Imputada a toda costa y sin indicios de delito. Esa es la conclusión del auto de los abogados de la Infanta, que señalan que esta no respondió a Castro porque no tenía conocimientos suficientes de contabilidad y que pese a ello, el juez insisitó en seguir preguntando sobre esas mismas cuestiones obteniendo siempre la misma respuesta. Responde así la defensa al auto de Castro en el que se señalaba que la Infanta no había dado motivo al juez instructor en su declaración para desimputarla por ser vaga y a juicio de Castro escasamente colaboradora para esclarecer los hechos.
El abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca, ha presentado el recurso contra el auto del juez del caso Nóos, José Castro, que cierra la instrucción y concluye que la hermana del Rey debe ser juzgada por presuntos delitos fiscales y blanqueo junto a su marido, Iñaki Urdangarin.
En declaraciones a los medios a las puertas de su despacho, Miquel Roca no ha detallado las líneas de la defensa, aunque ha indicado que su contenido «no les sorprenderá» y que incluirá «argumentos potentes y bien estudiados» y «en una línea doctrinal, jurídica y procesal coherente con lo que son las actuaciones que se han practicado y la intervención que en ellas haya podido tener» la infanta.
Preguntado por si es optimista respecto a la resolución del recurso, Roca ha señalado que «no es un problema de optimismo o pesimismo, es un problema de convencimiento total de la inocencia de nuestra cliente, y estamos convencidos de que la Audiencia resolverá en los términos que nosotros consideramos conveniente, pero ya se verá».
En el auto con el que el juez cerró la instrucción, de 167 páginas, Castro apunta que hay «sobrados indicios» de que la infanta participó de las actividades de su esposo «lucrándose en propio beneficio» y «facilitando los medios para que lo hiciera» él, mediante «la colaboración silenciosa de su 50 % de capital social de los fondos ilícitamente ingresados» en la empresa familiar Aizoon.
Roca, convencido de que la Infanta no se sentará en el banquillo
«Estoy satisfecho, pero no tanto como para decir »qué cosa tan bonita nos ha quedado», ha reconocido este miércoles en declaraciones a los periodistas a las puertas de su despacho en Barcelona.
Roca, que se encarga de la defensa de la hermana menor del Rey junto al letrado Jesús Silva, del despacho Molins & Silva, ha añadido también al preguntársele si se siente satisfecho con el escrito: «Fíjese, uno siempre piensa que pudo dar más de sí».
Eso sí, dice sentirse «profesionalmente tranquilo» con el recurso que, según él, contiene argumentos sólidos, muy potentes, muy bien estructurados y muy bien expuestos.
No ha querido valorar el recurso presentado por el socio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, Diego Torres, donde carga contra la Infanta y la Casa Real, porque ha dicho que a quien tiene que convencer de la inocencia de la hermana del Rey es a la Audiencia: «El resto no está en nuestro cometido».
A preguntas de los periodistas, el abogado ha dicho que no contempla que Doña Cristina acabe en el banquillo de los acusados, y espera que el recurso sirva para convencer a la Audiencia de Palma de su inocencia.
Los abogados de la infanta destacan que ha sido imputada a toda costa y sin indicios de delito
El recurso que la defensa de la Infanta Cristina ha presentado este miércoles ante la Audiencia de Palma contra la continuación de su imputación por el »caso Nóos» considera que el juez José Castro ha querido «mantener a toda costa la imputación» por blanqueo de capitales y un delito contra la Hacienda Pública de la hermana menor del Rey.
«La mera pretensión de mantener viva una imputación no puede anteponerse a la estricta aplicación de la Ley», sostienen los letrados Miquel Roca y Jesús Silva en su escrito de 58 páginas al que ha tenido acceso Europa Press y en el que, no obstante, matizan que no cuestionan la rectitud de intención del juez.
Dicen que solo así se explican que indicios de criminalidad que en su día se consideraron insuficientes o exculpatorios ahora la incriminen, y creen que el juez ha forzado las figuras de delito fiscal y blanqueo «más allá de lo que una cabal interpretación jurídica debería permitir para sostener la relevancia penal de las imputaciones».
Sostienen que no es comprensible que tras unas diligencias cuyo resultado consideran exculpatorio se extraigan indicios serios de criminalidad: «¿Cómo es posible que, al valorar ciertas diligencias, todas ellas de signo exculpatorio, pueda haberse resuelto en sentido favorable al mantenimiento de la imputación?», se preguntan.
Se apoyan en varios informes, entre ellos el de la Agencia Tributaria que consideró que la Infanta no había cometido delito alguno contra la Hacienda Pública y que, aunque hay indicios contra su marido, Iñaki Urdangarin, de fraude en la declaración del IRPF de 2007 y 2008, la hermana del Rey «era por completo ajena a tales presuntos delitos».
Los abogados critican también las consideraciones del juez Castro sobre que la Infanta no había contestado a la práctica totalidad de las preguntas que le hicieron en su interrogatorio como imputada: «De las más de mil preguntas que se le formularon a Doña Cristina sólo dejó sin responder, por no recordar o desconocer los hechos en detalle, unas doscientas».
«Muchas de las evasivas de Doña Cristina fueron propiciadas por el propio señor Juez, que insistió en preguntar decenas de veces sobre cuestiones de detalle pese a que mi defendida, ya al formularse la pregunta genérica, adelantó no conocer, no constarle o no recordar los pormenores», sostienen los abogados en el recurso.
Dicen que solo así puede explicarse que el interrogatorio a la Infanta sea el mayor motivo para mantener su imputación «en ausencia de mejores indicios».
No hay indicios racionales
Insisten en considerar muy dudosos los indicios del juez, y critican la «falta de relevancia penal de las conductas que se imputan» a la Infanta, y también la ausencia, según ellos, de indicios racionales.
Concretamente, sobre el presunto delito fiscal insisten en que el mero hecho de ser socio de una compañía –Aizoon– supuestamente usada por su administrador para un posible fraude fiscal «de ninguna manera puede ser considerada por sí sola para sostener una posible participación activa penalmente relevante».
Alega que es «absolutamente inusual» que se inculpe a alguien solo por ser socio de la persona jurídica supuestamente defraudadora y añade que el auto de Castro es incapaz de citar un solo precedente en el que se haya condenado a un simple socio (no administrador ni apoderado) por un delito fiscal cometido por la compañía».
Doña Cristina solo tiene indicios básicos de contabilidad
Aluden a otro motivo para sostener la inocencia de la hermana menor del Rey, y es que Doña Cristina «sólo cuenta con unos conocimientos muy básicos de fiscalidad» que le impiden entrar a valorar cuestiones tan complejas como los impuestos aplicables a determinados ingresos o las deducciones de ciertos gastos.
Los abogados concluyen que «no se ha practicado una sola diligencia que haya aportado indicios racionales de la comisión» de un delito fiscal o de blanqueo de capitales», y que solamente una interpretación absolutamente forzada permitiría mantenerla imputada, por lo que piden a la Audiencia de Palma que la deje sin efecto.
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