Martes 06/11/2018.

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Lo que quiere el Círculo de Empresarios es que se aplique

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La reforma laboral ya abrió la puerta al despido de 620.000 empleados públicos

  • El Círculo de Empresarios pretende ahorrar hasta 90.000 millones, entre otras cosas despidiendo empleados públicos. La ley permite hacerlo con EREs.
  • Según los PGE, cada empleado público cuesta 59.200 euros. Suprimir 300.000 empleados apenas ahorraría 17.700 millones y eso en el mejor de los casos.

La propuesta del Círculo de Empresarios de reformar el modelo de contratación, despido y remuneración de los funcionarios asimilándolo al sector privado, con el objetivo de adelgazar el sector público, ha reabierto de nuevo el debate sobre los supuestos privilegios de estos empleados -muchos de ellos mileuristas según los sindicatos de la Función Pública- y el freno que puede suponer para el crecimiento unas administraciones demasiados costosas.

La asociación, que agrupa a empresarios y directivos del sector privado, apuesta -y no es la primera vez- por reducir el peso del sector público del 44% actual a una horquilla de entre el 40% y el 35%, lo que supondría un ahorro de entre 40.000 y 90.000 millones de euros, que según dicen podría facilitar nuevas rebajas de impuestos para ciudadanos y empresas.

Entre las fórmulas que harían posible este importante adelgazamiento del sector público estarían las congelaciones e, incluso, las reducciones salariales y la posibilidad de despedir de forma ágil a los funcionarios y los empleados públicos, de la misma forma que se hace en el sector privado.

Sin embargo, el despido del personal laboral de las administraciones públicas -que no funcionarios de carrera- es algo posible desde 2012, a raíz de la reforma laboral del Partido Popular, que abrió la puerta al despido de cerca de 622.000 trabajadores de las administraciones que no son funcionarios de carrera. Por tanto, la propuesta y la intención del Círculo de Empresarios iría más en la línea de aplicar de forma drástica la ley, en un momento tienen un carácter más optimista y menos austero, que en una reformulación de la ley.

El coste medio de los funcionarios: 59.200 euros

Los Presupuestos Generales del Estado de 2012 fijaban un gasto de personal superior a 33.100 millones de euros, lo que supone que el gasto medio de cada uno de los trabajadores de la Administración General del Estado ronda los 59.200 euros. Despedir, a 300.000 empleados del Estado apenas supondría un ahorro de 17.700 millones y eso en el mejor de los casos, ya que el sueldo medio de estos trabajadores es muy inferior de la media de trabajadores. Por tanto, para ahorrar lo previsto por el Círculo sería necesario hacer una auténtica escabechina en la Función Pública, no solo estatal, también en la autonómica y local, que afectaría prácticamente a todo el personal laboral.

1,6 funcionarios están blindados contra el despido...

Hasta la aprobación de la Reforma Laboral de 2012 existía una laguna legal respecto a la posibilidad de realizar despidos colectivos en las administraciones públicas.

Las sentencias con respecto a estas situaciones habían sido dispares y el Gobierno Partido Popular decidió clarificar la situación permitiendo hacer expedientes de regulación de empleo (ERE) de extinción en todas las administraciones por causas económicas y empresariales.

Pero 622.000 pueden ser incluidos en EREs

La ley excluye del despido por ERE y a los funcionarios de carrera -1,6 millones en todas las administraciones- , por lo que solo será susceptible de ser despedido el personal laboral, 622.000 trabajadores que trabajan para las administraciones públicas. Bajo el epigrafe otro personal se encuentran los designados a dedo, eventuales y contratados, algo más de 323.000, que tienen contratos temporales o para un determinado cometido y que pueden ser despedidos en cualquier momento.

Según la ley, se entenderán que concurren causas económicas cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria "sobrevenida y persistente" para la financiación de los servicios públicos, considerándose que es persistente si se alarga durante tres trimestres consecutivos.

Mientras, la insuficiencia presupuestaria se entenderá cuando la Administración Pública en la que se integra el departamento, órgano, ente organismo o entidad hubiera presentado una situación de déficit presupuestario en el ejercicio anterior y que los créditos del departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se hubiesen minorado en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores.

El despido colectivo de empleados públicos debe afectar al menos diez trabajadores en aquellos departamentos ministeriales, entes y organismos dependientes de la Administración General del Estado, consejerías de las comunidades autónomas o entes vinculados a las mismas y entidades de la Administración Local que ocupen a menos de 100 trabajadores.

También se podrá poner en marcha el despido colectivo si los afectados son el 10% de los laborales de una plantilla compuesta por entre 100 y 300 trabajadores o si el número de afectados es de 30 trabajadores en una plantilla de más de 300 trabajadores.

El personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo tendrá prioridad de permanencia en los entes públicos afectados por el despido colectivo.


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