Hablar de «piso patera» evoca de inmediato a aquel en el que habitan, de forma hacinada y con escasos recursos, inmigrantes sin papeles. Pero desde hace unos años, son también la única opción para que los desahuciados puedan sortear la calle. Una situación aún más traumática que se añade a la desesperación de los que lo han perdido todo. Familias enteras viven en habitáculos reducidos, en habitaciones de pisos alquilados, sin intimidad y compartiendo su drama con el de otros desconocidos.
“A veces se dan situaciones de infravivienda, familias enteras que alquilan una única habitación en un piso compartido. Eso es algo que ha aumentado muchísimo”, dice Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Alquilar una habitación en un piso compartido con más personas es una solución por la que optan cada vez más desahuciados. Pero esto conlleva, en muchos casos, que cuatro o cinco personas de la misma familia convivan en un espacio de apenas ocho metros cuadrados, en un piso con desconocidos y sin intimidad. Es la única solución que ven asumible. Según el portal Idealista.com, el precio de este tipo de alquileres ha bajado un 4»6% en el último año y ronda los 285 euros mensuales. Al mismo tiempo, el número de habitaciones en alquiler ha registrado un aumento del 46»8%, sobre todo en las principales capitales, Madrid y Barcelona.
“Estamos viendo situaciones tercermundistas y las administraciones están girando la cara”, dice Marta Afuera, portavoz de la Plataforma en Girona, “no sé a donde vamos a llegar. Muchas veces son situaciones inesperadas. Y si los gobiernos no hacen un cambio radical en cuanto a vivienda digna, esto terminará en un estallido social”
La situación, que tradicionalmente afectaba a colectivos de inmigrantes, se ha trasladado ahora a desahuciados españoles, muchos de clase media, “personas que nunca se imaginarían acabar así”, dice, recordando uno de los casos atendidos en la asociación, el de una madre separada con dos hijos en edad adolescente.
“Cuando llegaron habían estado viviendo meses en una sola habitación en un piso con todas las demás habitaciones alquiladas. Con los chicos tuvimos que hacer un trabajo muy intenso porque venían de una situación muy problemática. A lo largo de los meses vimos el cambio. Ellos nunca hubieran pensado verse en esa situación, los tres metidos en una habitación”, explica.
La situación que se repite con más frecuencia, la de una familia de clase media que, en un momento dado, se queda sin nada. Y ese factor, el de la vida anterior, hace también más difícil aceptar la nueva situación. “Cuesta mucho más para una persona que ha vivido en una vivienda digna. Esa persona ha caído en picado a los suburbios de la sociedad y le cuesta mucho superarlo. Más aún, como en este caso, con dos chicos adolescentes que están en una edad para despegar… Eso es muy duro”
Su plataforma denunció el año pasado un incremento de los “pisos patera” en los que convivían varias familias desahuciadas. En muchos casos, sin luz ni agua, y con problemas de alimentación y pobreza extrema. La administración negó que existiesen más pisos sobreocupados que en otros lugares.
La ley lo sanciona, más en la teoría que en la práctica
Según el INE, se considera hacinamiento cuando una persona dispone de menos de 10 metros cuadrados, y “hacinamiento crítico» cuando apenas hay cinco metros cuadrados por persona. La Ley de Vivienda prevé infracciones para la sobreocupación de vivienda y corresponde a los ayuntamientos sancionarla. Pero en la práctica, si un contrato de alquiler permite el subarrendamiento puede provocar también numerosas situaciones al margen de la legalidad. A eso se añade que la ley no considera sobreocupación cuando entre las personas existe alguna relación familiar.
El continuo tránsito de gente, los ruidos… provoca que, en algunos casos, la comunidad de vecinos presente una denuncia por un caso de hacinamiento. Aquí será el juez quien decida.
«En la práctica se trata más que de un tema de Derecho, de una cuestión moral, de aquellas personas que se aprovechan de las necesidades económicas que están sufriendo otras» , dice José Angel Cañadas, abogado especializado en Derecho Inmobiliario, «la ley actúa cuando ese hacinamiento provoca algún tipo de problema a los vecinos, por las molestias de ruidos, olor, que puedan provocar tantas personas dentro de una misma vivienda. En estos casos, por motivos de salubridad, la ley sí lo regula»
Esta regulación se hace a través de la Ley de Propiedad Intelectual, de forma que una decisión de la Comunidad de Propietarios puede llevar incluso al cese del uso de un inmueble si el presidente de la comunidad, tras junta de propietarios, lo solicita y acredita ante los tribunales.
Algunos ayuntamientos sí han empezado a sancionar con dureza a los propietarios que permitan estas situaciones de hacinamiento. El ayuntamiento de Badalona, por ejemplo, puso en vigor hace dos años multas de hasta 500.000 euros para los propietarios con pisos patera. La Ley de Vivienda de la Generalitat es la que persigue más duramente a los que se lulcran con la sobreocupación. Quizás el único precedente conocido sea la multa que la Generalitat impuso en 2011 a los propietarios de una vivienda de l»Hospitalet de Llobregar, por tenerla sobreocupada durante tres años.
En muchos casos, la principal dificultad para la Administración es conseguir probar que efectivamente existe una relación económica entre los inquilinos y los propietarios de los pisos, ya que a veces no media contrato. En otras, ni siquiera los propietarios son conocedores de que su inquilino ha subarrendado la vivienda a más personas.
Manuel: “Estuve viviendo en una habitación con mi mujer y mis dos hijos”
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Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/1077160/0/piso/patera/inmigrantes/#xtor=AD-15&xts=4
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La historia que cuenta Manuel empezó hace año y medio, aunque él tenga 31. “Yo tenía mi trabajo como mozo de almacén en un supermercado, pero caí enfermo y me diagnosticaron una epilepsia crónica. Me despidieron”.
Ahí comenzó todo. La indemnización por despido fue inferior a la que esperaba, “Con el poco dinero que nos quedaba pudimos aguantar hasta junio, cuando mi hijo acababa el colegio. Pero entonces ya no podíamos seguir pagando el piso de alquiler”. Con su mujer y sus dos hijos, de 7 y 2 años, se vieron obligados a volver a la casa de la familia, en Almería. Pero una riña familiar provocó que se volviesen a quedar en la calle. “Nos vimos sin dinero, sin nada. Llegamos a vivir en la furgoneta, no teníamos otro sitio”.
Entonces, decidieron irse a una habitación alquilada, por la que pagaban cien euros al mes “Vivíamos los cuatro en una habitación, durmiendo en la misma cama. Pero el dueño del piso se alquiló y nos echó”. Manuel afirma que la situación fue muy complicada, pero la única que podía permitirse con su ingreso del paro. “Fue traumático, sobre todo para los niños. Yo siempre he estado trabajando, nunca me había faltado el trabajo”.
La desesperación lo llevó a ponerse en contacto con otros afectados por desahuicios y, en la actualidad, han “ocupado” el piso de una entidad bancaria, con la que la asociación intenta negociar un alquiler social. Manuel solo quiere volver a empezar.