El caso Faisán se está convirtiendo en una película propia de Hollywood. La última escena de este largometraje ha sido el robo de un disco duro en el despacho de la Audiencia Nacional del fiscal del caso, Carlos Bautista. Alguien subió hasta el tercer piso del edificio (sabiendo que allí no hay cámaras) y, sin revolver el resto de papeles, se llevó un soporte con información «inédita, secreta y sensible», según cuenta El Mundo de fuentes del mismo afectado.
Pero los protagonistas principales de la historia entraron en escena años antes. Uno de los actores principales, Joseba Elosua, protagoniza el papel de dueño del Bar Faisán, una pequeña taberna de Irún (Guipuzcoa).
Una instrucción del juez Grande Marlaska, solicitada en 2005 por el juez Baltasar Garzón a raiz de un caso de extorsión, apuntaba a que este establecimiento era uno de los puntos de recaudación del llamado »impuesto revolucionario» que ETA cobra a los empresarios vascos. Durante la investigación se determinó que al lugar acudían con frecuencia, a entregar dinero, conocidos etarras como José Luis Cau Aldanur, El Bodeguero, José Ramón Sagarzazu, Txenpe, y Cristina Larrañaga.
La Audiencia ordenó que se continuará con los seguimientos propios con el fin de descubrir a más miembros de la red. Finalmente, el 20 de junio de 2006, la Policía Nacional y la Gendarmería francesa lanzan la operación, en la que son detenidas doce personas. Sin embargo, las expectativas de detenciones de los jueces eran mucho mayores, algo había salido mal.
Semanas después, y tras las declaraciones tomadas a los testigos y los documentos incautados, se descubrió que el 4 de mayo de 2006 un policía había avisado a nuestro protagonista principal, Joseba Elosúa, de que esa operación se iba a llevar a cabo. El »soplo» fue, presuntamente, en una conversación telefónica y, según apuntó tres años más tarde un auto del juez Pablo Ruz, el responsable podía haber sido el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, a quien imputó en aquel momento y a quien la Fiscalía exculpó el pasado 10 de octubre.
En octubre de 2009, tras tres años de investigación, la Audiencia solicitó al juez Garzón que archivase el caso por falta de pruebas. El PP anunció entonces que se personaría como acusación popular para evitar que se parase el proceso. El caso quedó en »stand by» hasta febrero de 2011 cuando lo retomó el juez Pablo Ruz dado que un vídeo de la Guardia Civil en el que presuntamente se reflejaba el momento del presunto »soplo» apareció pero con cortes en los momentos clave de la conversación. La Benemérita dijo entonces que esos cortes eran «accidentales o por problemas técnicos». A raiz de esta investigación, uno de los policías interrogados (en marzo de 2011) admitió haber estado en el bar Faisán en el momento del chivatazo.
Con todos estos indicios, el juez Ruz procesó al ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, al jefe superior de policía en el País Vasco, Enrique Pamiés, y al inspector José María Ballesteros por un presunto delito de revelación de secretos y otro de «alternativa como de colaboración con banda armada o de encubrimiento».
Ayer, la Fiscalía dijo que no apreciaba delito en la actuación de García Hidalgo pero si que veía una «consistencia incriminatoria» en los indicios existentes contra los otros dos imputados: ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y al comisario José María Ballesteros. La última noticia de este caso es que hoy hemos conocido la desaparición del disco duro de la Audiencia Nacional.
Ahora, el juez Ruz será el que tenga la última palabra sobre la responsabilidad, o no, de cada uno de los implicados.