El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la Proposición de Ley (PL) del PSOE para que las personas trans cambien legalmente de sexo y nombre y permite a los menores de 16 años hacerlo con la aprobación de sus padres.
En caso de que estos se opusieran, los menores pueden acudir al Ministerio Fiscal para que un juez resuelva el caso teniendo en cuenta siempre el interés superior del menor, según el texto recogido en la PL.
El proyecto de ley considera que incluir a los menores es imprescindible para cumplir con el artículo 14 de la Constitución que expresa «la prohibición de la discriminación por razón de edad», así como otros artículos que la ley podría estar vulnerando al vetar a niños, niñas y adolescentes, según la jurisprudencia que sentó el Tribunal Supremo en un fallo de 2016.
El pleno ha aprobado la iniciativa esta mañana con 200 votos a favor y 128 en contra (entre ellos los diputados del PP), por lo que ahora empieza el trámite parlamentario para acabar con los requisitos médicos y psicológicos previos al momento de la modificación de sexo y nombre en los registros para cambiar documentos oficiales como el DNI o el pasaporte.
Despatologización de la transexualidad
Estas son las dos modificaciones más importantes de la Ley 3/2007 que ha aprobado el Congreso a proposición del grupo socialista. La propuesta, que pretende despatologizar a las personas trans, quiere poner fin a la obligación que tienen de aportar un diagnóstico médico o psicológico que acredite que la persona padece de disforia de género. La propuesta tampoco exige el requisito de que las personas interesadas hayan sido tratatas un mínimo de dos años «para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado», como indica la norma actual.
De este modo, pedir el cambio de sexo en el Registro Civil será suficiente con la voluntad y el deseo expreso de la persona interesada, sin necesidad de presentar pruebas quirúrgicas, tratamientos hormonales o psicológicos ni de ningún otro tipo, reconociendo la diversidad sexual y la libre autodeterminación de género. «Se trata de una reforma que erradica la patologización de las identidades transexuales, al eliminar las exigencias de informes o de tratamientos médicos», explicó la diputada socialista Lola Galovart en defensa de la propuesta presentada el martes en la sesión plenaria.
La reforma, además, también incluiría a las personas extranjeras residentes en España, con la que podrán pedir que los documentos que aquí se expidan para ellos respeten su identidad sexual. El texto propuesto especifica la inclusión en la tarjeta de residencia y el permiso de trabajo a «las personas extranjeras que no hayan rectificado su nombre en sus países de origen y acrediten que para ellas es un riesgo hacerlo». El texto finaliza con una modificación que reconoce explícitamente a las personas intersexuales también como beneficiarias de la propuesta.
«La tramitación de la reforma de la Ley 3/2007 no puede ser sino una buena noticia para todas las personas que creemos en la igualdad. Se trata de recuperar la dignidad de las personas trans que, hoy por hoy, siguen siendo consideradas enfermas por la legislación española», ha explicado a teinteresa.es Jesús Generelo, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais Transexuales y Bisexuales (FELGTB).
Marco más amplio
Los colectivos LGTBI han celebrado el avance que representaría el nuevo marco legal pese a que apuestan por uno más amplio. La nueva reforma ya está incluida en la ley LGTBI (elaborada por la FELGTB y presentada por Unidos Podemos) que tramita el Congreso con la abstención del PP y que permanece todavía en el periodo de enmiendas. Un marco que también contempla la propuesta de Ley Trans estatal, redactada por la Plataforma por los Derechos Trans.
«Estas nuevas propuestas son dos maneras de considerar a las personas trans ciudadanas de primera. Ambas abren el camino a que personas trans menores de edad y migrantes también puedan recibir la ayuda y la atención que necesitan para alcanzar la felicidad y el bienestar que merecen», ha explicado Jesús Generelo a este diario.
El presidente de la federación de asociaciones explica que la ley LGTBI (que todavía no ha sido aprobada), «sigue siendo necesaria y urgente porque establece las herramientas que permitirán la igualdad real para uno de los colectivos más vulnerados y en riesgo de exclusión social».
Para la FELGTB es incomprensible que el PP haya decidido no sumarse a unos avances que el colectivo considera imprescindibles para avanzar en justicia social. «Nuevamente los prejuicios y la intransigencia se ponen por delante de la felicidad de la ciudadanía, lo cual es muy triste», concluyó.