan Carlos Arruti, otro de los etarras con más crímenes a sus espaldas y que cumplía condena de 1.285 años de prisión por diez atentados y catorce asesinatos. Tras su salida de la cárcel de Alcolea (Córdoba), volvió a Azpeitia (Guipúzcoa), donde en 1980 acabó con la vida del  propietario de un bar de la localidad, Ignacio Lasa de Rezola, a quién asesinó mientras leía el periódico en el establecimiento.

Precisamente en julio de este año, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso que había presentado el etarra antes de su salida de prisión en el que pedía que se le computara en su condena un periodo de cuatro años de prisión provisional, que le hubiera supuesto la reducción equivalente en  el tiempo de estancia en la cárcel.  El fallo se conoció cuando el etarra llevaba ya ocho meses en libertad.

Actos de bienvenida. Preso durante 28 años por seis asesinatos y cuatro atentados con muerte, el considerado en su día máximo responsable de comandos de ETA, Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Txikierdi, salió de la cárcel de Sevilla en diciembre del año pasado tras la derogación de la Parot. En Rentería, donde tiene la casa familiar y donde actualmente reside con su madre y su hermano mayor, fue recibido con entusiasmo por sus vecinos. A su llegada,  en la localidad se podía ver una pancarta en la que se leía “Después de 29 años, Txikierdi en casa”. Idéntica bienvenida recibieron la mayor parte de etarras liberados.

Estos actos fueron denunciados por distintas asociaciones, por considerarlos una humillación a las víctimas. Sin embargo, de entre todos ellos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solo presentó una denuncia por delito de enaltecimiento del terrorismo contra las personas que recibieron el 27 de noviembre en Galdakao a Javier Martínez Izaguirre, Javi de Usansolo. Condenado a 744 años de cárcel por seis asesinatos, entre ellos el de un niño de tres años, Fabio Moreno, hijo de un guardia civil, Usansolo fue recibido con cuatro pancartas que decían 'Bienvenido Jabi', Tu lucha es nuestro ejemplo', 'El pueblo está orgulloso de ti' y 'Presos vascos a casa', antorchas, vítores y cohetes.  El juez Santiago Pedraz decidió en cambio archivar la causa.

Tampoco se investigó el entusiasta recibimiento a otros presos liberados, como Juan Ignacio Delgado Goñi,  recibido por  40 personas con ikurriñas y banderolas con la leyenda 'Euskal presoak etxera (presos vascos a casa)' a su llegada a Legazpi (Guipúzcoa).  Tampoco se apreció delito en el caso de Inmaculada Pacho, a quien se dispensaron vítores en el Casco Viejo de Bilbao, donde también se había colocado una pancarta en la que se leía 'Inma Pacho. 23 años después de nuevo entre nosotros. Ni un minuto más. Los que faltan a casa". Ni en el Juan José Legorburu Guerediaga, en Amorebieta (Vizcaya), donde varias decenas de personas aplaudieron al paso del coche en el que circulaba, lanzaron petardos y colocaron dos pancartas en las que se le daba la bienvenida.

Sin prestación por desempleo. A comienzos de año, el Gobierno decidió endurecer los requisitos para que los etarras accediesen a la prestación por desempleo para exreclusos establecida por ley,  426 euros durante seis meses ampliables. Desde entonces, para acceder a ella es requisito que los excarcelados pidan perdón a las víctimas y que existan informes que acrediten que el preso está realmente desvinculado de ETA.

Ello ha provocado que muchos de estos etarras hayan visto desestimada su petición de subsidio. En julio de este año, un juzgado de Eibar (Gipuzkoa) se la negó a dos etarras excarcelados tras la Parot. Jesús María Zabarte, conocido como el Carnicero de Mondragón y autor, entre otros, del asesinato de un niño, José María Piris, e Íñigo Acaiturri, condenado por el asesinato, en 1986, de un camarero de Zumaia (Gipuzkoa), al que ETA consideraba miembro de los GAL. Zabarte salió de prisión tras cumplir 28 años entre rejas de los 618 a los que fue condenado, Acaiturri fue excarcelado después de pasar 22 años en prisión de una condena de 60.

La vida de los violadores, pederastas y asesinos múltiples liberados

Esta misma semana, Félix Vidal Anido era condenado a 21 meses de cárcel por asaltar, en abril,  a una mujer, en la puerta de su domicilio, en Lugo. Hacía apenas cuatro meses que el conocido como “violador del estilete”  había salido de la cárcel tras cumplir 32 años de los 70 a los que fue condenado por varios violaciones. Dos de ellas, cometidas en la misma ciudad, en 1987, y consideradas muy violentas.

Vidal Anido es uno de los 16 asesinos y violadores múltiples excarcelados tras el fin de la doctrina Parot, que provocó también que estos agresores, a los que se les había alargado la pena por una sentencia de 2006, saliesen de prisión. La mayoría lo hicieron en noviembre y diciembre del año pasado. 

