Jueves 12/04/2018.

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Rajoy aplica el artículo 155: asume las funciones de todo el Gobierno catalán

  • "No era ni nuestro deseo aplicar el 155, pero ningún país democrático puede aceptar que se viole la ley"
  • Rajoy ha subrayado que no suspende la autonomía, sino que se cesa a los que se han puesto fuera de la Constitución

El artículo 155 de la Constitución se había convertido en el protagonista de la crisis en Cataluña durante la última semana debido al creciente desafío independentista. Este sábado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado las medidas de su aplicación; entre las que se incluye la destitución del Govern al completo, la disolución del Parlamento autonómico y la convocatoria de elecciones en un plazo máximo de seis meses.

La norma constitucional nunca se había aplicado en la historia reciente de España. Desde que el pasado jueves Rajoy informó que ponía en marcha todo su mecanismo al no obtener respuesta de la Generalitat, existía una gran expectación sobre cuáles serían las decisiones que adoptaría para poner fin a las pretensiones secesionistas de proclamar una declaración unilateral de independencia (DUI).

El presidente del Ejecutivo ha comparecido públicamente para explicar las medidas más importantes que se han aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario -también pactadas con PSOE y Ciudadanos- y que ha enviado al Senado, donde se tramitarán en la Comisión de Comunidades Autónomas para ser votadas en el pleno previsto para el viernes 27 de octubre.

"Se trata de abrir una nueva etapa en la que la ley se respete, los derechos de la gente se preserven y la convivencia y el bienestar de las personas", ha subrayado Rajoy. Su objetivo es asumir él mismo la facultad de disolver el Parlamento catalán y la capacidad para convocar las elecciones autonómicas en un plazo máximo de 6 meses o "tan pronto como se recupere la normalidad institucional".

Cese de Puigdemont y Junqueras

Tanto PSOE como Ciudadanos reconocieron este viernes que la celebración de unos comicios electorales era uno de los acuerdos concertados entre las formaciones políticas durante la semana. Sin embargo, existía la duda sobre si Rajoy sería capaz de abordar el cese -al completo o parcial- del Govern catalán.

Con el fin de "proteger el interés general de la nación" Mariano Rajoy ha pedido al Senado que destituya al presidente de la Generalitat, el vicepresidente y todos los consejeros que integran el Consejo de Gobierno.

Sus funciones serán asumidas, en principio, por los ministros del Gobierno de la nación. No obstante, ha querido dejar claro que el organismo autonómico continuará ejercerciendo las mismas funciones que se le atribuyen. Tal y como se refleja en el artículo 71 del Estatuto catalán.

Forcadell también se verá afectada

La presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell también se verá afectada, si el Senado finalmente aprueba las medidas solicitadas este sábado por el Gobierno. Rajoy ha pedido que no pueda proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat ni pueda celebrar un debate o una votación de investidura en la Cámara regional.

Forcadell tampoco podrá ejercer el control de los órganos que gobiernen provisionalmente Cataluña ni podrá adoptar iniciativas contrarias a la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Para las resoluciones que sí pueda abarcar el Gobierno se reservará un plazo de 30 días para ejercer su derecho de veto.

En este sentido, el presidente del Gobierno ha acentuado que la intervención "no suspende la autonomía, ni el autogobierno", sino que se cesa a los que "han puesto ese autogobierno fuera de la ley".

"No era ni nuestro deseo ni nuestra intención aplicar el 155, pero ningún país democrático puede aceptar que se viole la ley", ha añadido Rajoy.

Por último, se ha dirigido a los catalanes para recordarles que una Cataluña fuera de España abandonaría de facto la Unión Europea y la OCDE, lo que le ocasionaría volver a los controles y los aranceles en las fronteras. También perder las ayudas del Banco Central Europeo, motivo principal, según el presidente del Gobierno, por el que las entidades financieras han cambiado sus sedes fiscales a otros lugares de la geografía española.


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