En Ibiza siempre hacen falta trabajadores, en casi todos los sectores. Sin embargo, aquellos que vienen de la península o de fuera de España cada día lo tienen más difícil, principalmente por los altos precios de la vivienda.
Para los trabajadores de la sanidad pública, a este problema se le ha unido otro: el decreto aprobado por el Govern balear que exige acreditar cierto nivel de catalán para poder trabajar en el sistema sanitario.
Pese a que los sindicatos mayoritarios se oponen y votaron en contra de su aprobación, la Mesa Sectorial de Sanidad aprobó el decreto gracias al voto a favor de la Administración, gobernada por la socialista Francina Armengol y los nacionalistas de MÉS.
Así las cosas, lo que antes era un mérito (muy bien valorado), ahora se convierte en un requisito que no es imprescindible para ejercer su profesión. Con la aprobación de este decreto, se podría dar la circunstancia de que un profesional menos cualificado que otro pudiera conseguir una plaza solo por tener mejor conocimiento del catalán.
No es un problema
La falta de conocimiento del catalán no está entre los problemas más citados por los residentes de la isla, que están más preocupados por la falta de personal o las largas listas de espera que se generan para atender a los pacientes.
El ibicenco, dialecto del catalán hablado en Ibiza, solo es la lengua habitual del 23,9% de los residentes (es decir, menos de uno cada cuatro) y menos de tres de cada diez se identifican con el idioma, según el Instituto de Estudios Ibicencos. Una cifra muy inferior al resto de las Baleares, que se sitúa en el 36,8%.
Si el objetivo de los políticos de Palma es fomentar el conocimiento del catalán, no parece que esta medida sea la que pueda generar más consenso. O al menos eso es lo que se recoge desde distintos ámbitos sindicales y sociales. Desde el Sindicato Médico de Balears (Simebal) hasta el Sindicato de Enfermería (Satse), pasando por CCOO y el CSIF.
La posición de todos ellos no es la de ir en contra del catalán, sino volver al estatus anterior: que la lengua catalana sea solo un mérito y no un requisito para ejercer en la sanidad pública, sobre todo teniendo en cuenta la falta de personal que afecta a los hospitales.
La futura norma, que establece que el catalán será un requisito para auxiliares (B1, nivel básico), enfermeros y médicos (B2, nivel avanzado) de la sanidad pública, primaría el conocimiento de la lengua por encima de la atención sanitaria, algo a lo que los dos principales sindicatos del sector se oponen.
Posible fuga de personal sanitario
La posible fuga de profesionales sanitarios de Ibiza sí sería un problema para una isla cuya sanidad pública ya de por sí se encuentra en condiciones muy precarias.
La situación es tal que ibicencos y residentes se podrían quedar sin su única neuropediatra. Ileana Antón, que ocupa una plaza como interina, fue a clases de catalán nada más llegar a la isla para integrarse mejor pero no tiene el dominio que se le exige, por lo que no podría presentarse a las oposiciones para optar a una plaza.
Los profesionales también denuncian que si tienen que dedicar horas extra fuera de su trabajo para aprender el catalán, tendrán menos tiempo para seguirse formando en su profesión, algo que mayoritariamente rechazan.
Excepción a la norma
El decreto contempla una excepción con respecto a la exigencia del catalán. Así, los profesionales que no puedan acreditar el nivel exigido podrán optar a plazas concretas cuando haya carencia de especialistas.
Sin embargo, dichas personas contarán con un plazo de dos años, desde el momento en que tomen posesión de la plaza, para acreditar los conocimientos requeridos.