El grupo de WhatsAap de un centenar de policías municipales de Madrid ha sido en los últimos días el caldo de cultivo para un nuevo debate sobre el derecho a la privacidad y los delitos de odio en la era de las nuevas comunicaciones.
Todo comienza con la filtración de unas conversaciones en dicho grupo, creado hace casi dos años para tratar asuntos laborales entre los agentes del turno de noche. Los mensajes han salido a la luz a raíz de la denuncia de uno de los compañeros, que se personó en una comisaría acusando a otros integrantes de un delito de amenazas. Asegura haber recibido intimidaciones tras reprochar a algunos de sus compañeros las graves declaraciones que vertían en el grupo.
Entre los mensajes más destacados que se han hecho públicos, se encuentran los referidos a Manuela Carmena. La alcaldesa calificó de “error terrible” las cargas policiales sucedidas durante el referéndum de Cataluña, lo que bastó a uno de los componentes del polémico grupo para decir que “lo que es terrible es que ella no estuviera en el despacho de Atocha cuando mataron a sus compañeros”.
Además, en el chat también se lanzan mensajes contra los periodistas Ana Pastor y Antonio García Ferreras: «ojalá explote la sexta con todos ellos dentro y que ese día esté también Pablo Iglesias y Rufián», un comentario al que otro participante responde con la petición de que esa muerte sea «lenta y agónica».
El contexto en el que se han conocido estas conversaciones, unido a su gravedad y las posibles consecuencias que pueden recaer sobre los responsables han dado lugar a distintos posicionamientos.
Es una conversación privada y sacada de contexto
Los argumentos utilizados en contra de la suspensión de los agentes son:
- Violación de la intimidad : Carlos Bahón, Portavoz de la Asociación de Policía Municipal Unificada, que también formaba parte del grupo, asegura que los policías sienten que han violado su intimidad, ya que “lo que dicen en el chat lo dicen en un ámbito privado”
- Los mensajes se han sacado de contexto: La Unión de Policías Municipales de Madrid, carga directamente contra la persona que, según esta filial, filtró los mensajes y alega que lo que se ha publicado son “desgraciadas capturas de mensajes descontextualizados”
- El proceso no es el adecuado: Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), declaran que a pesar de no participar de las opiniones que se han vertido en la red, están convencidos de que “efectuar denuncias públicas no es la manera de manifestar el desacuerdo con las ideas y opiniones que se realizan en foros privados”.
Hay delitos de odio e incumple el código deontológico
Por su parte, los argumenos esgrimidos por quienes piden la suspensión de los municipales son:
- Es un delito de odio: El Ayuntamiento se personará en el proceso penal por las amenazas directas a un agente. Además, apuntan a que puede haber un posible delito de odio, tal y como se desprende del artículo 8 del Código de la Policía, y también por el daño a la imagen de la Policía Municipal y por los ataques a Carmena.
- Incumple el código deontológico: El delegado de Seguridad, Javier Barbero asegura que el propio código deontológico de la Policía Municipal dice que cualquier agente «como ciudadano, ya no como policía, tiene que tener un comportamiento ejemplar»: «¿Es un comportamiento ejemplar decir que la alcaldesa se muera cuanto antes en muerte lenta?», se pregunta.
- Hay antecedentes: Ya existen sentencias anteriores basadas en mensajes en un ámbito privado, como la condena a una madre de Vigo por calumniar a una profesora en un grupo de WhatsApp, pues aunque sea un chat privado puede haber delito.