La crónica sobre la corrupción en España comienza 2015 con un informe preliminar del Tribunal de Cuentas que supone un mazazo demoledor para la financiación de todas las formaciones políticas en España, salvo UPyD. Todas las formaciones serían responsables de delitos fiscales y/o de falsedad documental, al menos en 2012, que es el último año analizado.
Cuentas que no reflejan gastos e ingresos reales, condonación de deudas, sorprendentes préstamos a fundaciones, donaciones fuera de la ley… El informe corrió a cargo de Olayo González Soler, y menciona un rosario de presuntas infracciones e ilegalidades. Sólo las que revestirían carácter penal; las administrativas han quedado fuera de este texto.
CiU no justifica 1,7 millones
Por partidos, González Soler menciona 1,7 millones que Convergencia Democratica de Catalunya (CDC) tiene como ingresos por servicios supuestamente prestados a CiU, así como a varias fundaciones, que no están debidamente justificados. Tan sólo unas “notas” respaldan dichos movimientos, en una respuesta que ya fue esgrimida en ejercicios anteriores cuando los tribunales les preguntaron por casos similares.
UDC también tendría presuntas irregularidades, siempre según el Ministerio Fiscal. Habla en este sentido de un crédito por valor de 402.016 euros que, a pesar de estar prácticamente amortizado, el partido lo tiene “contabilizado como pago”.
El PP tiene 1,3 millones sin declarar en ocho bancos
El PP es otro de los partidos de los que el fiscal jefe habla en su informe. Al parecer, ocho bancos habrían informado de que, en 2012, habría cuentas por valor de 1,3 millones de euros que no habrían sido declarados a Hacienda. Y según el fiscal, el partido se habría negado a facilitarle 34 contratos “contraídos con firmas que le han prestado servicios”.
Aún así, el partido en el Gobierno asegura que es la única formación que colabora con el órgano fiscalizador de los partidos en España.
Irregularidad en las fundaciones del PSOE
Al PSOE el fiscal le dedica también espacio. Concretamente, dos folios, en los que ve delitos “en sus relaciones con las fundaciones Pablo Iglesias e Ideas para el Progreso. 4,4 millones de euros les habría prestado, siendo imposible su devolución por sus balances negativos.
Izquierda Plural, Compromis y Equo también incumplirían la ley
La coalición electoral Izquierda Plural acabó las elecciones europeas de mayo de 2014 con una deuda de casi 350.000 euros con sus proveedores, más otros 1.500 euros con Hacienda, sin tener dinero en las cuentas bancarias creadas para los gastos destinados a los comicios, lo que le hace incumplir la ley electoral (LOREG). En la misma situación se encuentra la alianza Primavera Europea que encabezaron Compromís y Equo, en su caso por más de 370.000 euros.
Izquierda Plural, que sumó a partidos como IU, ICV, Confederación Los Verdes, Anova y Batzarre y que logró seis escaños en el Parlamento Europeo, remitió al órgano fiscalizador un resumen de sus cuentas electorales en el que declaraba 5,4 millones de recursos, la mayoría por operaciones de endeudamiento.
Además, a pesar de haber abierto estas cuentas bancarias específicas para el proceso electoral, pagó casi 35.000 euros en dinero en efectivo, incumpliendo de nuevo la ley electoral. También pagó en efectivo una factura de 3.950 euros cuyo importe además fraccionó en varios pagos, no respetando en este caso la ley sobre prevención del fraude fiscal.
Además, el Tribunal de Cuentas avisa a Izquierda Plural de que no puede financiar como subvención electoral más de 28.000 euros correspondientes a encuestas electorales y estudios sociológicos.
Podemos: 24.000 euros de agujero
El Tribunal de Cuentas ha detectado «deficiencias e incoherencias» en la contabilidad de Podemos para las pasadas elecciones europeas, el primer examen que realiza a las cuentas del partido que lidera Pablo Iglesias, y en concreto destaca que casi 50.000 euros donados por particulares no fueron debidamente identificados.
En concreto cita que Podemos declaró haber recibido aportaciones para el proceso electoral por valor de 114.365,75 euros, que se corresponden con múltiples pequeños ingresos procedentes de personas físicas y jurídicas que el partido gestionó en su mayor parte a través de una plataforma de financiación colectiva o »crowdfunding».
De ese total, el Tribunal de Cuentas indica que existen 57 ingresos, por un importe de 886,12 euros, que incumplen completamente la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) por no contemplar ninguno de los requisitos de identificación que la norma requiere (nombre, DNI y domicilio).
Además, en un total de 48.261,47 euros ingresados el órgano que lidera Ramón Álvarez de Miranda ha detectado la inexistencia de algunos de esos requisitos legales. Sobre este dinero, la formación de Pablo Iglesias alega problemas en el diseño del software de la plataforma de »crowdfunding» y se muestra dispuesta a destinar dichas donaciones a la finalidad que el Tribunal establezca. El órgano fiscalizador les aconseja mejorar la aplicación para ajustarse a los requisitos fijados en la ley.
Asimismo, el Tribunal de Cuentas ha advertido que entre los recursos destinados para la financiación de los gastos electorales Podemos no declaró 24.565,68 euros que corresponden a fondos aportados por el partido, si bien se ha acreditado que proceden de donaciones registradas en la contabilidad ordinaria.
Por contra, agrega que Podemos contabilizó como gasto electoral 4.617,60 euros que corresponden a la imputación contable de sus gastos de personal durante el proceso electoral, una cantidad que no ha sido considerada a efectos de su financiación mediante subvenciones electorales al no reunir los requisitos que establece la LOREG.
Por otro lado, el Tribunal también indica que, aun cuando Podemos comunicó a la Junta Electoral la existencia de una cuenta bancaria específica para el proceso electoral, la mayoría de sus ingresos, hasta un total de 102.180,30 euros, se han recibido en otras cuentas bancarias del partido
Eusko Alkartasuna y el Partido Nacionalista Vasco también habrían cometido presuntas irregularidades, según el informe del fiscal jefe. Este último no habría registrado ni declarado 4,9 millones derivados “de una extraña y lucrativa permuta sobre una finca”, reza el diario.
Por su parte, el tribunal ha acusado recibo del informe y del fiscal y afirma haber contestado a algunas de sus dudas.