El vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, ha comparecido en la comisión del Congreso que investiga en estos momentos la crisis económica. En su paso por la Cámara Baja, el que fuera director del Fondo Monetario Internacional ha dejado algunos mensajes que sin duda no serán fáciles de olvidar.
“Yo no soy un político delincuente” afirmaba Rato en una de sus respuestas ante los parlamentarios. Es una de las múltiples que ha lanzado: “No es un saqueo, es el mercado”, “No creo que hubiera burbuja inmobiliaria en la España de 2003” o “Guindos me exigió la dimisión y la acción de Bankia se desplomó” ha sentenciado. Todas ellas relacionadas con su gestión o cuando dirigía la caja madrileña.
“He sido treinta años político y jamás me han acusado de nada” ha dicho Rato, ahora inmerso en numerosos procesos judiciales. Desde la gestión de Bankia, pasando por las preferentes o las tarjetas black, el número dos de José María Aznar no parece que vaya a tener una recta final de su carrera política tranquila.
Tres personas le avisaron de que el Gobierno le quería en la cárcel
El expresidente de Bankia y exvicepresidente de Gobierno, Rodrigo Rato, ha indicado en el Congreso que varios ministros del Ejecutivo de Mariano Rajoy fueron dejando caer acusaciones en su contra en público y en privado hasta acabar con su detención en abril de 2015. «Y me da mucha pena, porque estado 30 años en el PP«, ha señalado.
Rato explicó que en los meses de febrero y marzo de 2015 tres personas le avisaron de que el Gobierno le quería meter en la cárcel y que la ministra de Trabajo, Fatima Báñez, aconsejó a su secretaria que se fuera separando de él.
En su comparecencia ante la comisión de investigación de la crisis financiera, y en respuesta al ponente del PP, Miguel Ángel Paniagua, que le había echado en cara el «daño» hecho al partido por los escándalos de las »tarjetas black» y Bankia, Rato ha replicado desvelando actuaciones del Gobierno de Rajoy en su contra.
Según ha explicado, la principal acusación que provocó su detención el 16 de abril de 2015, la del delito de alzamiento de bienes, sin la cual no se habría podido permitir el registro de su domicilio, se cayó «a los 15 días». Y sobre la acusación de delito fiscal, asegura que lleva tres esperando que se concrete, pues mantiene que no hay ninguno.