La excarcelación de estos agresores se encontró con la  indignación de sus víctimas y la preocupación de los vecinos. Especialmente, por los escasos mecanismos para su vigilancia. La sentencia de Estrasburgo determina que estos presos liberados deben gozar de total libertad de movimientos, de forma que sobre ellos no cabe más que un seguimiento “no invasivo”, esto es, una mera vigilancia en las zonas en las que residen o en aquellas que se consideren de riesgo para una posible reincidencia.

Tampoco les son de aplicación, por haber cometido sus delitos con anterioridad,  las medidas contempladas en la reforma del Código Penal de 2010, la que actualmente está vigente y que establece, por ejemplo, que los excarcelados deberán someterse a ciertas medidas de seguridad durante un plazo máximo de diez años. Entre esas medidas está la de llevar dispositivos electrónicos o acudir a “fichar” al juzgado.

Tampoco les sería de aplicación la anunciada nueva reforma, actualmente encuentra en trámite parlamentario, y que permitiría ampliar esa “libertad vigilada” de forma indefinida, según lo considere un juez. En cualquier caso, esta reforma tampoco  podría imponerse con carácter retroactivo.

Estos obstáculos para el seguimiento policial contrastan sin embargo con el elevado riesgo de reincidencia de algunos de estos reclusos, acreditado en los distintos informes presentados por los equipos médicos de prisiones encargados de tratarles durante su estancia en la cárcel. Todos estos documentos confirmaron que ninguno de ellos se había sometido en la cárcel a un programa de tratamiento, con lo que el riesgo de reincidencia se considera elevado.

Así es la vida de otros presos liberados tras el fin de la Parot.

Emilio Muñoz, el asesino de Anabel Segura. El 12 de abril de 1993, Emilio Muñoz, junto con Cándido Ortiz, fallecido en prisión, cometió uno de los asesinatos que más conmocionaron a la sociedad española, el de la joven Anabel Segura, a la que habían secuestrado en la urbanización de La Moraleja, en Madrid, y mataron después en una fábrica de cerámicas abandonada en Numancia de la Sagra (Toledo).  Por aquel crimen, Muñoz fue condenado a 43 años de cárcel. Sin embargo, salió el año pasado, tras la derogación de la doctrina Parot, abandonó la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), después de cumplir 18 años entre rejas.

Salió de la cárcel arrastrando un carrito con sus pertenencias, fumando un cigarrillo y pidiendo perdón, “No me considero un peligro, cometí un error grave que asumí. No se puede hacer nada, Estrasburgo ha hecho Justicia”, expresó ante los periodistas.  A su salida, nadie le esperaba, con lo que pidió el móvil a uno de los informadores  para llamar a su hijo para que fuese a recogerlo.  “Ya he salido en libertad”, fue lo único que le dijo. Tras su excarcelación,  se instaló en el distrito madrileño de Vallecas, en casa de su madre, ya fallecida, y solicitó la prestación por desempleo a la que los presos tienen derecho tras su salida de la cárcel.

Juan Manuel Valentín Tejero. El mismo día y de la misma cárcel, salió Juan Manuel Valentín Tejero, otro de los protagonistas de la trágica crónica negra española. En 1992, fue condenado a 63 años de cárcel por  secuestrar, violar y asesinar a golpes a una niña de nueve años, Olga Sangrador, en la localidad vallisoletana de Villalón de Campos, cuando disfrutaba de  un permiso penitenciario en su condena por dos violaciones, abuso sexual a menores y exhibicionismo.

Valentín Tejero, de 52 años, abandonó la prisión tras cumplir 21 años de cárcel y empleó el billete de  autobús al que los presos tienen derecho tras su salida de prisión para viajar a Valladolid, donde vive la familia que le queda. En uno de los dos pisos que sus padres, ya fallecidos, tenían en la capital vallisoletana  fijó finalmente su residencia. En el barrio de La Victoria, donde está ubicado este inmueble, y antes de iniciarse en su carrera delictiva, Valentín había regentado un kiosco, hoy en alquiler.

Hace años que sus familiares decidieron romper todos los lazos con él.  Ni  sus dos hermanos, ni tampoco  su exmujer ni sus dos hijos, de 33 y 35 años, quieren saber nada del exrecluso. De hecho, durante su estancia en prisión,  no recibió ninguna visita.

Como es habitual en estos presos, Valentín Tejero se ha cuidado de modificar la imagen que lucía tras la salida de prisión. Durante meses había ideado cómo sería aquel aspecto que captarían todas las cámaras: aspecto desaliñado, mirada camuflada por unas gafas de sol, una barriga falsa construida a base de capas de ropa, melena canosa y barba larga. Sin embargo, su imagen actual dista bastante de aquella. Tras abandonar la cárcel, se afeitó y se rapó. Tampoco queda ni rastro del supuesto exceso de peso.

Su salida de prisión fue recibida con temor e indignación entre los vecinos, especialmente, tras conocerse que los informes psicológicos alertaban de que el preso no estaría rehabilitado y que presenta un elevado riesgo de reincidencia. Según los médicos que le han tratado en la cárcel, Tejero nunca  ha mostrado conciencia de su crímen y siempre ha rechazado someterse a los programas de tratamiento en prisión.

