Miércoles 27/09/2017.

| España

España

Delito de sedición: hasta 15 años de prisión para los hostigadores de las protestas en Barcelona

  • La Audiencia Nacional investiga las protestas de la madrugada del 20 de septiembre como posible delito de sedición
  • HEMEROTECA: La CUP pide "resistencia pacífica" ante el registro de su sede en Barcelona

A cuatro días de la celebración del referéndum de autodeterminación, la Audiencia Nacional mete baza en el asunto. Motivada por la Fiscalía, la juez Carmen Lamela abrirá investigación sobre las protestas en Barcelona del pasado 20 y 21 de septiembre contra la actuación de las autoridades. Según el auto, estas protestas podrían encajarse en un posible delito de sedición por impedir la aplicación de la ley de forma “pública y tumultuaria” ya que el fin último de las movilizaciones podría ser, según Lamela, "romper la organización del Estado", siguiendo el relato de hechos del fiscal. 

El delito de sedicción se encajaría dentro de los delitos contra el orden público y estaría penado con 15 años de cárcel e inhabilitación permanente si el condenado es una autoridad, y hasta 10 años en otros casos. 

El pasado 20 de septiembre las autoridades tenían la orden de realizar varios registros en puntos estratégicos para la realización del referéndum, como la consellería de Economía de la Generalitat o la sede de la CUP.

Sin embargo, aquella noche no fue fácil para la Guardia Civil cumplir con las órdenes dadas. En varios de estos registros se registraron fuertes enfrentamientos con las autoridades y los simpatizantes en las calles. La situación llegó a tal punto que los Mossos se vieron obligados a intervenir en la madrugada del 20 de septiembre contra la multitud para que la Guardia Civil pudiese salir de la consellería de Economía, donde se encontraban detenidos.

En la sede de la CUP las autoridades ni si quiera consiguieron iniciar el registro.



¿Qué es la sedición?

¿En qué consiste exactamente la sedición?

El Código Penal lo categoriza como un delito contra el orden público. Concretamente castiga a aquellos que “se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes, corporación oficial, o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.


La pena puede alcanzar los 15 años de prisión

Quien comete sedición tendrá que enfrentarse a una pena de ocho a diez años.

En el caso de autoridades, como diputados, la pena podría ser de diez a quince años de prisión más inhabilitación absoluta y vitalicia. Dichas penas podrían ser impuestas tanto para los protestantes como para los instigadores o directores.

 

"Alzamiento tumultuario"


El de sedición es un delito poco frecuente en la historia de nuestra democracia. Es por ello que no existen muchas sentencias o autos que den detalles sobre qué es sedición y qué no.

Respecto a los sucesos de Barcelona, es preciso analizar la naturaleza de las  manifestaciones y protestas contra los registros y detenciones. Si la jueza Carmen Lamela considerada que existe un alzamiento tumultuario que pretendía impedir a las autoridades cumplir con la ley, cabría aplicar la pena de la sedición.

De considerar que la manifestación tenía otro objetivo, o no cumplía los requisitos para ser "tumultaria" o "pública", se tendría que archivar el caso.


¿Sedición o mera protesta?

¿En qué casos se aplica entonces la sedición?

La jurisprudencia difiere. El Supremo trató la cuestión en 1980 de forma vaga: según su auto, debe tratarse de un movimiento "abierto, exteriorizado, anárquico, inorgánico y desordenado o en tropel”. No obstante, luego deja abierta la cuestión para añadir que “nada impediría según opinión unánime, que de ser organizado y ordenado también se aplicara el precepto”.

La definición de tumulto resultará clave para dictar sentencia. La juez de la Audiencia Nacional que ahora abre investigación, Carmen Lamela, ya ha en otros autos la cuestión de sedición.

Este mismo año desestimó una demanda de sedición contra un concejal de la CUP del Ayuntamiento de Premià de Dalt por apoyar la resolución del 2015 que iniciaba el procés. Sin embargo, Lamela desestimó entonces la cuestión, dejando claro que para que exista sedición debe existir un “tumulto” entendido como un “motín o confusión”, y un alzamiento, entendido como una “sublevación”. 

Definir ahora si existe o no sedición en el caso de las protestas de Barcelona corresponde, de nuevo, a Lamela. De ser así e identificarse directores o instigadores con cargo público, podrían enfrentarse a penas de hasta 15 años de prisión e inhabilitación vitalicia. 



Seguir a teinteresa en...

KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail)

Recibir noticias

Kit Buenos Días

Diciembre 2017
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31