Sáenz de Santamaría ha confirmado lo que algunas fuentes adelantaban. El Gobierno ignorará el informe negativo del Consejo de Estado para impugnar la candidatura de Puigdemont y seguirá hacia delante por “mandato democrático” y «respeto a la ley», siendo la primera vez que el Ejecutivo acude al Constitucional con una respuesta negativa de dicho Consejo.
Según ha detallado la vicepresidenta en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, el informe del Consejo era necesario “por ley” pero “pero no vinculante” y el Gobierno necesita utilizar “todos los medios necesarios” para evitar la proclamación de Puigdemont, “huido de la justica por graves delitos”. Un nombramiento que, de producirse, sería ante los ojos del ejecutivo un procedimiento “ilegítimo”.
“El gobierno tiene entre sus obligaciones defender España y el Estado de Derecho” ha afirmado. “Tenemos, no solo el compromiso político, sino también el deber constitucional de utilizar todos los procedimientos legales para defender la ley»
Asimismo, ha asegurado que “respeta” la decisión del Consejo de Estado pero a pesar de la negativa, el Gobierno tiene “un compromiso político” de “defender la legalidad y la democracia”.
«La primera obligación del señor Puigdemont es acudir ante el Tribunal Supremo, y sino lo harán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
Además el Gobierno de Mariano Rajoy pide al Tribunal Constitucional que, si admite a trámite el recurso contra la propuesta de investidura de Carles Puigdemont, advierta al presidente del Parlament, Roger Torrent, y los demás miembros de la Mesa de la Cámara de las «consecuencias penales» en caso de seguir adelante con la investidura del expresidente catalán.
“Si podemos evitar que se pueda producir ese pleno, tenemos que hacerlo”.
El Consejo de Estado, según ha explicado la vicepresidenta, ha argumentado que no procede la impugnación por una cuestión de tiempos, ya que aún el President no se ha presentado en el Parlament ni el pleno ha sido celebrado. Sin embargo, para el Gobierno dicho detalle no es motivo para no impugnar la proclamación firmada por Torrent pues la orden de detención y captura es ya vigente y por tanto sí es momento de presentar recurso.
De ser admitida a trámite (que no aprobada) el recurso presentado este viernes por el Gobierno, la proclamación de Puigdemont, ya programada para el martes 30 en el Parlament de Cataluña, deberá ser suspendida y paralizada hasta que el alto tribunal se pronuncie al respecto.
Carles Puigdemont, candidato a la presidencia del Parlament por JxSí, está llamado a presentarte ante el Tribunal Supremo por delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. Delitos que la segunda del Gobierno ha calificado de “muy graves” y “contra la propia democracia”.
El embajador de Venezuela será expulsado en 72 horas
Por su parte, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Méndez de Vigo, ha hablado de la crisis diplomática con Venezuela y ha confirmado la aplicación del principio de reciprocidad, por lo que se declarará persona non grata al embajador de Venezuela en España y tendrá 72 horas para abandonar el país, ya que ha tachado de “inaceptable y fuera de tono” las declaraciones de Maduro sobre el gobierno de Rajoy.
Por otro lado, el ministro ha pasado por encima por el tema catalán, y se ha centrado en acuerdos económicos que se han tratado en el Consejo de Ministro. Sobre los presupuestos, ha aclarado que las negociaciones para aprobarlos “siguen” y que “continuarán en el empeño”, alejándose de cualquier confirmación de acuerdo. Eso sí, ha lanzado un órdago a los demás grupos y ha asegurado que esta legislatura es “la legislatura del diálogo”.
Méndez de Vigo también ha hablado de economía. Ha asegurado que la previsión para el 2018 son “buenas”, siempre que se “eliminen” cualquier escollo de desestabilidad política. Ha mencionado la prima de riesgo española, que según los datos aportados han pasado de los 629 de niveles de crisis a los 77.