Tras la excarcelación, la Policía activó el protocolo de “vigilancia no invasiva” en aquellas zonas en las que Tejero se desenvuelve normalmente y en entornos con mayor riesgo de que vuelva a delinquir, como las zonas próximas a centros escolares.  El dispositivo, no obstante, está muy limitado por la sentencia de Estrasburgo y  por la Audiencia de Valladolid, que recordó también que Tejero no tendría limitados sus movimientos. Los agentes están obligados a respetar su libertad y no pueden actuar sobre su vivienda ni sobre él mismo.

No obstante, Valentín Tejero sí tiene prohibido regresar a Villalón de Campos (Valladolid), la localidad en la que residía su víctima, hasta noviembre de 2019, en virtud del "destierro" que le impuso la Audiencia Provincial de Valladolid. El exrecluso había presentado un recurso de súplica para que ese destierro no se aplicase desde su reiente excarcelación, sino desde abril de 2012, la fecha en la que hubiera salido de prisión si no se le hubiese aplicado la doctrina Parot. No obstante, la Audiencia desestimó finalmente este recurso.

Miguel Ricart, asesino de las niñas de Alcasser. También de la cárcel de Herrera de la Mancha salió dos días después el único condenado por el triple crimen de Alcàsser (Valencia), Miguel Ricart. Condenado en 1997 a 170 años de cárcel por el secuestro, violación y asesinato de las adolescentes  Miriam García, Toñi González y Desirée Hernández en noviembre de 1992, Ricart abandonó la  prisión cubriéndose la cabeza con una capucha y sin que nadie le esperase en la puerta. Después, cogió varios autobuses y deambuló por la geografía española. A Madrid, luego a Córdoba y de ahí, a Barcelona, hasta llegar por absoluta casualidad, a Girona. En esta ciudad, en la que permaneció varias semanas, vivió como un mendigo, frecuentando albergues y comedores sociales, siempre bajo especial seguimiento de los Mossos d'Esquadra.

A mediados de diciembre, en cambio, Ricart cruzó la frontera francesa y en el país galo se pierde su pista. No se sabe donde reside ni cuenta tampoco con medidas de vigilancia.

El violador del ascensor.  Condenado a 273 años de cárcel, de los que cumplió 20, Pedro Luis Gallego fue otro de los asesinos liberados tras el fin de la doctrina Parot. En 1992, mató a dos jóvenes, Leticia Lebrato, de 17 años, en Valladolid, y Marta Obregón, de 19, en Burgos. Además, se le condenó por 18 agresiones sexuales y violaciones, seis de ellas cometidas contra menores de edad.  Mecánico de ascensores, accedía a las viviendas de sus víctimas gracias a su profesión, y por ello, fue conocido desde entonces como “el violador del ascensor”.

Antes de salir de prisión,  Gallego comunicó a Instituciones Penitenciarias que su residencia estaría en Valladolid, aunque en algún momento ha sido visto también en Madrid, donde podría tener una pareja. Como en los casos anteriores, la policía lleva a cabo una “vigilancia no invasiva”, pero desde entonces, los vecinos han trasladado su preocupación por la insuficiencia de este seguimiento. El temor fue tal en los primeros días tras la salida de prisión que el subdelegado de Gobierno en la provincia, Antonio Martínez, reconoció que existía en la ciudad “cierta psicosis colectiva y social”.  

El loco del chándal.  La excarcelación de Manuel González González, “el loco del chándal”, provocó también la indignación en la localidad sevillana de Almadén de la Plata, de donde es natural  y a donde regresó el 28 de diciembre, tras abandonar la cárcel de Brians (Barcelona). Al igual que el resto de violadores y asesinos liberados tras el fin de la Parot, salió de la cárcel  totalmente camuflado con gafas oscuras, gorro y ropa abundante.

González había sido condenado a 169 años de cárcel por agredir y atacar, entre entre 1991 y 1993, a 16 mujeres, algunas menores de edad. Una de ellas, Carmen Díaz, de 31 años, murió desangrada por el macabro modus operandi que seguía el agresor: clavarles navajas en los glúteos.

Salió de la cárcel, según los servicios médicos de prisión, sin señal alguna de arrepentimiento ni estar rehabilitado.  El informe, elaborado a petición de la misma Sección Novena de la Audiencia de Barcelona, era demoledor. En él, se incluía un dictamen del psicólogo de la prisión, que no consideraba creíbles las manifestaciones del preso y se afirmaba además, que Gallego tiene un alto sentimiento de «hostilidad y venganza hacia el sistema judicial y penitenciario». En el penal, no había seguido ningún tipo de tratamiento.

La alarma generada fue tal que, unos días antes de la excarcelación el tribunal que juzgó y condenó al agresor reunió a sus víctimas para ofrecerles todos los datos y el apoyo de servicios especializados.

En Almadén de la Plata, González ha hecho hasta ahora una vida tranquila, ante la preocupación de los vecinos. A diario, uno o dos coches de la Guardia Civil- que deben desplazarse desde un municipio cercano- patrullan esta pequeña localidad, de apenas 1.500 habitantes y de la que la familia del preso había emigrado cuando éste apenas tenía cinco años, para instalarse en Cataluña.

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