El nuevo pico de tensión entre España y Gibraltar comenzaba con el lanzamiento de 70 bloques de hormigón en aguas frente a la costa gibraltareña, donde faenan los pesqueros algecireños y linenses. Gibraltar, que no cuenta con una flota de pescadores profesionales, parece empeñado en dificultar la actividad de los españoles en la zona. Oficialmente, la actuación de Gibraltar iba destinada a la creación de un arrecife artificial que regenere la riqueza del fondo marino y los ganchos en los bloques iban dirigidos a evitar la pesca de arrastre, mucho más agresiva con el ecosistema marino que la tradicional.
La creación de arrecifes artificiales es una práctica habitual que se realiza también en aguas andaluzas, aunque en el lanzamiento de bloques de hormigón había una evidente falta de consenso con los pescadores en cuanto al lugar, lo que denota poco interés por su actividad y cierta voluntad de demostrar discrecionalidad sobre el propio terreno, algo que el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, no olvidó mencionar tras su explicación inicial. Por otro lado, el interés ecológico que muestran ante la pesca – la única actividad que no practican – brilla por su ausencia ante otras prácticas habituales de la colonia, como el bunkering o los continuos rellenos para extender su costa, como el que realizan en la parte oriental, retirando de forma masiva la arena de la playa de Valdevaqueros, tal y como denuncian los ecologistas.
Sobre la excusa ecológica aflora el eterno conflicto sobre las aguas territoriales, que España rechaza y que Gibraltar reivindica con convencimiento, llegando incluso a vaticinar una victoria de juego, set y partido en cualquier Tribunal Internacional, tanto de este como del resto de asuntos del contencioso que tienen que ver con la soberanía. La realidad es que España tendría difícil sostener que un territorio cedido y ratificado en un pacto internacional carece de aguas soberanas, puesto que esta era una cuestión que no se especifica en ningún tratado de la época y además, el propio concepto jurídico de aguas soberanas ha variado desde entonces, pero esto no quiere decir que no tenga nada que decir en el aspecto legal. De hecho, la única vez en la que ambos países se pusieron en manos de la ONU las tesis españolas fueron reforzadas.
Sin embargo la disputa legal interesa poco a España porque tiene poco que ganar y mucho que perder. Cualquier sentencia favorable quedaría en manos de una posterior negociación con Gran Bretaña, es decir, le devolvería al punto de partida, mientras que una sentencia desfavorable le alejaría mucho del objetivo. Además, cabría la posibilidad de que sin obtener una sentencia desfavorable, cualquier imprecisión en la terminología empleada por el juez diese carta de naturaleza a un nuevo y más favorable estatus de la colonia. Los riesgos son, por tanto, mucho mayores que los beneficios.