En España la trata de personas también existe. Sobre todo la relaciona con la explotación sexual. Cientos de mujeres son traídas a nuestro país cada año con promesas falsas de una nueva vida que después se convierte un infierno del que es difícil escapar.
Amenazas, violencia, enfermedades y supuestas deudas por el traslado y por el alojamiento son su día a día tras poner un pie en suelo español. Y en muchas ocasiones, las deudas pasan de generación en generación.
Se estima que unas 50.000 personas entran cada año al país para trabajar clandestinamente. En Europa son 500.000 y en el mundo casi tres millones las personas sometidas a la esclavitud del siglo XXI.
En cifras económicas, estos negocios ilícitos y vergonzosos aportan alrededor de cinco millones de euros al día; alrededor de 1.825.000.000 de euros anuales, según el Defensor del Menor. Se trata del segundo negocio clandestino del mundo en beneficios, después del tráfico de armas y por delante del tráfico de drogas.
Estos son los últimos datos españoles expuestos por las organizaciones cristianas que este año se han juntado en la reunión internacional bienal de COATNET (Christian Organizations Against Trafficking in Human Beings, en español Red de Organizaciones Cristianas contra el Tráfico de Seres Humanos).
El perfil de las víctimas suele ser una mujer, de origen europeo, inmersas en la pobreza o en la desigualdad de género en sus países, mayores de edad, aunque muchas son menores también. La explotación sexual suele ser su destino pero una gran parte de estas personas están recluidas bajo negocios desconocidos que no se conocen, lo que hace difícil su investigación. Son invisibles para el resto de la población.
Según los datos facilitados por la Secretaría de Estado de Seguridad, durante los años 2009 y 2010, el perfil de las personas en situación de riesgo de ser víctimas de trata con fines de explotación sexual en España es el de una mujer de nacionalidad rumana entre 18 y 32 años de edad y una mujer de nacionalidad brasileña de entre 33 y 42 años.
Los datos de 2011 no son desglosados por nacionalidad, pero se refieren a las nacionalidades rumana, brasileña y paraguaya. La información facilitada por el citado organismo se limita a consignar que el 47% de las víctimas procede de América, el 45% de Europa y el 7% de África.
Los grupos organizados dedicados a esta actividad criminal disponen en muchos casos de una infraestructura que se extiende por los países de origen, tránsito y destino de las víctimas. Estos grupos están formados por españoles y extranjeros, principalmente varones de mediana edad. Es frecuente la presencia de mujeres pertenecientes al grupo criminal, de la misma nacionalidad que las víctimas, en algún caso en situación de explotación previa o actual, y encargadas de su control.
Los españoles suelen formar parte del grupo criminal como meros explotadores de las víctimas o como propietarios o encargados de los locales en los que se realiza la explotación, gerentes y profesionales expertos.
Los negocios de hostelería son utilizados como lugar de explotación de las víctimas, proporcionando una apariencia de legalidad a la actividad criminal. Es relativamente frecuente la coincidencia de nacionalidad entre víctimas y explotadores.