Jueves 21/09/2017.

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Cuatro falacias y una media verdad del independentismo catalán

El independentismo ha lanzado su órdago contra el Estado de derecho. El Tribunal Constitucional ha ilegalizado la Ley de Referéndum y la Ley de Transitoriedad, incluso la policía judicial ha incautado papeletas y material preparado para celebrar el denominado 1-O, pero aun así continúa con su pretensión de realizar la votación y se escuda en una serie de falacias para justificar su elusión de la ley.

Los argumentos “Espanya ens roba” y la Guerra de Sucesión española, ambos ya desmentidos, fueron cruciales para ensalzar el sentimiento separatista en parte de la población catalana. Sin embargo, la propaganda independentista -en boca de sus líderes- sigue creando eslóganes y posverdades que poco a poco calan en el juicio de los cientos de miles de seguidores de la causa. Cuatro son las principales consignas y esta, su refutación.

1. No, votar no siempre es democrático

“Esto no va de independencia, va de democracia”, afirmaba Pep Guardiola en una de sus declaraciones como icono del independentismo catalán. El movimiento a favor de la independencia ha disfrazado sus actos dentro de una votación “en la que decide una mayoría”. No obstante, lo que no explican es que se trata de una elección sin reglas previas y, sobre todo, que no está reconocida por una gran parte de los habitantes de Cataluña.

El referéndum del 1-0, prohibido por el Tribunal Constitucional, no tiene delimitado un mínimo de participación para considerarse como válido. Pero tampoco tiene establecido un porcentaje de votos a favor del ‘Sí’ sobre los que se consideraría aplicable. Es decir, que el documento emitido por JxSí y las CUP no considera un punto de partida para que el Parlament comenzase a emplear, la también ilegalizada, Ley de Transitoriedad.

Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, decía que “la democracia no es más que el gobierno de las masas, donde un 51 % de la gente puede lanzar por la borda los derechos del otro 49 %”. Inconveniente que se acentúa todavía más, si el voto emitido no llega a alcanzar la mayoría simple.  

2. No, el derecho de autodeterminación no les ampara

Tanto el presidente como el vicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente, han hecho referencia en multitud de ocasiones al “derecho de autodeterminación de los pueblos”. El criterio, al contrario de lo que afirman los independentistas, no se incluye de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sí en algunas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Pero tal derecho se concede en otras situaciones muy distintas a la catalana.

El propio Comité para la Eliminación Racial de la ONU certificó en 1996 que no reconoce un derecho a la secesión unilateral en favor de los pueblos con carácter general y que una excesiva fragmentación de los Estados podría ir en detrimento de la protección de los derechos humanos y la preservación de la paz y la seguridad.

Tampoco se recoge en ninguna constitución aprobada por países democráticos. Los referendos en Quebec (Canadá) y Escocia (Reino Unido) fueron admitidos por los parlamentos nacionales y en sintonía con sus respectivos gobiernos centrales.

3. No, los detenidos no son presos políticos

En la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles, el grupo parlamentario ERC abandonó el hemiciclo con el pretexto de apoyar a sus compañeros detenidos por la policía judicial en Cataluña. Se referían a los 13 arrestos en la Consellería de Economía y en la sede del Institut Catalá de Finances (ICF), relacionados con los preparativos del referéndum.

Desde entonces, las fuerzas independentistas han citado a los arrestados como “presos políticos”, con la colaboración del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

Al ser declarado como un acto ilícito y en contra de la unidad de España albergada en el artículo 2 de la Constitución, las autoridades catalanas no podían seguir destinando dinero público para actividades vinculados al 1-0. En este sentido, los arrestados -que no encarcelados- tendrán que dar explicaciones ante el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, por un posible delito de malversación de fondos.

Es el motivo por el que el Ministerio de Hacienda ha embargado las cuentas de la Generalitat, que a partir de ahora deberá justificar todos sus movimientos para recibir la aprobación del Estado y continuar con su actividad normal.  

4. No, ni Rajoy ni el Gobierno ordena las detenciones

El mayor éxito del bloque secesionista ha sido confrontar su posición a la mala reputación del PP y Mariano Rajoy en la autonomía y el resto de España. El portavoz de ERS en el Congreso, Gabriel Rufián, le pedía expresamente al presidente del que sacase “sus sucias manos” de Cataluña. Pero el Estado se compone de tres poderes independientes y ha sido el Judicial junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en lugar del Ejecutivo, quien está aplicando la ley.

Los jueces que han coordinado los registros y las detenciones, salvo las prohibiciones del Tribunal Constitucional, son catalanes y viven en Cataluña. La operación policial del miércoles fue ordenada por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que lleva meses investigando bajo secreto de sumario la hoja de ruta de los independentistas, después de las polémicas declaraciones del juez y exsenador de ERC, Santiago Vidal.

Asimismo, las cuatro asociaciones de jueces mayoritarias en España han hecho un llamamiento a funcionariado y población catalana para que desobedezcan a la Generalitat “por no respetar la Constitución y actuar de forma totalitaria”.

… y una media verdad

Sí, es cierto que la aplicación estricta de la ley no ha sido efectiva para calmar la tensión en Cataluña. Pero los independentistas han utilizado esta realidad para presionar sobre la celebración de su ansiado referéndum de autodeterminación, aunque sea pactado con el Estado.

Sin embargo, la consulta no es la única solución. Otros partidos políticos también proponen una modificación consensuada de la Constitución, modelos de gestión territorial más autónomos -como la denominada “España federal”- o una mayor pedagogía sobre las consecuencias sociales y económicas que tendría una hipotética Cataluña fuera de España y la Unión Europea. 

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