Martes 05/06/2018.

| España

España

Puigdemont y los exconsellers podrían ser inhabilitados por un delito de malversación

  • El juez cree que el Govern de Carles Puigdemont utilizó dinero del FLA para financiar el referéndum del 1-O

El juez de instrucción 13 de Barcelona ha dictado un auto sobre el dinero utilizado por el Govern de Carles Puigdemont para financiar el referéndum del 1-O, según ha avanzado El Confidencial. El magistrado, que deduce que el Govern de Artur Mas también pagó parte del 9-N con el crédito estatal, reconoce que no puede "atribuir un gasto concreto a una determinada partida". Estos fondos habrían sido obtenidos a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la línea de crédito creada por el Gobierno en julio de 2012 de la crisis económica. Está concebida para que el Estado preste dinero a las comunidades autónomas y que éstas no tengan que financiar su deuda en los mercados.

El auto precisa que Cataluña recibió a través de esta línea dirigida por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) millones de euros en seis ejercicios, entre los años 2012 y 2017. Teniendo en cuenta que el procés se inició tras la consulta del 9-N de 2014 o como mínimo desde que se constituyó el Gobierno autonómico después de las elecciones de septiembre de 2015, "resulta evidente que el importe destinado a la celebración de la consulta debe atribuirse, en parte, al crédito obtenido del FLA".

Durante esos cinco años, Cataluña percibió del FLA más de 47.500 millones de euros (6.664,8 en el año 2012, 10.050,6 en 2013, 7.912,9 en 2014, 11.133,58 en 2015, 10.090 en 2016 y 7.757,2 en 2017), lo que es una parte importante de su partida de ingresos. "Ante la imposibilidad de atribuir un gasto concreto a una determinada partida de ingreso, cualquier gasto debe imputarse, por lo menos y en la proporción que corresponda, al importe del FLA percibido ese año", añade.

Sin embargo, esto no es ningún descubrimiento porque esos datos son públicos. El juez no explica cómo sabe que esas partidas se utilizaron para financiar el 1-O ni qué pruebas tiene, solo se basa en suposiciones.

La Generalitat, siempre según el auto del juez, pudo emplear para este desvío de fondos de origen estatal dos vías distintas. O bien pagó los gastos de forma directa o "empleó personas o entidades interpuestas con la finalidad de desviar el rastro de las partidas dificultando así la investigación".


Malversación de fondos públicos

El auto utiliza como base los hechos descritos para imputar al Govern el delito de malversación de fondos públicos y cita la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia sobre la consulta del 9-N, en la que se prohibía la celebración de consultas populares y, por ello, cualquier gasto destinado a su preparación y ejecución. El dinero público utilizado para el 1-O superaría los 250.000 euros, según el magistrado.

"Está dirigido por el ICO, que depende del Ministerio de Economía, y obliga a las comunidades autónomas que se aferran al fondo a destinar el dinero, principalmente, a pagar la deuda con los bancos o las entidades financieras", finaliza el auto.


Inhabilitaciones a la vista

Cabe recordar que Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por la consulta del 9-N. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) impuso a Mas la pena de dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos; un año y seis meses a la exconsellera de Educación Irene Rigau y un año y nueve meses para la vicepresidenta Joana Ortega.

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros miembros del Govern podrían recibir la misma sentencia. Rafael Catalá, ministro de Justicia del Gobierno, lo ha dado por hecho esta mañana pese a que no hay una sentencia firme.

"Hay una interpretación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dice que cuando hay un procesamiento por una serie de delitos graves o de personas rebeldes, antes de esperar a la sentencia hay una inhabilitación. Por lo tanto, más allá de lo que dicte la sentencia final, puede haber una inhabilitación desde muy pronto", ha dicho Catalá en una entrevista en Espejo Público.

De este modo, Carles Puigdemont y los exconsellers podrían tener el mismo final que Mas, Ortega y Rigau, con el agravio de que los delitos de rebelión pueden conllevar a más de 30 años de cárcel.

Seguir a teinteresa en...

KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail)

Recibir noticias

Kit Buenos Días

Junio 2018
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30